Santiago Agrelo, la valentía de una Iglesia que defiende a los pobres frente a quienes debilitan sus derechos

Frente a un sistema que tantas veces protege los privilegios de los poderosos y levanta barreras contra los más vulnerables, Santiago Agrelo y 32 curas alzan la voz con la valentía de quien entiende que el Evangelio debe estar del lado de la justicia y de los pobres. Porque una Iglesia que calla ante la opresión se aleja de quienes más la necesitan.

Agrelo
Agrelo

Hay voces que merecen ser escuchadas no por el cargo que ocupan, sino por la dignidad con la que lo ejercen. Santiago Agrelo, arzobispo emérito de Tánger, representa esa Iglesia que no se arrodilla ante el poder y que entiende que el Evangelio debe estar siempre del lado de los pobres, de los perseguidos y de quienes sufren injusticias. Su compromiso nos recuerda que la fe no puede permanecer encerrada en los templos mientras millones de personas necesitan protección y justicia.

Que Agrelo y otros 32 sacerdotes denuncien las ideologías que discriminan a las mujeres, a las personas LGTBI+ o a los inmigrantes no debería escandalizar a nadie. Lo verdaderamente preocupante sería que la Iglesia guardase silencio ante esas injusticias.

La doctrina social de la Iglesia es firme en sus principios: dignidad humana, bien común, solidaridad y opción preferencial por los pobres. El papa Francisco escribió en Evangelii gaudium: «La inequidad es raíz de los males sociales». Y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia recoge una reflexión que debería hacer pensar a cualquier gobernante: cuando damos a los pobres lo indispensable para vivir, no estamos haciendo algo generoso, sino devolviéndoles lo que les pertenece por justicia.

El bien común.
El bien común.
El papa Francisco escribió en Evangelii gaudium: «La inequidad es raíz de los males sociales». Y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia recoge una reflexión que debería hacer pensar a cualquier gobernante: cuando damos a los pobres lo indispensable para vivir, no estamos haciendo algo generoso, sino devolviéndoles lo que les pertenece por justicia.

En España hemos conseguido avances sociales que han cambiado muchas vidas. El Ingreso Mínimo Vital, creado en 2020, constituye una protección fundamental para personas y familias sin recursos suficientes. También debemos defender las mejoras de las pensiones y las medidas que permiten a las personas vulnerables acceder a sus medicamentos sin que la falta de dinero les obligue a renunciar a un tratamiento.

¡Son conquistas que no podemos dar por garantizadas!

Y quiero detenerme especialmente en Galicia, porque nuestra experiencia merece una reflexión crítica. La RISGA, la Renta de Inclusión Social de Galicia, se ha visto condicionada por unos requisitos que colocan a personas en situaciones verdaderamente injustas. La normativa contempla que, para acceder a esta prestación,

no existan familiares legalmente obligados y con capacidad real para prestar alimentos.

Pero aquí surge una contradicción difícil de aceptar: ¿cómo se puede condicionar el derecho de una persona a recibir una ayuda pública a que determinados familiares, que viven en otro domicilio, con otra economía y con sus propias obligaciones, supuestamente deban hacerse cargo de ella?

Una unidad de convivencia es precisamente eso: personas que viven juntas y comparten una realidad económica y familiar. No se puede confundir esa unidad con familiares que residen en otra dirección, que tienen sus propios gastos y que no necesariamente mantienen una relación de apoyo con quien solicita la prestación.

Privatizaciones de Feijóo
Privatizaciones de Feijóo
La sanidad pública no es una limosna, la educación no es un privilegio, las pensiones no son una carga vergonzosa y las prestaciones sociales no son regalos. Son derechos y herramientas de justicia.

Y hay algo todavía más grave. ¿Qué sucede cuando existen enfrentamientos familiares, relaciones rotas, abandono o conflictos personales? ¿Tiene una persona que acudir a familiares con los que no mantiene relación, exponerse a humillaciones, suplicar ayuda o incluso verse obligada a iniciar procedimientos judiciales para demostrar que no recibe alimentos?

La Administración no puede convertir los conflictos familiares en una barrera para acceder a la protección social. Tener padres, hijos o hermanos no significa disponer de una familia que te sostenga. El parentesco no garantiza afecto, convivencia ni solidaridad económica.

Esta es una de las cuestiones que merece una crítica profunda de la política social desarrollada en Galicia durante los gobiernos de Feijóo. Una prestación destinada a combatir la exclusión no debería levantar obstáculos que terminan castigando precisamente a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

La etapa de Feijóo al frente de la Xunta dejó una sanidad pública sometida a fuertes tensiones, con cierres y reducciones de camas hospitalarias, dificultades para conseguir citas y demoras en la atención especializada, además de una educación pública cuestionada por los recortes y la falta de recursos. No basta con presentar cifras presupuestarias para ocultar lo que viven diariamente los ciudadanos: pacientes que esperan meses por una consulta, personas mayores que encuentran dificultades para recibir atención y familias que ven cómo los servicios públicos pierden capacidad de respuesta. Gobernar no consiste en presumir de presupuestos, sino en garantizar que la sanidad y la educación funcionen y estén al servicio de todos, no solamente de quienes pueden permitirse alternativas privadas.

Sacrificios de PP y Vox
Sacrificios de PP y Vox
Un país no se mide solamente por la riqueza que genera, sino por la dignidad con la que permite vivir a sus ciudadanos más vulnerables. Y ningún gobierno debería olvidar jamás esa obligación.

Por eso ha de preocuparnos que el modelo de prioridades que conocimos en Galicia pueda trasladarse al conjunto de España si Feijóo llega a la Presidencia del Gobierno. Cuando se anuncia que habrá que exigir sacrificios a los españoles, surge una pregunta que no podemos dejar de hacer: ¿quién tendrá que sacrificarse? ¿Quienes tienen grandes patrimonios o quienes viven con una pensión mínima? ¿Quienes pueden acudir a la sanidad privada o quienes dependen de la pública? ¿Quienes tienen recursos suficientes o quienes necesitan el Ingreso Mínimo Vital para llegar a fin de mes?

Concepción Arenal, gallega universal, dedicó su vida a denunciar la pobreza y el abandono de los más débiles. También merece recordarse a José Mujica, que defendió una política centrada en las personas y no en la acumulación de riqueza. Ambos nos ayudan a comprender que el verdadero desarrollo de una sociedad debe medirse también por cómo trata a quienes menos tienen.

La sanidad pública no es una limosna, la educación no es un privilegio, las pensiones no son una carga vergonzosa y las prestaciones sociales no son regalos. Son derechos y herramientas de justicia.

Por eso la voz de Santiago Agrelo merece reconocimiento. Porque defender a los pobres, denunciar la discriminación y exigir que los servicios públicos estén al alcance de todos no es una cuestión de obediencia partidista. Es una cuestión de dignidad humana.

Un país no se mide solamente por la riqueza que genera, sino por la dignidad con la que permite vivir a sus ciudadanos más vulnerables. Y ningún gobierno debería olvidar jamás esa obligación.

Feijóo y su mala gestión
Feijóo y su mala gestión

 

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