La sombra de Fraga y el voto exterior: nadie está limpio
La ley de nietos ha reabierto un debate que muchos daban por cerrado: el del voto exterior y su uso político.
Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿quién puede dar lecciones de limpieza democrática?
En política, la memoria suele ser selectiva. No porque falten datos, testimonios o hemeroteca, sino porque recordar según conviene se ha convertido en una herramienta más del discurso público. En los últimos tiempos, el debate sobre el voto de la emigración ha vuelto con fuerza, acompañado de advertencias, sospechas y palabras gruesas como “pucherazo”. Pero más allá del ruido político, hay una cuestión más profunda que merece ser abordada: la moral con la que se habla de todo esto.
Porque cuando se señala al adversario como sospechoso de manipular las reglas del juego democrático, conviene preguntarse primero desde qué lugar se hace esa acusación. Y ahí es donde la memoria deja de ser cómoda. Distintas informaciones, testimonios y denuncias a lo largo de los años han apuntado a irregularidades en el voto exterior en Galicia: casos de personas fallecidas que seguían figurando en el censo, relatos sobre compra de votos o acusaciones cruzadas entre partidos sobre prácticas poco transparentes. Nada de esto constituye, por sí solo, una prueba judicial de fraude generalizado. Pero tampoco es algo que pueda borrarse del relato colectivo como si nunca hubiese existido.
En ese contexto, tampoco puede ignorarse que la mayoría absoluta de Manuel Fraga en 1989 se decidió por un escaño en el que el voto de la emigración resultó determinante, un episodio que marcó el inicio de una larga controversia política sobre el peso y las garantías del CERA. Aquel momento no demuestra por sí mismo ninguna irregularidad, pero sí ilustra hasta qué punto este ámbito ha sido históricamente sensible y decisivo.
En ese contexto, resulta llamativo escuchar hoy discursos que presentan el voto de la emigración como una amenaza nueva, casi inédita, para la limpieza electoral. Más aún cuando algunas de esas voces proceden de espacios políticos que, en su momento, se beneficiaron de ese mismo sistema o, como mínimo, no lo cuestionaron con la misma intensidad. La política tiene estas paradojas: lo que ayer era válido hoy se convierte en sospechoso, y lo que antes se defendía ahora se denuncia.
Pero el problema no es solo la contradicción. El problema es el tono moral. La idea, cada vez más extendida, de que unos representan la honestidad y otros la trampa; de que hay “buenos” y “malos” en un terreno —el político— donde la realidad rara vez encaja en categorías tan simples. Ese planteamiento no solo empobrece el debate, sino que también puede resultar engañoso.
La política tiene estas paradojas: lo que ayer era válido hoy se convierte en sospechoso, y lo que antes se defendía ahora se denuncia.
Porque si algo muestran décadas de polémicas sobre el voto exterior es que las debilidades del sistema han sido conocidas por todos los grandes actores políticos. Durante años se han señalado fallos en la actualización del censo, dificultades de control o situaciones anómalas. También ha habido denuncias públicas, recogidas en medios y debates parlamentarios, sobre prácticas cuestionables. Y, sin embargo, el sistema ha seguido funcionando sin reformas estructurales de fondo durante largos periodos.
Esto obliga a una reflexión incómoda: si el problema era tan evidente, ¿por qué no se corrigió antes? ¿Por qué solo se convierte en prioridad cuando cambia el contexto político? La respuesta, probablemente, no es jurídica ni técnica, sino profundamente política… y también moral.
Esto obliga a una reflexión incómoda: si el problema era tan evidente, ¿por qué no se corrigió antes? ¿Por qué solo se convierte en prioridad cuando cambia el contexto político? La respuesta, probablemente, no es jurídica ni técnica, sino profundamente política… y también moral.
Porque en el fondo, lo que está en juego no es solo la limpieza del proceso electoral —que es esencial—, sino la credibilidad de quienes lo defienden. Y esa credibilidad no se construye únicamente con discursos, sino también con trayectoria. No se puede exigir pureza absoluta en el presente sin asumir las sombras del pasado. No se puede denunciar hoy lo que ayer se toleraba —o incluso se aprovechaba— sin al menos reconocer esa contradicción.
Esto no significa que todas las conductas sean iguales ni que “todo valga”. No es una invitación al cinismo ni a la indiferencia. Al contrario: es un llamamiento a la honestidad intelectual. A reconocer que los sistemas pueden fallar, que los partidos pueden equivocarse y que la política, como cualquier actividad humana, está lejos de la perfección.
En ese sentido, el uso del voto de la emigración como arma arrojadiza dice más del momento político actual que del propio sistema. Convertir un problema complejo en un relato simplificado de buenos contra malos puede resultar eficaz a corto plazo, pero erosiona la confianza a largo plazo. Porque cuando todos acusan y nadie reconoce, lo que se debilita no es solo el adversario, sino el propio marco democrático.
En definitiva, el debate sobre el CERA no es solo una cuestión técnica ni jurídica. Es también —y, sobre todo— una cuestión de honestidad moral. Y en ese terreno, las lecciones unilaterales suelen ser el primer síntoma de que alguien está olvidando demasiado rápido su propia historia.
Por eso, quizá la cuestión no sea quién tiene razón en cada acusación concreta, sino quién está dispuesto a asumir que aquí nadie puede arrogarse una superioridad moral absoluta. La política democrática exige algo más que ganar debates: exige coherencia, memoria y responsabilidad.
Recordar las controversias del pasado no debería servir para justificar errores, sino para evitar repetirlos. Y, sobre todo, para no caer en la tentación de presentarse como lo que difícilmente se puede ser en política: completamente limpio frente a un adversario completamente sucio.
Porque si algo enseña la historia reciente es que cuando se trata de poder, todos los actores han operado dentro de las mismas reglas imperfectas. Y precisamente por eso, la exigencia debería ser compartida, no selectiva.
En definitiva, el debate sobre el CERA no es solo una cuestión técnica ni jurídica. Es también —y, sobre todo— una cuestión de honestidad moral. Y en ese terreno, las lecciones unilaterales suelen ser el primer síntoma de que alguien está olvidando demasiado rápido su propia historia.