Xosé Manuel Beiras, la honradez como forma de hacer política

Hay políticos que pasan por las instituciones y hay otros que terminan formando parte de la memoria moral de un país. Xosé Manuel Beiras pertenece, sin duda, a estos últimos. No solo por su influencia en el pensamiento económico, su defensa del autogobierno o su trayectoria intelectual —como economista, profesor, escritor, pianista y traductor—, sino por una manera muy personal de entender la vida pública: con pasión, con independencia y con la convicción inquebrantable de que quien entra en la política debe estar dispuesto a responder ante la sociedad.

Formado en Derecho en Santiago y en Economía y Literatura en la Sorbona en los años cincuenta, y pronto profesor asistente de Jesús Prados Arrarte en la Complutense, ya presentaba el perfil de un intelectual comprometido con su país a principios de los sesenta. Pronto volvería a él como profesor de una recién creada Facultad de Ciencias Económicas, culminando esa etapa con la publicación, en 1972, de El atraso económico de Galicia, una obra que durante décadas situó en el centro del debate las causas de la emigración, la dependencia y las dificultades de su tierra. Su pensamiento podía ser discutido, pero resultaba imposible ignorarlo. Había en él una voluntad permanente de entender la realidad y, sobre todo, de transformar aquello que consideraba injusto.

Había en él una voluntad permanente de entender la realidad y, sobre todo, de transformar aquello que consideraba injusto.

Quizá por eso su forma de hacer política resultaba incomoda en la política de despacho. No parecía haber entrado en ellos para hacer carrera, sino movido por un profundo amor por su tierra, su cultura y la defensa de la dignidad colectiva. Y eso, en cualquier época, tiene un precio. Aristóteles escribió que la política debía estar orientada al bien común, y Max Weber habló de la responsabilidad como una de las grandes condiciones de la actividad política. Porque gobernar no consiste solamente en ganar unas elecciones y ocupar un cargo; consiste también en aceptar que el poder tiene que someterse a la mirada lúcida y exigente de los ciudadanos

Esa manera de entender la ejemplaridad pública explica algunos de los momentos más tensos de la historia parlamentaria reciente, como aquel debate de abril de 2013 en el que el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tuvo que dar explicaciones sobre las fotografías publicadas en los años noventa en las que aparecía compartiendo viajes y vacaciones con Marcial Dorado, años después condenado por narcotráfico. Feijóo reconoció aquellas relaciones, sostuvo que desconocía las actividades delictivas de Dorado y calificó de error haber mantenido aquella amistad.

Es de justicia señalarlo con rigor: aquellas imágenes no implicaban una participación directa en los delitos por los que su acompañante fue condenado. Pero tampoco convertían el asunto en un detalle irrelevante. En una sociedad democrática, un gobernante tiene la obligación ética de responder ante los ciudadanos sobre los criterios con los que ha tejido sus relaciones personales y públicas.

Es de justicia señalarlo con rigor: aquellas imágenes no implicaban una participación directa en los delitos por los que su acompañante fue condenado. Pero tampoco convertían el asunto en un detalle irrelevante. En una sociedad democrática, un gobernante tiene la obligación ética de responder ante los ciudadanos sobre los criterios con los que ha tejido sus relaciones personales y públicas.

Aquella no era una discusión abstracta sobre la moralidad privada. Se estaba hablando de una tierra que conocía demasiado bien las consecuencias devastadoras de la droga: de familias destrozadas, de jóvenes que murieron y de madres que durante años salieron a la calle para enfrentarse a quienes destruían sus barrios. El narcotráfico no era para aquella generación una noticia de periódico, sino una herida abierta.

Por eso se emocionó hasta las lágrimas en aquel debate. Y por eso su reacción desbordó los límites de la corrección institucional. Cuando se cuestionó su actitud, el veterano político cruzó el hemiciclo, se plantó ante el escaño presidencial, golpeó la madera con el puño y le soltó una advertencia directa: defendió con firmeza que no era digno de ejercer como presidente de los gallegos. A aquello se sumó la frase que ya forma parte de la memoria colectiva —«¡Tenga usted un poco de decencia!»— tras haberlo definido previamente, con dureza, como «la indecencia hecha persona».

Lejos de ser un simple arrebato, aquel momento reflejaba una profunda exigencia de responsabilidad pública: determinadas cuestiones no pueden despacharse únicamente con una coartada legal o un cálculo partidista.

Se estaba hablando de una tierra que conocía demasiado bien las consecuencias devastadoras de la droga: de familias destrozadas, de jóvenes que murieron y de madres que durante años salieron a la calle para enfrentarse a quienes destruían sus barrios. El narcotráfico no era para aquella generación una noticia de periódico, sino una herida abierta.

La honradez política no consiste solamente en no cometer un delito; es algo mucho más exigente. Tiene que ver con la coherencia, con la manera de utilizar el poder, con la capacidad leal de reconocer un error y con la disposición constante a dar explicaciones cuando la sociedad las reclama. Y quizá eso sea lo que más se echa de menos en el panorama actual. No faltan políticos inteligentes ni capaces; lo que escasea es esa mezcla de convicción e independencia que permite defender la verdad, aunque hacerlo cueste apoyos o popularidad.

Podíamos estar de acuerdo con él o no; sus posiciones podían considerarse acertadas o equivocadas. Pero resultaba evidente que no había llegado a la política para instalarse en el privilegio. Su legado está en sus libros, en sus discursos y en una trayectoria subordinada a las ideas y no a la conveniencia de conservar el poder.

En tiempos de mensajes perfectamente calculados por asesores de imagen y dirigentes pendientes de las encuestas, figuras como él nos recuerdan que existe otra manera de estar en la vida pública: la de quien entra en ella con principios y está dispuesto a pagar un precio por defenderlos. El poder termina, las mayorías cambian y los cargos pasan. Pero las ideas y los valores permanecen.

Y cuando un político puede dejar atrás más memoria de su integridad y de sus principios que de sus privilegios, algo fundamental ha debido hacer bien.