Ha causado una profunda conmoción en toda Centroamérica, y especialmente en El Salvador, el fallecimiento del jesuita español, nacionalizado salvadoreño,José María Tojeira, a los 78 años. Su muerte tuvo lugar de manera repentina el 5 de septiembre momentos antes de pronunciar una conferencia en la Universidad Rafael Landívar, de Guatemala. Recibí la información unas horas después de su fallecimiento con profunda tristeza e ¡incredulidad! por la pérdida de un entrañable amigo con quien me he encontrado en mis frecuentes viajes a El Salvador y he compartido análisis y reflexiones sobre la penosa situación de los derechos humanos en El Salvador, y muy especialmente durante los gobiernos de Nayib Bukele, y la denuncia de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).

En el último viaje que hice a finales del pasado mes de agosto, unos días antes de su fallecimiento, no fue posible vernospor su apretada agenda, pero me transmitió un sencillo y muy expresivo mensaje por whatsapp: “Gracias por tu solidaridad”.

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Nacido en Vigo en 1947 y formado en teología y en filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas, Tojeira vivió desde los 22 años en Centroamérica de manera ininterrumpida hasta su fallecimiento. Su primer destino fueHonduras, donde contribuyó a la organización y movilización del campesinado contra la explotación de la que eran objeto por parte de los dueños de la tierra. En 1985 llegó a El Salvador donde fungió como Provincial de los jesuitas de Centroamérica y fue testigo directo -escuchó los tiros- del asesinato de seis compañeros jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres colaboradoras salvadoreñas el 16 de noviembre de 1989 por el Ejército salvadoreño en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). Los jesuitas asesinados fueron: Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y López e Ignacio Martín Baró, y las mujeres colaboradoras Elba Ramos y su hija Celia Ramos.

Desde entonces se convirtió en el continuador de la conciencia crítica de los jesuitas mártires y en la voz y la razón de las mayorías populares centroamericanas empobrecidas, cuyas voces y razones no eran escuchadas por los diferentes gobiernos. Puso en práctica así la afirmación del libro de los Proverbios, de la Biblia hebrea: “Habla por el que no puede hablar. Y defiende la causa de los desvalidos; habla para juzgar con justicia y defiende la causa del humilde y del pobre” (Proverbios 318-9).

Nombrado rector de la Universidad Centroamericana “Jose Simeón Cañas” (UCA), que ejerció de 1997 a 210, reforzó la dimensión social liberadora que Ignacio Ellacuría había imprimido a la Universidad durante su rectorado. Uno de sus principales empeños fue la investigación del asesinato de los jesuitas y de las mujeres colaboradoras y de los militares ejecutores para que se hiciera justicia, los crímenes no quedaran impunes y no volvieran a repetirse.

Lideró el proceso legal contra los militares responsablessin desalentarse ante las sucesivas demoras y trampas de los juicios. Las frecuentes amenazas de muerte recibidas no le amedrentaron, sino que le cargaron de razón para comprometerse cada vez con más convicción en la investigación de la verdad y para que recayera la justa y merecida condena sobre los asesinos.

El padre “Chema”, como era llamado cariñosamente, fue un excelente analista de la realidad salvadoreña a través de los diferentes cauces a su alcance: el púlpito, las revistas y la radio de la UCA, los medios de comunicación, etc. Fue columnista del diario Co Latino y desde sus columnas defendió la justicia social y se mostró crítico con las injusticias estructurales y con la despreocupación y la desidia de los poderes públicos ante las necesidades de la población.

Dirigió el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y desde él los defendió, pero no en abstracto, sino centrando su atención en las personas y los colectivos que eran privados de ellos y denunciando de manera implacable su sistemática violación por parte de los diferentes poderes coaligados: la oligarquía, el Ejército, el Gobierno y la judicatura del pequeño país centroamericano, como hicieron sus compañeros jesuitas Rutilio Grande e Ignacio Ellacuría y el arzobispo de San Salvador, monseñor Oscar A. Romero, mártires por causa de la justicia.

Y lo hizo especialmente durante el estado de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele, en marzo de 2022, todavía vigente. Durante este período denunció las desapariciones de ciudadanos y ciudadanas, las detenciones injustificadas de personas inocentes sin respetar la presunción de inocencia, el encarcelamiento arbitrario de activistas de derechos humanos, a quienes el presidente acusaba falsamente de ponerse del lado de las maras, la eliminación de la división de poderes y, en definitiva, el socavamiento de la democracia. Fue nombrado portavoz de la Compañía de Jesús en Centroamérica para el robo de la UCA de Nicaragua por parte del régimen Daniel Ortega-Rosario Murillo.

Apoyó la lucha contra la privatización del agua y contra la minería metálica en El Salvador. Precisamente su último artículo publicado en la UCA fue “La deuda del agua”. Se mostró muy crítico con la deforestación desenfrenada de las últimas décadas, la falta de pensiones y salarios dignos y de una salud de calidad. Defendióla igualdad de género, ya que creía que sin ella tampoco puede haber justicia social.    

Con tales actitudes intentó aportar luz en medio de la oscuridad del actual momento salvadoreño y puso en práctica el mensaje del profeta Isaías: “El pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz” (Isaías 9,2) y la afirmación de Jesús de Nazaret a sus seguidores y seguidoras: “Sois la luz del mundo” (Evangelio de Mateo 5,14).