"El Gobierno está aprovechando el Estado de Alarma para acabar con la libertad religiosa” Abogados Cristianos denuncia al Gobierno y a la Policía por la interrupción de cultos durante el Estado de Alarma

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos

La plataforma, vinculada al lobby surgido en torno a HazteOir y VOX, ha anunciado hoy que denunciará a los Delegados de Gobierno en Andalucía, Castilla y León y Murcia por las interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar en Cádiz, Sevilla, Valladolid y Murcia durante el Estado de Alarma

El grupo ultra acusa a los responsables del Gobierno y de la Policía de un posible delito de "interrupción del culto" recogido en el artículo 523 del Código Penal, al considerar que los policías que llevaron a cabo dichas operaciones actuaron cumpliendo sus instrucciones

No podían faltar. Y menos, en este Jueves Santo, cuando se conmemora el momento en que Jesús instauró la Eucaristía. La plataforma Abogados Cristianos, vinculada al lobby surgido en torno a HazteOir y VOX, ha anunciado hoy que denunciará a los Delegados de Gobierno en Andalucía, Castilla y León y Murcia por las interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar en Cádiz, Sevilla, Valladolid y Murcia durante el Estado de Alarma.

No es la primera vez que Abogados Cristianos entra en polémicas en torno al coronavirus. Ya el pasado 1 de abril anunciaba una querella contra todos los miembros del Gobierno -Fernando Simón incluido- por los delitos de omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus y solicita que acepte la medida cautelar de obligar al Ejecutivo a repartir de “inmediato” material sanitario a los centros sanitarios y residencias de ancianos y de personas con discapacidad.

En la primera querella, la presidenta de la asociación Polonia Castellanos, afirma que el Gobierno “tenía perfecto conocimiento de la letalidad” del Covid-19, pues fue en noviembre de 2019 cuando se “conocieron los primeros casos de infectados” en China.

"Se trata de una persecución religiosa"

En esta segunda, el grupo ultra acusa a los responsables del Gobierno y de la Policía de un posible delito de "interrupción del culto" recogido en el artículo 523 del Código Penal, al considerar que los policías que llevaron a cabo dichas operaciones actuaron cumpliendo sus instrucciones. Y va mucho más allá, sosteniendo que “se trata de una persecución religiosa. La reiteración evidencia que no es algo casual. El gobierno está aprovechando el Estado de Alarma para acabar con la libertad religiosa”.

La primera de las actuaciones -relata Abogados Cristianos- tuvo lugar el pasado 22 de marzo en la Catedral de Valladolid. Las siguientes, han sido este pasado fin de semana en la parroquia de San Servando y San Germán, en el barrio gaditano de La Laguna; en una iglesia evangélica en Murcia, y en la azotea de un edificio del barrio sevillano de Triana.

Ninguna de las actuaciones objeto de la querella han sido denunciadas por las diócesis de Valladolid, Cádiz o Sevilla (la única en la que las fuerzas de seguridad podrían haberse extralimitado, pues al parecer la terraza era parte del convento, y los participantes miembros de la congregación). En el caso de Murcia -como en otras similares, en Madrid, Sevilla o Málaga-, ha sido la propia FEREDE la que ha instado a sus pastores a no celebrar cultos con público.

La Policía interrumpe una misa en una azotea de Triana

Obispos y sacerdotes, responsables

En la Iglesia española, ningún obispo -salvo el de Alcalá, Juan Antonio Reig- permite o estimula las misas con fieles, aunque sí hablan de misas a puerta cerrada y con el mínimo personal imprescindible, como ayer se encargó de matizar el para nada sospechoso obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, en una carta a sus sacerdotes. De hecho, el presidente de la CEE, Juan José Omella, en una entrevista con RD, pedía a todos "ser responsables" y quedarse en casa, y aseguraba que "ésta no es una persecución contra la Iglesia".

Con todo, la raiz de la demanda de Abogados Cristianos está en el artículo 11 del Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma:

“La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”.

Un articulado que no quiso polemizar con la Iglesia católica ni el resto de confesiones, apelando a una responsabilidad que la práctica totalidad de los obispos y la inmensa mayoría de los sacerdotes están llevando a cabo. También, en el caso de pastores evangélicos o imanes.

Sin embargo, inasequible al desaliento, Polonia Castellanos asegura que “estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar estos días son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista”. “Se trata de una persecución religiosa”. “La reiteración evidencia que no es algo casual. El gobierno está aprovechando el Estado de Alarma para acabar con la libertad religiosa”. ¿Quién aprovecha y para qué?

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