El Juzgado lo Contencioso Administrativo número 4 de Córdoba dio por ejecutado el caso "sin haber subsanado el daño patrimonial" La Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba llevará al Constitucional la "eliminación ilegal" de la celosía

La Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba ha anunciado este lunes que llevará al Tribunal Constitucional (TC) la supresión de la celosía que cubría uno de los arcos del muro Norte del monumento cordobés, "que fue eliminada de forma ilegal por el Cabildo Catedral", para abrir la denominada 'segunda puerta' y facilitar el acceso de procesiones al templo, lo cual hizo "en virtud de una controvertida autorización otorgada por la Junta de Andalucía, vulnerando su propia Ley de Patrimonio Histórico", y "así lo corroboraron hasta tres sentencias judiciales, ratificadas en firme por el Tribunal Supremo (TS) en 2021".

Según ha informado la plataforma en una nota, "pese al contundente varapalo judicial, que sancionaba el grave atentado patrimonial" contra la Mezquita-Catedral de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la celosía retirada "continúa descuartizada en un almacén episcopal cuatro años después del fallo", mientras "en el arco número 17 del muro Norte permanece colocada una simple loneta de forma provisional".

En febrero de 2024, la Plataforma Mezquita Catedral, según ha recordado, pidió la ejecución completa de la sentencia al Juzgado lo Contencioso Administrativo número 4 de Córdoba, "al objeto de reparar el daño causado y restituir la gran celosía ilegalmente eliminada por la Iglesia Católica". El magistrado abrió una pieza de ejecución y consultó a las partes, "pero de manera sorprendente poco después expulsó al colectivo ciudadano del proceso y dio por ejecutado el caso sin haber subsanado el daño patrimonial".

La Plataforma Mezquita Catedral, en consecuencia, recurrirá al Tribunal Constitucionalpor lo que entiende como "un incumplimiento de la sentencia firme sobre la celosía"y reclamará su "derecho a la tutela judicial efectiva", presuntamente vulnerada tras la providencia del Tribunal Supremo que el pasado 5 de noviembre inadmitió a trámite un recurso en defensa de su legitimación en el proceso como asociación civil patrimonialista.

El colectivo ciudadano ha argumentado que ha "acreditado judicialmente un largo recorrido de más de diez años en la defensa de la integridad del Conjunto Monumental Mezquita Catedral, a través de innumerables escritos e iniciativas, tanto en el ámbito administrativo, como legislativo y procesal", y es "la única de las partes personadas en el procedimiento que ha demostrado un interés genuino en la protección del patrimonio, frente a los intereses particulares concurrentes en el litigio".

La Plataforma Mezquita Catedral también ha expresado su "estupor por la elevada imposición de costas" contra el colectivo ciudadano, "cifrada en 2.000 euros", que deberá "abonar a los infractores de la legalidad patrimonial", lamentando la plataforma que "el gravamen por defender la ley conculcada supera con creces los 30 euros que pagó la Iglesia Católica por inmatricular a su nombre un legado inmemorial propiedad de todos los cordobeses".

La normativa española, según ha señalado el colectivo ciudadano, "anima a la sociedad civil a participar activamente en la defensa del patrimonio histórico y ampara su intervención en procedimientos judiciales donde esté en juego la protección del legado cultural. Así lo prevé la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico español, y en concreto el artículo 8.2, en cuyo enunciado declara que 'será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales contencioso-administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta ley para la defensa de los bienes integrantes del patrimonio histórico español'".

También la Unesco, según ha concluido la plataforma, "destaca como un principio básico la contribución de la ciudadanía en la defensa de los bienes catalogados en el listado del Patrimonio Mundial, y así lo estableció en su Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, pues 'incumbe a la colectividad internacional entera participar en la protección del patrimonio cultural', según asegura literalmente ese documento suscrito por el Estado español".