Liderada por el Defensor del Pueblo y con líneas diferentes para CONFER y CEE Los obispos aprueban, con matices, negociar con el Gobierno una alternativa al plan PRIVA
Como adelantó RD, no se trataría de eliminar la polémica comisión (que las asociaciones de víctimas califican de "fracaso" y en la que se niegan a participar), sino de encontrar fórmulas para aquellos supervivientes descontentos con el sistema de indemnizaciones planteado por el plan PRIVA, cuyos baremos se desconocen
Los obispos han acordado arbitrar otras soluciones para aquellas víctimas descontentas con el importe de sus indemnizaciones, y también para aquellas que se nieguen a pasar por el filtro del PRIVA. En estos casos, la solución se arbitraría a través de la figura de Gabilondo, con procesos diferenciados en el caso de órdenes religiosas y de diócesis
Nueva vuelta de tuerca a la estrategia de la Iglesia española con las víctimas de abusos. Tras una farragosa discusión, que llevó toda la tarde de ayer y buena parte de la mañana de hoy, una mayoría episcopal (63 votos a favor de los 71 presentes) aprobó negociar, con matices, una alternativa al plan PRIVA con el Gobierno.
Como adelantó RD, no se trataría de eliminar la polémica comisión (que las asociaciones de víctimas califican de "fracaso" y en la que se niegan a participar), sino de encontrar fórmulas para aquellos supervivientes descontentos con el sistema de indemnizaciones planteado por el plan PRIVA, cuyos baremos se desconocen.
En las últimas semanas, sectores episcopales filtraron a medios afines una lectura de este cambio de estrategia, para hacer ver que la iniciativa corría a cargo de la Iglesia, y no del Gobierno, pero lo cierto es que la propuesta planteada, y aprobada, finalmente, dista mucho de eso. Habrá una suerte de 'tres velocidades'.
La primera, ya existente, consistente en el trabajo del Plan PRIVA y su evaluación, que después de un año de trabajo ha recibido 99 peticiones, y emitido 51 dictámenes. El importe total de la reparación económica propuesta asciende a 1.562.880. Unas cifras (las cantidades, cuyos criterios no se explican, van de los 3.000 a los cien mil euros) que, como apuntaba hoy El País, no están libres de impuestos, sino que tienen que ser declaradas por los supervivientes, lo que ha provocado la queja del Defensor del Pueblo.
Las dos novedades aprobadas implican, en la práctica, el reconocimiento del fracaso de este plan. Así, los obispos han acordado arbitrar otras soluciones para aquellas víctimas descontentas con el importe de sus indemnizaciones, y también para aquellas que se nieguen a pasar por el filtro del PRIVA.
Así las cosas, la negociación con el Gobierno planteará la tutela del Defensor del Pueblo en estos dos casos, volviendo a dividir a las víctimas entre las pertenecientes a congregaciones religiosas, y las que sufrieron los abusos a manos de sacerdotes o personal diocesano.
Así, se establecería la mediación de Gabilondo con la Confer (o el representante de la congregación pertinente), de un lado, o del Defensor con la diócesis correspondiente. Si las víctimas que pasaron por el PRIVA quieren revisar la indemnización pactada, el baremo tendrá que pasar por la revisión del órgano público, que propondrá a la institución religiosa la cantidad.
Otra cuestión será las víctimas que se nieguen a participar en el PRIVA. Sobre este punto, hubo algo más de debate, pues el 'núcleo duro' de la CEE reivindicó el trabajo realizado por este organismo, apuntando la dificultad de admitir un procedimiento aparte. Algo que no sucede en el caso de las congregaciones religiosas, desde el principio mucho más abiertos a permitir la participación del Defensor del Pueblo y, sobre todo, una mayor transparencia e inclusión de las víctimas en los procesos, el verdadero caballo de batalla de esta negociación. Lo que no parece en discusión es que habrá de ser la Iglesia, y no ningún organismo público, el que provea el dinero para las indemnizaciones.
