Iglesia, Gobierno y Defensor del Pueblo ultiman detalles del convenio que abrirá una nueva vía de reparación a las víctimas de abusos

La Iglesia y el Gobierno firmarán previsiblemente este jueves con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el convenio de colaboración por el que se formalizará el acuerdo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial, tras la firma el pasado mes de enero de un acuerdo para abordar su reparación integral, según ha avanzado El País y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del acuerdo.

Las mismas fuentes han puntualizado que se está "ultimando" el documento y que la "previsión" es firmarlo este jueves "si es posible". Este convenio suscribirá el acuerdo firmado el pasado 8 de enero de 2025 entre la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos y el Gobierno para establecer un sistema mixto Iglesia-Estado de reparación a las víctimas de abusos en el ámbito eclesial.

En concreto, el documento señalaba que para formalizar el acuerdo, la Iglesia Católica (CEE y CONFER), el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes debían firmar "un convenio de colaboración" al "mes siguiente" a la adopción del acuerdo (es decir, en febrero); y añadía que sería a partir de entonces cuando comenzaría a contar el plazo de un año (prorrogable a dos) para presentar las solicitudes de indemnización por parte de las víctimas.

"A los efectos de la presentación de las solicitudes de reparación, el plazo de vigencia de este acuerdo será de un año, prorrogable por un año más si las partes así lo acuerdan. En todo caso, dicho plazo se computará desde la firma del convenio previsto en el apartado siguiente que deberá producirse en el mes siguiente a la adopción del presente acuerdo", rezaba el acuerdo, suscrito por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego.

El pasado mes de febrero, fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes indicaron a Europa Press que estaban "trabajando" en dicho convenio. Según el acuerdo, a partir de la firma de este documento las víctimas podrán empezar a presentar sus solicitudes durante el plazo de un año, prorrogable a dos.

Además, señala que este convenio negociado deberá contar con la opinión de las víctimas y definirá "el estatuto básico" de estas, referido al procedimiento y organización para el reconocimiento de la condición de víctima y a las distintas formas de reparación integral, entre las que contempla: las de carácter restaurativo y simbólico; la reparación psicológica o psiquiátrica que podría extenderse a su familia, y la reparación moral.

Según se puede leer en el acuerdo, el desarrollo de este mecanismo de reparación "se inscribe en el marco del compromiso del Gobierno de promover el cumplimiento de los fines previstos en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), para abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social".

Sobre este punto, la Conferencia Episcopal Española entiende que el Gobierno "se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, como solicitaba la Iglesia".

El pasado 8 de enero, en la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo, que tuvo lugar en el Ministerio de Justicia, el presidente de la CEE, Luis Argüello, aseguró que se "abre la perspectiva para que el desarrollo" de la LOPIVI, "pueda llegar en procesos de reparación a otros ámbitos de la sociedad".

Por su parte, Bolaños defendió que "en este acuerdo no hay ningún otro compromiso que no tenga que ver con las víctimas en el seno de la Iglesia Católica". "Obviamente, el compromiso del Gobierno con los abusos a menores es un compromiso que se pone de manifiesto, por ejemplo, en la ley del año 2021 de protección de la infancia y la adolescencia. Pero este es un acuerdo exclusivo, circunscrito a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. No hay ningún acuerdo fuera", insistió.

El acuerdo también contempla que la CEE y la CONFER mantendrán su propio sistema de reparación a través de la comisión asesora del PRIVA, organismo que echó a andar en 2024.