La marcha de Gabilondo y las elecciones deja en el limbo el cumplimiento de los acuerdos con las víctimas de abusos
Los supervivientes temen que no se cumpla el acuerdo suscrito en Semana Santa entre la Iglesia y el Gobierno que planteaba una comisión mixta y la revisión de las compensaciones a las víctimas de la pederastia. El Defensor del Pueblo deja su cargo en noviembre
El 16 de noviembre, dos semanas antes de las elecciones generales, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, deja su cargo, después de que no prosperaran los intentos para ampliar su mandato dos años más. La popular Teresa Jiménez Becerril, adjunta al Defensor, asumirá el cargo de manera provisional, según ha confirmado el organismo público a Ep.
La marcha de Gabilondo, uno de los artífices del informe del Defensor del Pueblo que incluía recomendaciones de reparación integral a las víctimas, y árbitro en posibles conflictos sobre compensaciones entre el Ministerio de Justicia y el plan Priva, en virtud del acuerdo rubricado en Semana Santa, deja en el limbo la situación de cientos de víctimas (más de medio millar, según los últimos datos a los que ha tenido acceso RD) que habían llevado su caso ante el Defensor del Pueblo, y que estaban a la espera de que sus propuestas de indemnización fueran enviadas a la Conferencia Episcopal para una valoración.
La mayoría de las víctimas habían optado por recurrir a esta nueva opción, frente a las 114 que, según datos del Priva, habían decidido continuar su proceso de reparación a través de los órganos definidos por la autoridad eclesiástica. Después del verano, afirman las víctimas, estaba previsto que comenzaran a recibirse las propuestas de reparación, pero a día de hoy todas ellas están paralizadas, sin que las víctimas sepan a ciencia cierta si han llegado hasta la autoridad episcopal, o si todavía no han salido de la valoración del organismo público.
"No tenemos garantía de que el proceso continúe si hay cambio de Gobierno, pero es que ni siquiera sabemos cómo está el proceso" lamentan varios supervivientes que a partir de abril de este año confiaron en la oficina habilitada por el Ministerio de Justicia para focalizar sus denuncias, después de que una mayoría manifestara su falta de confianza en el plan Priva.
Además, añaden, el Defensor del Pueblo ha trasladado la idea de que, después de escuchar a la víctima, están esperando la respuesta de la Iglesia para completar la audiencia de las partes, tal como prevé el Protocolo.
"El problema es que parece haber un vacío importante: el Protocolo fija plazos para casi todo, pero no establece cuánto tiempo tiene la Iglesia para contestar. Y hay víctimas a las que les están diciendo que llevan tiempo esperando precisamente esa respuesta. Eso puede retrasar mucho el inicio del plazo de tres meses del Defensor", advierten algunas víctimas, nerviosas al temer que un previsible cambio de Gobierno pueda frenar, e incluso bloquear, las indemnizaciones que ue no provengan directamente del plan Priva.