NO CONFUNDAMOS

NOTA INTRODUCCTORIA: Recibí ayer este escrito y me pareció muy oportuno y necesario para los tiempos que corren darle una mayor difusión. Su autor es SAMUEL HUESCA TRIANO. Esdoctor en Derecho, especializado en Derecho Penitenciario, Extranjería y Derechos Humanos. Desarrolla su labor jurídica y social junto a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente personas privadas de libertad, migrantes y personas en situación de calle, y lo hace desde el compromiso con la dignidad humana y la defensa efectiva de sus derechos. NADIE MEJOR QUE ÉL PARA HABLARNOS DE ESTE TEMA Y ACLARAR ALGUNOS ASPECTOS. Si bien es un poco más extenso de lo habitual, considero que su lectura merece la máxima atención.

Hay momentos en los que guardar silencio deja de ser prudencia y comienza a parecerse demasiado a la indiferencia. Creo sinceramente que estamos atravesando uno de ellos. Los acontecimientos que estamos viviendo en torno a Ceuta, las imágenes de personas intentando alcanzar territorio español por mar o a nado, las muertes que se han producido y, sobre todo, determinados discursos que inmediatamente han comenzado a construirse alrededor de estos hechos deberían obligarnos a realizar una reflexión mucho más profunda que la que permiten los titulares apresurados, las consignas políticas o los mensajes que circulan vertiginosamente por las redes sociales. Me preocupa profundamente que estemos asistiendo a un proceso en el que cuestiones jurídicas, políticas y diplomáticas completamente diferentes se mezclan deliberadamente hasta construir un único relato: el de una inmigración presentada como amenaza y el de unas personas migrantes sobre las que parece legítimo descargar nuestros temores, nuestras frustraciones y, cada vez con menor disimulo, una forma de odio social que llevamos demasiado tiempo viendo crecer.

Escribo estas palabras desde mi condición de jurista dedicado especialmente al Derecho de Extranjería y a la defensa de los derechos humanos, pero también desde una experiencia mucho más cercana y humana: la de conocer, acompañar y trabajar diariamente con personas migrantes que viven en nuestras entidades de acogida, en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Y precisamente por conocerlas me resulta imposible aceptar la facilidad con la que determinadas categorías abstractas —«avalancha», «invasión», «ilegales», «efecto llamada», «presión migratoria»— terminan sustituyendo a las personas. Porque cuando dejamos de hablar de seres humanos concretos y comenzamos a hablar exclusivamente de masas, cifras y amenazas, estamos dando el primer paso hacia algo extraordinariamente peligroso: dejar de reconocer en quien viene de fuera la misma dignidad que reclamamos para nosotros.

Una de las afirmaciones que con mayor insistencia se está difundiendo consiste en relacionar de manera prácticamente automática la regularización extraordinaria con los movimientos migratorios que estamos contemplando. Se pretende transmitir una idea aparentemente sencilla: España regulariza y, como consecuencia de ello, miles de personas deciden venir porque esperan obtener inmediatamente una autorización de residencia. Sin embargo, repetir una afirmación muchas veces no la convierte en jurídicamente cierta. La regularización extraordinaria está diseñada para personas que ya se encontraban en España con anterioridad a la fecha de corte establecida por la normativa y que, además, tienen que acreditar los restantes requisitos exigidos. Quien llega ahora a territorio español no adquiere, por ese mero hecho, derecho alguno a acogerse al proceso extraordinario concebido para quienes ya se encontraban aquí. Por eso resulta imprescindible diferenciar el legítimo debate político sobre la oportunidad de una regularización de la utilización interesada de esa regularización para explicar cualquier episodio fronterizo que se produzca posteriormente.

Se puede estar a favor o en contra de una regularización extraordinaria. Se puede cuestionar su diseño, debatir sus consecuencias económicas, laborales o administrativas y defender legítimamente un modelo migratorio diferente. Todo eso pertenece a una sociedad democrática. Pero lo que no debería admitirse es que una confusión jurídica termine convirtiéndose en una herramienta para alimentar el rechazo hacia las personas migrantes. Porque quienes pueden acogerse a ese proceso no aparecieron repentinamente cuando se aprobó una norma: ya estaban aquí. Vivían en nuestros pueblos, trabajaban o intentaban encontrar empleo, participaban en nuestras comunidades, eran acompañados por nuestras entidades de acogida y trataban de construir una vida entre nosotros. Regularizar administrativamente a una persona que cumple los requisitos establecidos no significa crear una realidad migratoria nueva ni lanzar una invitación universal a cruzar nuestras fronteras; significa incorporar al Derecho una realidad humana y social que ya existía.

Conviene recordar, además, que una persona en situación administrativa irregular no desaparece porque el ordenamiento jurídico decida ignorarla. Sigue necesitando trabajar, sigue necesitando una vivienda, sigue enfermando, sigue relacionándose, sigue consumiendo y, en definitiva, sigue formando parte materialmente de nuestra sociedad. La verdadera discusión debería consistir en determinar si queremos mantener indefinidamente a miles de personas en una situación de invisibilidad administrativa que favorece la explotación laboral, la economía sumergida, la precariedad residencial y toda clase de abusos, o si consideramos preferible establecer mecanismos jurídicos que permitan, cuando se cumplan determinados requisitos, trabajar legalmente, cotizar, tributar y asumir plenamente derechos y obligaciones. Regularizar no significa regalar; significa ordenar jurídicamente una realidad que ya existe, y presentar esa decisión como una llamada indiscriminada a quienes se encuentran fuera de España constituye una simplificación que podrá resultar políticamente rentable para algunos, pero que no resiste un análisis jurídico serio.

Una confusión semejante se está produciendo con la doctrina del Tribunal Supremo acerca del régimen jurídico aplicable a determinadas entradas por mar o a nado y las denominadas «devoluciones en caliente». También aquí se están trasladando conclusiones que exceden claramente el verdadero significado jurídico de una resolución judicial. El Tribunal Supremo no está proclamando que quien llegue nadando a España adquiera automáticamente un derecho a permanecer en nuestro territorio. Lo que se discute es algo muy diferente: qué procedimiento puede aplicar la Administración, cuál es el ámbito de las previsiones excepcionales existentes para Ceuta y Melilla y qué garantías deben respetarse cuando una persona es localizada en el mar intentando acceder a territorio español. Confundir el derecho a permanecer con el derecho a que cualquier actuación administrativa se produzca conforme a un procedimiento legalmente establecido supone desconocer uno de los principios más elementales de un Estado de Derecho.

Podemos realizar una lectura crítica de esa doctrina jurisprudencial y podemos considerar que nuestra legislación presenta insuficiencias para responder a realidades fronterizas que han evolucionado extraordinariamente durante los últimos años. Si determinadas previsiones fueron concebidas fundamentalmente para intentos de entrada a través de elementos de contención fronteriza terrestre y hoy nos encontramos ante situaciones distintas producidas en el mar, habrá que reflexionar sobre la adecuación del marco normativo. Pero si existe una laguna, una insuficiencia o una deficiencia legislativa, la respuesta corresponde al legislador y no puede consistir simplemente en eliminar garantías. Los procedimientos y las garantías jurídicas no son obstáculos que podamos apartar cuando resultan incómodos; constituyen precisamente aquello que diferencia la actuación de un Estado sometido al Derecho de una actuación puramente arbitraria. España tiene derecho a controlar sus fronteras, a establecer requisitos de entrada y permanencia y a ejecutar devoluciones cuando legalmente procedan, pero nada de ello resulta incompatible con reconocer que la persona sometida a esos procedimientos continúa siendo titular de derechos.

Y, sin embargo, mientras discutimos sobre regularizaciones, sentencias, competencias administrativas, relaciones diplomáticas y control de fronteras, existe una realidad mucho más dolorosa que corre el riesgo de desaparecer sepultada bajo todo ese ruido: hay personas que han muerto intentando alcanzar a nado nuestras costas. Me produce una enorme tristeza comprobar la facilidad con la que esas muertes pueden quedar reducidas a una cifra fugaz en una noticia para desaparecer después de la conversación pública. No eran una «presión migratoria», no eran una «avalancha», no eran un problema estadístico ni una categoría administrativa. Eran personas. Tenían un nombre, aunque nosotros nunca lleguemos a conocerlo; tenían una edad, tuvieron una infancia, tenían una madre, un padre, hermanos, amigos y quizá hijos. Alguien esperaba noticias suyas. Alguien quizá esperaba una llamada que nunca llegó. Entraron en el agua convencidos de que al otro lado existía alguna posibilidad de futuro y, mientras nadaban, sintieron frío, agotamiento y miedo. Algunos pudieron contemplar las luces de una costa aparentemente cercana antes de comprender que no serían capaces de alcanzarla. Y hay algo profundamente doloroso en que podamos discutir durante horas sobre quién abrió una frontera, sobre qué quiso decir un tribunal o sobre si existe un supuesto «efecto llamada» y no seamos capaces de detenernos siquiera un momento ante el hecho elemental de que seres humanos han muerto en el agua intentando llegar hasta nosotros.

También ellos deben formar parte de este debate, quizá más que nadie, porque cuando alguien muere intentando alcanzar nuestras costas la primera pregunta de una sociedad que quiera seguir considerándose humana no debería limitarse a cuál era su situación administrativa, sino a cómo hemos construido un mundo en el que una persona llega a considerar que arrojarse al mar y nadar hacia una frontera constituye una alternativa preferible a permanecer donde está. Después podremos discutir sobre política migratoria, sobre Marruecos, sobre devoluciones, sobre control fronterizo y sobre legislación; pero antes deberíamos ser capaces de mirar hacia ese mar y reconocer que allí han muerto personas. Ninguna de ellas merece desaparecer convertida en una estadística anónima y, mucho menos, ser utilizada después de muerta como argumento para justificar el rechazo hacia quienes sobrevivieron. Que nadie utilice a los muertos para alimentar el miedo a los vivos y que nadie convierta a quienes murieron buscando una orilla en la justificación para odiar a quienes consiguieron alcanzarla.

Lo sucedido obliga también a analizar con rigor el papel que pueda estar desempeñando Marruecos y las circunstancias en las que se producen determinados movimientos en la frontera. Si las personas migrantes están siendo utilizadas o instrumentalizadas como mecanismo de presión política o diplomática, deberán exigirse las responsabilidades correspondientes allí donde procedan. Pero existe una diferencia moral y jurídica que nunca deberíamos olvidar: una cosa es quien eventualmente utiliza a las personas y otra muy distinta son las personas utilizadas. Si seres humanos vulnerables son convertidos en instrumentos dentro de una estrategia política, precisamente por ello nosotros no podemos utilizarlos una segunda vez transformándolos en material para construir miedo y rechazo. No podemos convertir a la víctima de una estrategia en responsable de esa estrategia; no podemos confundir al Gobierno de Marruecos con los ciudadanos marroquíes, ni África con inmigración irregular, ni inmigración irregular con delincuencia, ni pobreza con peligrosidad. Ese encadenamiento de asociaciones es precisamente el terreno en el que germinan el racismo, la xenofobia y la aporofobia.

Y quizá esta sea mi mayor preocupación en estos momentos: que todo este discurso no se queda en los parlamentos, en los medios de comunicación o en las redes sociales, sino que termina llegando a nuestros pueblos, a nuestros barrios, a nuestros centros de trabajo y a nuestras entidades de acogida. Quienes trabajamos directamente con personas migrantes conocemos las consecuencias que puede producir un cambio en la mirada social. Conocemos a personas que hasta ayer eran simplemente vecinos, trabajadores o compañeros y que pueden empezar a percibir que alguien las observa con prevención por su procedencia, por su acento o por el color de su piel. Nosotros no conocemos únicamente estadísticas ni expedientes administrativos; conocemos nombres, historias, dificultades y proyectos. Conocemos al muchacho que busca desesperadamente su primer contrato de trabajo, a quien está aprendiendo castellano, a quien lleva meses esperando una resolución de Extranjería, a quien madruga para trabajar, a quien envía parte de lo poco que gana a su familia, a quien encuentra enormes dificultades para alquilar una habitación y a quien solamente aspira a conseguir una documentación que le permita dejar de vivir permanentemente con miedo.

Por eso resulta imprescindible comprender que el racismo no comienza necesariamente con una agresión física ni con un insulto explícito. Comienza mucho antes: comienza con una mirada, con una sospecha, con una generalización, con un comentario que dejamos pasar sin responder, con la atribución a una persona de las características negativas que alguien ha decidido proyectar sobre todo un colectivo. Comienza cuando nuestro vecino deja de ser nuestro vecino y pasa a convertirse simplemente en «el inmigrante»; cuando un color de piel despierta prevención, cuando un acento genera desconfianza o cuando la pobreza comienza a identificarse con peligrosidad. Y cuando esa mirada empieza a normalizarse, quienes creemos en la convivencia tenemos la responsabilidad de intervenir antes de que el prejuicio se convierta en discriminación y la discriminación termine transformándose en odio.

También quienes desempeñan responsabilidades públicas deberían ser plenamente conscientes de que las palabras pronunciadas desde una tribuna política no permanecen encerradas en ella. Las palabras bajan a la calle, entran en los bares, circulan por los grupos de WhatsApp, se reproducen miles de veces en las redes sociales, llegan a nuestros centros de trabajo y terminan afectando a personas concretas. Se puede criticar con toda la dureza que se considere necesaria una determinada política migratoria, reclamar un mayor control fronterizo, discrepar radicalmente de una regularización o exigir responsabilidades a un Gobierno. Todo ello forma parte de la libertad política y del debate democrático. Lo que no podemos normalizar es la transformación de un colectivo humano en una amenaza, porque cuando se consigue que una sociedad deje de ver individuos y empiece a ver enemigos, se ha dado un paso extraordinariamente peligroso.

Como jurista creo profundamente en el Derecho, pero precisamente por ello me niego a entenderlo exclusivamente como una herramienta destinada a levantar fronteras y expulsar personas. El Derecho también limita el poder, establece procedimientos, protege a quien se encuentra en situación de vulnerabilidad, impide determinadas arbitrariedades y obliga a recordar que detrás de cada expediente administrativo existe un ser humano. Podemos defender nuestras fronteras y los derechos humanos; podemos controlar la inmigración y exigir garantías jurídicas; podemos ejecutar una devolución cuando proceda legalmente y preservar al mismo tiempo la dignidad de quien es devuelto; podemos exigir responsabilidades a Marruecos y defender al ciudadano marroquí que vive pacíficamente en nuestro pueblo; podemos discrepar de una regularización extraordinaria sin convertir esa discrepancia en xenofobia. No existe ninguna incompatibilidad entre defender un Estado con fronteras y defender un Estado de Derecho. Lo verdaderamente incompatible con una democracia sería pensar que, para proteger las primeras, debemos renunciar al segundo.

Por todo ello considero que quienes formamos parte de entidades de acogida tenemos una responsabilidad especial en este momento. No podemos acompañar durante meses o años a personas migrantes, ayudarlas a incorporarse a nuestras comunidades y permanecer después callados cuando empieza a instalarse sobre ellas una mirada de sospecha. No podemos hablar de integración cuando las circunstancias son favorables y guardar silencio cuando comienza a crecer el rechazo. Tenemos una responsabilidad profesional y jurídica, pero, antes que ninguna otra, tenemos una obligación humana. Frente a quienes mezclan interesadamente regularización extraordinaria, Tribunal Supremo, Marruecos y crisis fronteriza debemos aportar rigor; frente a la desinformación jurídica, Derecho; frente a quienes pretenden transformar una crisis fronteriza en una crisis de convivencia, comunidad; y frente a quienes comienzan a convertir al migrante en destinatario de sus miedos, debemos responder con la defensa inequívoca de la dignidad humana.

Y a las personas migrantes que están entre nosotros debemos decirles también algo, porque quizá en estos momentos necesiten escucharlo: no están solas. Son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, las personas con las que compartimos calles, pueblos, proyectos y esperanzas. Sus vidas no pueden convertirse en el precio que haya que pagar por una crisis política, diplomática o fronteriza que ellas no han provocado. Las fronteras pertenecen a los Estados, las sentencias corresponden a los tribunales, las leyes pertenecen al ordenamiento jurídico y las decisiones políticas corresponden a los gobiernos, pero la dignidad pertenece a cada ser humano, y esa dignidad no tiene nacionalidad, no necesita pasaporte, no depende de un visado ni desaparece porque una persona carezca de autorización administrativa para encontrarse en un determinado territorio.

Por eso necesitamos recuperar una mirada que parece estar perdiéndose entre tanto ruido. Frente a la manipulación necesitamos información y rigor; frente a la arbitrariedad, Derecho; frente al racismo, dignidad; frente a la xenofobia, convivencia; frente a la aporofobia, justicia social; y frente a quienes quieren que contemplemos a miles de seres humanos únicamente como una amenaza, necesitamos recuperar las palabras que nunca deberíamos haber abandonado: persona, derechos, dignidad, acogida y humanidad. Mientras discutimos sobre fronteras hay seres humanos dentro del agua; mientras discutimos sobre regularizaciones hay personas intentando construir una vida entre nosotros; mientras discutimos sobre sentencias existen familias esperando noticias; y mientras algunos se empeñan en enseñarnos a tener miedo de quien viene de fuera, nosotros debemos empeñarnos todavía más en no perder aquello que nos hace humanos.

Quiero terminar, por ello, no hablando de inmigrantes como una categoría abstracta, sino hablando de personas: de quienes llegaron hace años y hoy forman parte de nuestros pueblos; de quienes están en nuestras entidades de acogida intentando reconstruir su vida; de quienes trabajan, cotizan, estudian y sueñan; de quienes todavía esperan una resolución administrativa que les permita mirar al futuro con un poco menos de incertidumbre; de quienes están intentando llegar y, especialmente, de quienes entraron en el mar y nunca alcanzaron la otra orilla. También por ellos tenemos la obligación de levantar la voz, para que sus muertes no desaparezcan convertidas en una cifra, para que su memoria no sea utilizada contra quienes consiguieron sobrevivir y para que algún día, cuando miremos hacia atrás y recordemos este tiempo en el que el miedo amenazó con convertirse en odio, podamos afirmar que no permanecimos indiferentes.

Porque no son una invasión, no son un «efecto llamada» y no son una amenaza colectiva. Son personas. Algunas viven desde hace años entre nosotros; otras acaban de llegar; y algunas han muerto intentando hacerlo. Si después de comprender esto seguimos siendo capaces de mirar hacia otro lado, entonces quizá el verdadero problema nunca estuvo al otro lado de la frontera.

Samuel Huesca Triano (Jurista especializado en Derecho de Extranjería y Derechos Humanos, Derecho Penal, Penitenciario y Ejecución Penal).