El obispo de Oporto rechaza haber apoyado la reducción de indemnizaciones y el Vaticano archiva el caso del sacerdote de Braga

(7MARGENS).- El obispo de Oporto, Manuel Linda, aseguró a 7MARGENS que es «mentira» que haya apoyado la reducción de las cuantías de las indemnizaciones aprobadas a finales de febrero en una asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP).

A pesar de que dos fuentes de la CEP incluyeron el nombre del prelado de Oporto en la lista de quienes adoptaron esa postura, tal y como informó 7MARGENS el martes por la noche, Manuel Linda garantiza que eso no se corresponde con la verdad: «Las propuestas llevadas a la plenaria fueron aprobadas por unanimidad en el consejo permanente, del que formo parte», y por eso no iba a contradecir en la plenaria lo que había votado antes.

En algunos casos, asegura además el obispo de Oporto, los importes aprobados fueron incluso superiores a los que el consejo permanente llevó a la asamblea.

«Rechazo de plano el apoyo a la reducción de los importes», insiste Manuel Linda, admitiendo que puede haber habido miembros de la asamblea que no hayan entendido lo que ocurrió.

La noticia de 7MARGENS surgió a raíz de otra publicada en Expresso, según la cual la Conferencia Episcopal Portuguesa había reducido las cuantías propuestas por la Comisión de Fijación de Compensaciones, creada por la propia CEP.

La «reducción significativa» de la cuantía fue confirmada por el presidente de la Conferencia Episcopal aún en la tarde del martes 7. En una entrevista con la agencia Ecclesia, el obispo de Leiria-Fátima justificó esta reducción con la «jurisprudencia de los tribunales portugueses», la comparación con las cantidades asignadas por otras Iglesias de Europa, «teniendo en cuenta también las diferencias en el nivel de vida», y las posibilidades de la Iglesia Católica en Portugal.

Estos fueron también los argumentos esgrimidos por el servicio de prensa de la CEP, en respuesta, enviada este miércoles, a una de las preguntas formuladas por 7MARGENS el día anterior, tras la publicación de la noticia en Expresso. «Lo que hubo fue una redefinición final de las cantidades a la luz de estos criterios», dice la respuesta.

En cuanto al «Termo de recebimento de compensação financeira» (Documento de recepción de compensación económica) que se pidió a las víctimas que firmaran, y a la insistencia del documento (tres de los seis apartados) en que no hay nada más que recibir de la CEP ni de ninguna otra institución de la Iglesia, la respuesta oficial afirma que es comprensible «que algunas personas puedan sentir» incomodidad. «Lo que se pretende con el recibo es dar un marco formal a un proceso que ha tratado de ser serio y lo más justo posible», afirma la CEP.

7MARGENS preguntó además a la CEP sobre las quejas de varias víctimas en relación con la supuesta falta de transparencia en todo el proceso, y sobre si los obispos consideran que están cumpliendo las recomendaciones de la Santa Sede, del papa Francisco y del papa León XIV, quienes siempre pidieron que las víctimas fueran el centro de atención. «No consideramos que haya habido falta de transparencia en lo esencial del proceso. El Reglamento, los criterios y las distintas etapas se han hecho públicos, y las decisiones finales se han comunicado a las personas con la debida justificación», afirma la CEP.

«En las entrevistas, la preocupación asumida fue siempre la de crear un contexto seguro, respetuoso y que no revictimizara», añade la respuesta, sin hacer referencia a las quejas de varias personas precisamente sobre este aspecto. «El principio que rige todo este proceso desde su inicio es la atención a las víctimas, en comunión con la Iglesia universal. Poner a las víctimas en el centro significa, también, estar dispuestos a aprender de las críticas formuladas.»

Proceso de Braga archivado por el Vaticano

Desde el Vaticano llegó, entretanto, la noticia del archivo del proceso relativo al padre Fernando Sousa e Silva, actualmente de 93 años, que fue acusado de abusos a menores en Joane (Famalicão), durante el ejercicio de la confesión.

En un comunicado difundido este miércoles, día 8, la Arquidiócesis de Braga afirma que, desde el primer momento, «a través de su Comisión de Protección de Menores y Adultos Vulnerables, procedió a la acogida y el acompañamiento de los denunciantes». Se activaron «con diligencia y rigor los protocolos y procedimientos previstos en el ordenamiento canónico y civil, en particular la realización de la investigación previa que culminó con la posterior comunicación al Dicasterio para la Doctrina de la Fe».

Fue este organismo de la Santa Sede, «autoridad competente para conocer de estos asuntos», el que ha llegado ahora, «tras un examen minucioso, completo y diligente de todos los elementos recabados», a la conclusión de que no hay «razones suficientes para derogar la norma de la prescripción» de los delitos de los que se le acusaba. Al «tratarse de una posible imprudencia en el ejercicio de la función de confesor y teniendo, además, en cuenta la edad del acusado», el Dicasterio del Vaticano «ha decidido el archivo del proceso y de las denuncias», y con esta decisión el caso queda cerrado «en el orden canónico y constituye la conclusión definitiva del presente procedimiento».

En los medios de comunicación y en las redes sociales surgieron muchos relatos sobre cómo el sacerdote presuntamente abusaba de los menores que acudían a él para confesarse. Por ello, el comunicado de la archidiócesis habla de una «significativa repercusión mediática del caso» y del «enfrentamiento con una realidad de dolor, liberación y revuelta, [que] generaron perturbación y sufrimiento en la comunidad parroquial de Joane y en el presbiterio archidiocesano».

En el comunicado, la Arquidiócesis añade que «las medidas disciplinarias impuestas anteriormente» al padre Fernando Sousa e Silva cesan de inmediato. Miembro del cabildo catedralicio, el canónigo puede, ahora, «reanudar el ejercicio de su ministerio sacerdotal, según sus capacidades físicas y respetando la prudencia, la discreción y el sentido pastoral que las circunstancias aconsejan».

Manifestando «cercanía a la comunidad parroquial de Joane», el comunicado admite «la decepción que este desenlace pueda suponer para todos los que comparten su testimonio», expresando el «reconocimiento a todos aquellos que, con valentía y sentido de la responsabilidad, sacan a la luz situaciones de abuso, contribuyendo a la verdad, a la prevención y a la protección de los más vulnerables».

Dirigiéndose al sacerdote en cuestión con «una palabra de esperanza», le recomienda que «continúe su ministerio con humildad, recogimiento y espíritu de oración y penitencia, siendo especialmente prudente al ejercer la función de confesor». Y aunque las denuncias no se hayan «calificado como abuso sexual, aunque se hayan puesto de manifiesto posibles comportamientos imprudentes o inadecuados», el desenlace del caso «puede vivirse con incomprensión o incluso con un sentimiento de falta de reconocimiento», admite la archidiócesis. «Sin embargo, vuestra voz es importante y el gesto de hablar sigue siendo una señal de valentía».