La ONU critica a España por las escasas condenas a los abuso de menores en la Iglesia

El Comité de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas expresó este jueves su preocupación por el «bajo nivel de enjuiciamientos y condenas a los abusos sexuales cometidos por personal de la Iglesia Católica» en España, y pidió entre otras medidas que estos delitos no prescriban.

En su informe sobre el cumplimiento en España de la Convención de los Derechos del Niño, el Comité de expertos también recomendó que las víctimas de esos abusos de la Iglesia tengan algún tipo de reparación, y que se deje de eximir a algunos sacerdotes de la obligación de denunciar.

El documento de 18 páginas da la bienvenida a iniciativas de España como la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y Adolescencia (Eevia, lanzada en 2022), pero ve lagunas como la falta de datos oficiales sobre casos de violencia sexual en el ámbito familiar.

También ve con preocupación el «incremento exponencial» de los casos de abuso sexual y explotación, especialmente en el caso de niñas.

La instancia de la ONU compuesta por expertos independientes pide a España que resuelva las disparidades regionales en materia de lucha contra la violencia y los abusos a la infancia, y que garantice que todos los casos se investiguen «con prontitud» y con un enfoque adaptado al menor para evitar su «revictimización».

En el caso de los menores tutelados, el CDN mostró su preocupación por los insuficientes recursos humanos, técnicos y financieros, también a la hora de «tener en cuenta las necesidades específicas de los menores extranjeros no acompañados, de los que son víctimas del tráfico de personas o de los solicitantes de asilo».

El Comité recomienda a España en este campo el cierre de los centros de gran escala para la tutela, así como adoptar medidas efectivas para que ningún niño de entre 0 y 6 años se encuentre en centros residenciales -priorizando la acogida familiar o la adopción- y asegurando que los hermanos vivan juntos.

También recomienda en todos los sistemas de tutela prohibir los métodos educativos coercitivos, cualquier contención mecánica o farmacológica, y supervisar la calidad del cuidado, incluyendo la existencia de canales para reportar, supervisar, investigar y reparar el maltrato y la violencia hacia los niños en los centros.

En el caso específico de los niños migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y no acompañados, el CDN muestra inquietud por el incremento de llegadas, especialmente desde la frontera sur, y «la saturación del sistema de protección en Canarias y Ceuta», indicando que ha recibido denuncias de violencia contra estos menores en centros de recepción en Gran Canaria y Tenerife.

El CDN propone en este contexto medidas como la creación de unidades para atender a los menores migrantes en los lugares de llegada y garantizar una adecuada identificación previa, la agilización de los procedimientos, y una atención y protección adecuadas.

También urge a España a adoptar medidas para prevenir la explotación, el abuso y la trata de niños no acompañados, identificar situaciones de riesgo, y garantizar que todos los niños migrantes, refugiados y no acompañados reciban información sobre sus derechos y dispongan de asistencia jurídica especializada.

El órgano de expertos vela por el cumplimiento por los Estados parte de la Convención de los Derechos del Niño, uno de los acuerdos más universalmente aceptados y que España ratificó en 1990, un año después de su adopción.

Todos los países se someten periódicamente a exámenes periódicos sobre su nivel de cumplimiento de la Convención y el Comité emite días después de esas comparecencias un informe con sus conclusiones.

España se sometió a este comité, por séptima vez, los pasados 21 y 22 de enero, para lo cual viajó a Ginebra una delegación encabezada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.