Los problemas de las asociaciones de víctimas de abuso eclesial

La película Grâce à Dieu (Gracias a Dios, 2018) del cineasta francés François Ozon nos muestra las dificultades que tienen que afrontar las víctimas de abuso sexual en la Iglesia católica. Allí se nos cuenta un drama basado en hechos reales que denuncia el escándalo de abusos sexuales en perjuicio de menores cometido por el sacerdote Bernard Preynat en Lyon (Francia), entre los años setenta y noventa, principalmente en campamentos de scouts. Está confirmado que Preynat abusó de por lo menos 70 menores de edad, aunque se estima que el número de víctimas llegaría a las 400, y las autoridades de la Iglesia católica encubrieron los hechos durante décadas.

El film se centra en la historia de tres víctimas:

• Alexandre Guérin, un banquero exitoso, católico practicante, casado y padre de cinco hijos.
• François Debord, un ateo furioso y activista, que canaliza su rabia en acciones directas.
• Emmanuel Thomassin, un hombre más atormentado y emocionalmente inestable, cuya vida ha sido profundamente marcada por el trauma.

Los tres, los cuales inicialmente no se conocen entre sí, terminan uniéndose a través de la asociación “La Parole Libérée” (“La Palabra Liberada”, fundada por sobrevivientes reales como François Devaux y Alexandre Hezez), que recopila testimonios, crea una red de apoyo y presiona judicial y mediáticamente para que se levante el secreto y se haga justicia. Se muestran sus luchas personales, el impacto del trauma en sus vidas (familia, fe, identidad), las respuestas evasivas o insuficientes de la Iglesia (incluyendo el famoso lapsus del cardenal Barbarin, arzobispo de Lyon: “La mayoría de los hechos, gracias a Dios, están prescritos”), y cómo forman una comunidad para romper el silencio y buscar reparación.

Pero también se muestran los conflictos internos que aquejan a una asociación de víctimas. Mientras unos quieren ir más allá de sus casos individuales y denunciar el sistema eclesiástico que permite que clérigos cometan abusos, sistema que luego los encubre y protege, otros se contentan con que los responsables paguen sus culpas, y también hay víctimas que se niegan a unirse a las denuncias porque están tan afectadas por el trauma, que se sienten incapaces de soportar la presión pública que significa exponer abiertamente sus casos, o simplemente no logran reunir el valor para unirse a esta lucha. Porque hay algo muy cierto: el activismo abierto contra la pederastia eclesial suele traer consigo un alto costo personal y no pocos problemas individuales y sociales.

Las asociaciones de víctimas de abuso sexual en la Iglesia católica han jugado un papel muy importante en la visibilización de los abusos y la ruptura del silencio. Han sido fundamentales para exponer encubrimientos sistémicos a nivel global

Ciertamente, las asociaciones de víctimas de abuso sexual en la Iglesia católica han jugado un papel muy importante en la visibilización de los abusos y la ruptura del silencio. Han sido fundamentales para exponer encubrimientos sistémicos a nivel global, forzando la agenda pública y mediática. Ofrecen redes de apoyo mutuo, grupos de sanación, recursos psicológicos/emocionales y conexiones legales. Muchas son lideradas por sobrevivientes, lo que genera empatía y credibilidad entre víctimas que desconfían de instituciones eclesiales o estatales.

Han logrado avances concretos: listas públicas de clérigos acusados (en EE.UU. y otros países), políticas de “tolerancia cero” en algunas diócesis, presión al Vaticano y colaboración en comisiones de la verdad (Australia, Francia, Alemania). Han impulsado cambios legislativos (imprescriptibilidad en algunos países) y denuncias ante la ONU.

Sin embargo, algunos críticos, incluyendo algunos sobrevivientes y analistas, señalan que priorizan la Iglesia católica sobre otros contextos de abuso (escuelas, familias, otras religiones), lo que puede percibirse como sesgo anticatólico o agenda ideológica más que protección universal de menores.

No han faltado en esas asociaciones conflictos internos y crisis de liderazgo. Algunas voces, incluyendo sobrevivientes que encontraron sanación en la Iglesia, critican que ciertos grupos parecen más enfocados en atacar la institución eclesiástica que en sanar a víctimas o colaborar constructivamente. Muchas operan con donaciones y voluntarios, lo que restringe su alcance, especialmente en regiones pobres o con fuerte influencia eclesial.

Además, muchos de quienes hemos sido víctimas de abusos por parte de personal clerical o religioso de la Iglesia católica —en mi caso, en el Sodalicio de Vida Cristiana— creemos que los abusos sexuales son sólo el síntoma de un problema más profundo. Y que la lucha contra los abusos sexuales no podrá tener éxito si no se atacan las raíces mismas, que radican en el abuso de poder y abuso de conciencia que practican sistemas de rasgos autoritarios e instituciones de características sectarias.

SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests), la más antigua asociación de víctimas de la Iglesia católica, fundada en 1988 por Barbara Blaine (1956-2017), una sobreviviente de abusos, sufrió entre 2016 y 2017 una crisis de liderazgo, la cual llevó a renuncias masivas. En diciembre de 2016, David Clohessy, director nacional durante décadas y figura pública clave, renunció abruptamente, citando conflictos internos y preocupaciones por su salud. Clohessy era una de las voces más visibles de SNAP en medios y audiencias. En febrero de 2017, Barbara Blaine, fundadora y presidenta, también renunció, dejando a la organización sin sus líderes históricos en un corto período. Estas salidas ocurrieron en medio de una convulsión institucional, con reportes de divisiones internas, pérdida de confianza y cambios en la dirección, pues Barbara Dorris asumió como nueva líder.

En enero de 2017, Gretchen Hammond, una exempleada administrativa había presentado una denuncia alegando que SNAP tenía un esquema de comisiones o pagos de retorno con abogados que representaban a sobrevivientes en demandas contra la Iglesia. Según la denuncia, SNAP aceptaba comisiones financieras —en forma de “donaciones”— de abogados que representaban a víctimas de abuso sexual. A cambio, SNAP refería o dirigía a sobrevivientes como clientes potenciales a esos abogados, quienes luego presentaban demandas contra la Iglesia Católica, a menudo con acuerdos millonarios. SNAP negó las acusaciones, afirmando que aceptaba donaciones de abogados pero no dirigía clientes. Más de la mitad de las donaciones anuales de SNAP provendrían en ese momento de abogados litigantes, e incluso se mencionaba un abogado de Minnesota que habría donado alrededor de un millón de dólares. Esto convertía a a SNAP en una “operación comercial” que “entregaba” víctimas a abogados para beneficio mutuo. La demanda generó escrutinio mediático y contribuyó directamente a las renuncias de Clohessy y Blaine. El caso se resolvió posteriormente en 2018 con un acuerdo extrajudicial, sin admisión de culpa por parte de SNAP, y Clohessy regresó regresó parcialmente a SNAP en 2018 como portavoz voluntario.

Problemas internos de otro tipo también han afectado a Ending Clergy Abuse (ECA). Este proyecto había sido concebido en agosto de 2017 por Barbara Blaine, poco antes de su muerte inesperada en septiembre de 2017, junto a Timothy Law, abogado de Seattle, y otros activistas, con el nombre inicial de The Accountability Project (TAP). Esta iniciativa se convirtió rápidamente en Ending Clergy Abuse (ECA). Surgió como respuesta a la necesidad de una red internacional unificada de sobrevivientes y activistas contra el abuso sexual clerical en la Iglesia Católica, donde los casos de encubrimiento y falta de rendición de cuentas eran —y siguen siendo— un problema sistémico global. La organización se presentó públicamente en junio de 2018 en Ginebra (Suiza), con una conferencia de prensa el 7 de junio de 2018. En ese momento, ya contaba con más de 25 sobrevivientes y activistas de 15 países y 4 continentes. El anuncio coincidió estratégicamente con la visita del Papa Francisco a Ginebra (21 de junio de 2018), para presionar por mecanismos centrales de rendición de cuentas de obispos y una política global de tolerancia cero.

ECA ha organizado manifestaciones de resonancia mediática, a fin de visibilizar el problema de abusos en la Iglesia católica, entre los cuales se cuentan la “March to Zero Tolerance”, que tuvo su epicentro en Roma a fines de septiembre de 2023. También tuvieron resonancia la reunión de la junta directiva de ECA con el Papa León XIV el 20 de octubre de 2025, y la Cumbre Global ECA en Buenos Aires (16 de diciembre de 2025), que fue el primer evento internacional dedicado exclusivamente a alegaciones de abusos institucionales, coerción y explotación en el Opus Dei, centrado en testimonios de sobrevivientes y acceso a la justicia.

Pero más allá eventos mediáticos, ECA no puede ostentar ningún logro significativo en la lucha contra el abuso clerical. El éxito que han tenido algunos miembros de ECA en su lucha para que los responsables rindan cuentas se debe exclusivamente a iniciativas personales que no fueron apoyadas institucional ni financieramente por la asociación. Por ejemplo, fue la labor de Pedro Salinas, hasta hace poco miembro destacado de ECA, junto con la de otras víctimas y periodistas, la que contribuyó a la disolución definitiva del Sodalicio de Vida Cristiana.

También es conveniente mencionar que hubo otros integrantes de ECA a lo largo de su breve historia que renunciaron a la asociación, desilusionados ante la manera en que se manejaban los asuntos internos, en ocasiones muy similar a la manera autoritaria en que se manejan muchos asuntos dentro de la Iglesia católica.

En diciembre de 2025, ECA contaba oficialmente con 45 miembros. Ese mismo mes 8 de esos miembros —entre los cuales me cuento yo mismo desde la campaña en Roma en septiembre de 2023— decidimos renunciar a la asociación debido a una serie de circunstancias y acciones por parte de miembros de la junta directiva, que ponían en tela de juicio el talante democrático de la asociación. La junta directiva se negó a proporcionarnos información transparente sobre el proceso de expulsión de un miembro de ECA que había participado en las jornadas de septiembre de 2023 en Roma. Se nos quiso imponer un código de conducta más apropiado para instituciones donde los abusos sexuales eran probables y frecuentes. Se quiso implementar la obligatoriedad de entrenamientos (que debíamos pagar nosotros mismos) en el tema de abusos, además de cuotas en dinero de asociados.

He aquí lo que expresamos los renunciantes:

• «Aun cuando ECA tenga fines justos y nobles por los cuales siempre lucharemos personalmente, consideramos sin embargo que a muchos no nos ha traído ningún beneficio verificable pertenecer a la organización, pero sí podríamos tener problemas en el futuro debido a una mala gobernanza que se ha inclinado hacia un autoritarismo inaceptable.
• Durante los últimos años, muchos miembros de ECA han expresado su profundo descontento con la gestión de la organización por parte de la junta directiva, gestión marcada por el autoritarismo, la negativa a escuchar la opinión de las bases y la imposición de decisiones desde arriba. Hemos utilizado todos los mecanismos disponibles en una organización democrática para fomentar el debate sobre la buena gobernanza democrática. La junta directiva se ha negado repetidamente a permitir que este debate se lleve a cabo. ECA ha dejado de ser una organización democrática.
• Las bases no tienen derechos, sólo obligaciones arbitrarias establecidas por la junta directiva. Se nos pide que contribuyamos con nuestro esfuerzo y trabajo a una organización donde no tenemos voz. El autoritarismo con el que opera ECA hoy en día se asemeja mas a la Iglesia católica que a una organización de derechos humanos. Se ha permitido que prospere un ambiente tóxico. Permanecer en dicha organización infligiría daño moral a cualquier activista de derechos humanos que se precie. Por todas estas razones, no queremos formar parte de ECA y hemos decidido renunciar a nuestra membresía».

En un solo mes ECA ha perdido el 18% de sus miembros. Los renunciantes son originarios de España, México, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y El Salvador. Por eso mismo, decíamos también en uno de nuestros escritos a la junta directiva:

• «Agotamos todos los mecanismos a nuestro alcance para obtener respuestas y propiciar un cambio de actitud; sin embargo, una y otra vez nos encontramos con una negativa sistemática que impidió, cuando menos, recibir respuestas claras y serias a los planteamientos expresados.
• Durante este proceso cuestionamos, nos quejamos y también propusimos alternativas que permitieran dar un giro a la verticalidad impuesta. No obstante, todos nuestros intentos fueron ignorados u opacados. Por el contrario, fuimos calificados como un “pequeño grupo”, “disidentes” o “latinoamericanos”».

La lucha contra los abusos sigue siendo una de nuestras banderas. Esperamos que las organizaciones que siguen abocadas a esta causa aprendan de sus errores y no socaven sus legítimas batallas con actitudes similares a las que están en la raíz de los abusos mismos.