El silencio y la inacción son el 'techo de cristal' que sigue multiplicando el escándalo en la Iglesia española Caso Zornoza: La Iglesia protege antes que castiga: ¿Por qué no se le aplicaron medidas cautelares al todavía obispo de Cádiz?

En el reciente caso de denuncia por pederastia contra monseñor Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, una de las principales preguntas que surgen es la siguiente: ¿por qué no se impusieron medidas cautelares mientras se desarrolla la investigación?

Tradicionalmente, cuando un miembro del clero es acusado de abusos, se adoptan medidas cautelares, como apartarlo del ministerio público activo, para proteger a posibles víctimas y asegurar la transparencia del proceso. Sin embargo, en este caso, esta medida básica no se aplicó. ¿Por qué?

Este retraso o ausencia de medidas cautelares, según fuentes canónicas, refleja un excesivo garantismo tanto de la Conferencia Episcopal Española (CEE) como del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, órgano vaticano responsable de los procesos sobre abusos y disciplina.

Esta postura ha provocado un escándalo público mayor, justamente porque el obispo Zornoza ha continuado ejerciendo su ministerio con normalidad, asistiendo a misas y firmando documentos oficiales, lo que ha generado una imagen de falta de responsabilidad y protección prioritaria a la institución sobre las víctimas. Es decir, no es lo mismo que sea imputado por abusos un obispo en ejercicio que un obispo emérito.

La medida cautelar más evidente y efectiva hubiera sido la aceptación inmediata de la renuncia del obispo como titular de la diócesis, dado que ya está en tiempo de prórroga por haber cumplido los 75 años. Al no tomar esta decisión, la Iglesia española y el Vaticano han dado la impresión de proteger a un prelado polémico, alimentando aún más la desconfianza pública y confirmando la percepción de que persiste un “techo de cristal” que favorece la impunidad y el encubrimiento dentro de la jerarquía.

Este planteamiento sigue abonando la creencia social de que la Iglesia continúa más preocupada por conservar y preservar su imagen que por transparentar su responsabilidad y sanar las heridas abiertas por los abusos.

Los defensores y activistas a favor de las víctimas han señalado que esta actitud solo erosiona la credibilidad eclesial y dificulta la reconstrucción de la confianza. El fracaso en aplicar medidas cautelares inmediatas refleja, para muchos, una falta de valentía institucional que pone en el centro el prestigio del cargo antes que el bienestar de los más vulnerables, revirtiendo los avances prometidos durante años y el endurecimiento de las normas canónicas, promovidas incluso por el papa Francisco y continuadas por León XIV.

En conclusión, la ausencia de medidas cautelares en el caso del obispo de Cádiz, mientras se desarrolla una investigación por abusos, es un claro ejemplo de la ambigüedad y excesiva garantía que domina la gestión de estos casos en la Iglesia española.

Esta decisión no solo ha generado un profundo escándalo y daño irreversible a la imagen de la institución, sino que reafirma la percepción de encubrimiento y falta de compromiso real con las víctimas. Para recuperar la credibilidad y avanzar en la justicia, la Iglesia debe replantear urgentemente sus protocolos y dar prioridad a la protección antes que a la defensa de sus jerarcas.

Otros casos de obispos abusadores

Durante el pontificado del Papa Francisco, la aceptación de renuncias preventivas y la aplicación de medidas cautelares contra obispos y otros miembros del clero acusados de abusos sexuales se convirtió en una política decisiva para enfrentar la crisis de pederastia en la Iglesia Católica. Un caso paradigmático y mediático fue el del obispo Juan Barros en Chile, cuya dimisión fue aceptada públicamente tras el reconocimiento del Papa de que se había cometido un error al respaldarlo inicialmente.

Junto a Barros y otros dos obispos chilenos renunciaron en 2018, después de que el Papa Francisco divulgase la investigación vaticana que mostraba el encubrimiento de abusos cometidos por el sacerdote Fernando Karadima, una mafia interna que sacudió profundamente a la Iglesia chilena y marcó un precedente internacional para la gestión de estos casos.

En otros contextos, como en Estados Unidos o Australia, también se registraron medidas cautelares y renuncias tras descubrirse omisiones o encubrimientos, como en el caso del cardenal George Pell, que fue condenado por delitos de pederastia y pasó tiempo en prisión antes de que su sentencia fuera revisada.

En Perú, el arzobispo José Antonio Eguren renunció tras conocerse su implicación en encubrimientos relacionados con abusos en el Sodalicio de Vida Cristiana, siendo otro claro ejemplo de aceptación preventiva de renuncias en contextos de crisis.

Estos precedentes ejemplifican una línea de actuación que apuesta por el “garantismo con responsabilidad”, paralelamente a la protección de las víctimas y la transparencia. La aceptación anticipada de renuncias o la aplicación de suspensiones cautelares a los obispos implicados para evitar daños mayores a la institución, a las víctimas ya los fieles es una práctica consolidada en el magisterio reciente, que evidencia una voluntad por romper con la inacción histórica que configuró gran parte del escándalo global de la pederastia clerical.

El caso chileno, en particular, es paradigmático al marcar la primera vez que una Conferencia Episcopal completa ofreció su renuncia al Papa para purgar el episcopado, demostrando cómo las renuncias preventivas pueden convertirse en un mecanismo de regeneración eclesial y justicia pastoral.

Por tanto, ante la actual controversia sobre el obispo de Cádiz y Ceuta, monseñor Rafael Zornoza, la ausencia inicial de medidas cautelares tales como la aceptación inmediata de su renuncia o el apartarlo del ministerio público activo no solo se muestra como un desvío respecto a estos estándares internacionales sino como un factor que, sin duda, agrava la crisis de confianza hacia la Iglesia española.