Del blindaje canónico a la muerte jurídica: las complicidades y el largo camino hacia la supresión del Sodalicio

El desmantelamiento definitivo del Sodalicio de Vida Cristiana ha dejado al descubierto un complejo entramado donde la fe, el dinero y el poder se fusionaron para edificar uno de los mayores escándalos de la Iglesia católica contemporánea. Durante décadas, la organización fundada por Luis Fernando Figari en 1971 no solo operó como una estructura de captación y sometimiento psicológico y sexual, sino también como un próspero imperio económico que logró burlar las leyes civiles y tributarias peruanas. Este milagro financiero no fue fortuito. Se cimentó sobre la instrumentalización del derecho canónico y la complacencia, por acción u omisión, de altas autoridades eclesiásticas. Para las víctimas, la supresión decretada formalmente por el Vaticano representa un acto de justicia tardía, pero abre un capítulo ineludible: la exigencia de que la propia Iglesia asuma su responsabilidad institucional por haber permitido, protegido y prolongado el sufrimiento de cientos de jóvenes.

El origen del imperio: El derecho canónico como escudo fiscal

A finales de la década de 1990, el Sodalicio ya no era solo una comunidad de laicos consagrados; era una corporación en franca expansión. Su mina de oro se encontraba en el negocio funerario a través de los cementerios Parque del Recuerdo. Sin embargo, las ganancias de la Asociación Civil San Juan Bautista —el brazo comercial del grupo— corrían el riesgo de verse mermadas por las regulaciones del Estado peruano.

Tal como detallan las investigaciones periodísticas de Pedro Salinas y Paola Ugaz, plasmadas en diversos reportajes sobre el imperio económico de la organización, en este escenario emergió la figura de Jaime Baertl Gómez, un sacerdote sodálite dotado de una singular astucia legal. Registros notariales e informes internos de la propia asociación eclesiástica revelan que Baertl, junto al gestor laico Raúl Guinea Larco —también, al igual que Baertl, miembro de la “generación fundacional” del Sodalicio—, ideó una maniobra: transferir el patrimonio del negocio funerario a una figura estrictamente eclesiástica denominada «Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo». El objetivo central, según consta en los expedientes de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), era acoger los camposantos a los beneficios y exenciones tributarias del Concordato de 1980, el tratado internacional entre la Santa Sede y el Perú que exonera de impuestos a las actividades de culto y pastorales.

Para que este ardid legal fuera digerido por el Estado y por la propia comunidad eclesiástica, Baertl necesitaba legitimidad al más alto nivel. Fue así como Baertl, con la complicidad del entonces obispo de la Diócesis de Lurín, monseñor José Ramón Gurruchaga, acudió a Roma para consultar a influyentes expertos del derecho canónico.

Los arquitectos del blindaje: Ghirlanda y Martínez Sistach

En el año 2000, el Sodalicio obtuvo el respaldo que necesitaba a través de dictámenes jurídicos emitidos por altas autoridades académicas y eclesiásticas europeas, cuyas copias forman parte de los expedientes recopilados en las investigaciones del Ministerio Público (Fiscalía de Lavado de Activos) y citadas extensamente en crónicas de portales especializados como Religión Digital. El primero de los consultores clave fue Gianfranco Ghirlanda, S.J., en ese entonces decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ghirlanda, cuya cercanía y rol histórico como asesor ha sido expuesto en las coberturas del periodista José Manuel Vidal, validó formalmente el modelo solicitado en su dictamen, dando el aval necesario para sostener que operar un cementerio privado lucrativo encajaba bajo el concepto canónico de “misión pastoral”.

Esta línea de defensa institucional fue secundada desde España por Lluís Martínez Sistach, entonces arzobispo de Tarragona y presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal Española. En su respectivo informe jurídico —cuyo contenido fue posteriormente integrado a las carpetas fiscales que revisaron el origen patrimonial del grupo—, Martínez Sistach emitió una opinión favorable que justificaba la viabilidad de la operación financiera desde la perspectiva del derecho de la Iglesia. A nivel local, el canonista peruano Carlos Valderrama Adriansén, presidente del Instituto de Derecho Eclesiástico, terminó de dar forma a los dictámenes que el obispado de Lurín utilizó para autorizar la mutación jurídica del negocio.

Con estas opiniones expertas sobre la mesa, la autoridad tributaria peruana se topó durante años con un muro legal, tal como quedó refrendado en el documento oficial conocido como el Informe 076-2011-SUNAT, el cual ratificó la inafectación del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los servicios funerarios bajo esta figura jurídica. Cada vez que el Estado intentaba fiscalizar a fondo las ganancias, los abogados exhibían los dictámenes avalados indirectamente por Roma, argumentando que fiscalizar a la “Misión” violaba el Concordato. Gracias a la estructura validada por Ghirlanda y Martínez Sistach, el Sodalicio logró blindar financieramente una estructura corporativa que años más tarde sería investigada judicialmente por el Ministerio Público peruano y denunciada públicamente por reportajes periodísticos debido al presunto desvío de capitales hacia paraísos fiscales en Panamá y fideicomisos en Denver (Colorado, EE.UU.).

La influencia de Ghirlanda no se limitó a la justificación tributaria inicial. Años más tarde, al estallar los escándalos de abusos, el Vaticano lo nombró asistente pontificio para la reforma de las constituciones del Sodalicio. Tal como advierten las crónicas de investigación eclesial y el análisis de colectivos de víctimas, las acciones de Ghirlanda durante esta etapa estuvieron guiadas por la intención institucional de “salvar el carisma” de la organización. Bajo la tesis jurídica de que el carisma eclesiástico es independiente de la catadura moral del fundador, su mentoría buscó purificar el marco normativo del grupo protegiendo la supervivencia de la institución, una estrategia de contención que a la postre retrasó las medidas drásticas de disolución total.

La primera intervención: El binomio Tobin-Londoño

Cuando el clamor de las víctimas y las revelaciones plasmadas en el libro Mitad monjes, mitad soldados (2015) hicieron insostenible el silencio en Roma, el papa Francisco decretó las primeras medidas de fiscalización directa. En mayo de 2016, según consta en los comunicados oficiales de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, se nombró al cardenal estadounidense Joseph William Tobin, arzobispo de Newark, como Delegado papal ad nutum con la misión específica de supervisar las finanzas de la organización. Posteriormente, en enero de 2018, mediante un decreto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, la Santa Sede escaló la gravedad de la situación al decretar el comisariado apostólico del Sodalicio, nombrando a monseñor Noel Antonio Londoño , obispo de Jericó (Colombia), como comisario apostólico y máxima autoridad de la institución.

El mandato de Tobin y Londoño generó inicialmente grandes expectativas. Londoño desplazó de la jefatura al entonces superior general, Alessandro Moroni, tomando el control absoluto del gobierno cotidiano. Por su parte, según los informes de gestión eclesiástica de la época, Tobin obligó al Sodalicio a presentar balances financieros semestrales detallados para transparentar el destino de sus fondos. Bajo esta administración temporal, el Sodalicio se vio forzado por primera vez a sentarse a negociar y firmar los primeros acuerdos de reparación económica con un grupo de víctimas.

Sin embargo, a pesar del peso político de ambos prelados, esta primera intervención terminó convirtiéndose en un fracaso estratégico plagado de limitaciones y concesiones que prolongaron la agonía de los afectados.

Los errores de una fiscalización superficial

El error más grave de monseñor Londoño fue pecar de ingenuidad institucional y validar la “falsa transición” del Sodalicio, un hecho documentado y criticado en las crónicas periodísticas de la época. En enero de 2019, Londoño dio por concluida la intervención total al permitir la celebración de la V Asamblea General del grupo, donde el control de la organización fue devuelto a los propios sodálites, quienes eligieron al colombiano José David Correa como Superior General. Los hechos posteriores demostraron que Londoño dio crédito a las promesas de reforma cosmética de una cúpula que había crecido bajo el adoctrinamiento de los fundadores. Al levantar el comisariado, permitió que el Sodalicio montara una fachada de renovación ante el Vaticano, mientras los sistemas de manipulación psicológica e imposición vertical seguían operando en las comunidades.

Por su parte, la fiscalización económica del cardenal Tobin mostró severas deficiencias. Reportes de periodistas de investigación independientes revelaron que, en lugar de ordenar una auditoría forense profunda, independiente y externa sobre el opaco entramado corporativo del Sodalicio, Tobin limitó su labor a revisar los estados financieros que la propia dirigencia de la organización le entregaba. Esta falta de rigor impidió que el delegado papal detectara a tiempo las complejas redes de desvío de capitales hacia empresas offshore en Panamá y fideicomisos en Colorado, permitiendo que el brazo económico del grupo siguiera operando en la impunidad.

Además, el proceso de reparación conducido bajo este periodo fue duramente criticado por los afectados. Según denuncias públicas y cartas abiertas de los colectivos de víctimas y sobrevivientes, los procesos estuvieron marcados por la revictimización y cláusulas leoninas. Las víctimas señalaron que la gestión de Londoño priorizó la firma de acuerdos económicos condicionados a estrictas cláusulas de confidencialidad, buscando proteger el prestigio de la Iglesia antes que garantizar una justicia transparente. Asimismo, los decretos disciplinarios iniciales contra el fundador Luis Fernando Figari —que le prohibían regresar al Perú y lo recluían en una residencia en Italia— funcionaron en la práctica como un “exilio dorado” que lo blindó de la justicia penal ordinaria peruana.

La responsabilidad institucional y moral de la Iglesia

La caída definitiva del Sodalicio no se debió a la eficacia de esta primera intervención, sino al cambio radical de estrategia del papa Francisco, quien envió a los investigadores eclesiásticos Charles Scicluna y Jordi Bartomeu para aplicar una política de tolerancia cero. Esta misión especial determinó que la organización carecía de un carisma divino legítimo y que funcionaba bajo una cultura sectaria de dominación y abuso, lo que derivó en la expulsión definitiva de Jaime Baertl en 2024 —junto con otros 14 sodálites, incluyendo a Figari— y, finalmente, en el decreto de supresión total de la institución firmado en el Vaticano.

Ante este desenlace, un contundente pronunciamiento público emitido el 26 de octubre por los sobrevivientes y víctimas del Sodalicio, difundido ampliamente por agencias internacionales de prensa y medios de comunicación locales, ha puesto el foco sobre el problema de fondo que el Vaticano intentó matizar durante años. En el punto número 5 de dicho documento, los afectados exigen de manera categórica un mea culpa institucional:

“5. La Iglesia católica debe asumir su responsabilidad: no solo permitió el actuar del Sodalicio, sino que falló en la prevención, la supervisión y la respuesta oportuna, pese a que las primeras denuncias públicas datan de hace 26 años. Mantiene, por tanto, una responsabilidad moral e institucional en los procesos de verdad, reparación y acompañamiento.”

Este reclamo histórico desnuda la realidad detrás del caso: el Sodalicio no fue una anomalía indetectable. El grupo operó a plena luz del día, utilizando a juristas del nivel de Ghirlanda y Martínez Sistach para legalizar sus finanzas, y beneficiándose de la lentitud y los errores de interventores como Londoño y Tobin que intentaron salvar una estructura que estaba podrida desde sus cimientos. La supresión del Sodalicio de Vida Cristiana por mandato papal no es una mera reforma administrativa, sino teóricamente la muerte jurídica y extinción absoluta de la organización tras determinarse que su naturaleza era intrínsecamente dañina; sin embargo, este es solo el primer paso, para que no se quede en una mera supresión nominal. El verdadero proceso de justicia comenzará cuando la Iglesia católica reconozca plenamente que su propia negligencia institucional y su complicidad burocrática, documentada a lo largo de más de dos décadas de denuncias desatendidas, permitieron el dolor de toda una generación de jóvenes.