La represión fractura a la Iglesia católica perseguida de Nicaragua
Los obispos en Nicaragua deberían deshelar la comunicación con los obispos en el exilio y reconocer sus nombramientos desde el Vaticano
La elección del obispo de la Diócesis de Granada, Jorge Solórzano, como nuevo Presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) –sin consultar a los obispos exiliados–, pone en evidencia la fractura que existe en la jerarquía y en la comunión de la Iglesia católica nicaragüense perseguida por la dictadura de Daniel Ortega.
Por un lado, está la iglesia del exilio con centenares de sacerdotes, religiosas, y cuatro obispos desterrados y desnacionalizados. Y por otro, los jerarcas y sacerdotes que sufren presiones, vigilancia y hostigamiento a la labor pastoral en Nicaragua.
Lo preocupante es que la jerarquía católica que permanece en el país, ignore y excluya a sus homólogos en el exilio, pese a que todos ellos continúan siendo titulares en sus respectivas diócesis del país, ratificados primero por el Papa Francisco, y en 2025, por el Papa León XIV.
La elección del Presidente de la CEN
El comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en el que anuncian la nueva Junta Directiva, alega que durante la Asamblea General 2024, los obispos acordaron posponer la elección de sus directivos. Sin embargo, fuentes vinculadas a la Iglesia católica desmienten esa versión, y aseguran que monseñor Carlos Enrique Herrera fue reelecto en su cargo durante esa misma Asamblea General para el Trienio 2025 – 2027.
En ese encuentro también eligieron al cardenal Leopoldo Brenes como vicepresidente. Al obispo Jorge Solórzano como secretario y monseñor Marcial Guzmán, como ecónomo.
Aquella reunión fue celebrada la mañana del 13 de noviembre de 2024 en Managua, el mismo día en que el régimen secuestró y desterró al obispo de la Diócesis de Jinotega, Monseñor Carlos Enrique Herrera.
Los estatutos generales de la Conferencia Episcopal nicaragüense establecen que “las funciones del Vicepresidente no se limitarán a sustituir al Presidente, sino que colaborará con él en todo. Deberá hacer sus veces siempre que éste faltare”.
El requisito para ser electo presidente de la CEN consiste en ser simplemente un obispo diocesano del país. Y monseñor Carlos Enrique Herrera lo continúa siendo por mandato de la Santa Sede.
Su permanencia en el cargo desde el exilio no interfiere ni perjudica legalmente el funcionamiento de la Conferencia Episcopal, y eso es lo que hace aún más irrazonable la decisión tomada por los prelados en Nicaragua, que valiéndose de ser mayoría simple, cinco de nueve, decidieron votar en silencio, y sustituir al presidente que ya había sido electo para ese período.
¿Por qué el cardenal Brenes no asumió sus funciones como vicepresidente en ausencia de monseñor Herrera y no esperó hasta el próximo año? ¿Por qué ignoraron la decisión del papa Francisco que, de acuerdo con fuentes de la Iglesia, a finales de 2024 les sugirió no elegir una nueva directiva?
¿Y en esta elección tomaron en cuenta la opinión y participación de consulta del obispo emérito de la Diócesis de Estelí, monseñor Abelardo Mata, quien permanece bajo casa por cárcel?
Contradicciones con la Santa Sede
A mediados de octubre, mons. Herrera, participó en Roma de un encuentro sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia, en el que el Vaticano convocó a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, legitimando así el cargo vigente del obispo nicaragüense exiliado.
En esa oportunidad, el obispo de Jinotega se reunió personalmente con el Papa León XIV, y también habló con el medio católico de noticias EWTN, en el que informó que la Santa Sede pospuso para Nicaragua la visita ad limina, el encuentro que cada cinco años hacen todos los obispos de cada país con el Dicasterio de Obispos y el Sumo Pontífice, para informar sobre el estado de sus diócesis.
“La pospuso para el próximo año, hasta el momento sin fecha específica, por no haber las condiciones apropiadas de los miembros obispos de la conferencia episcopal”, dijo el obispo.
La falta de condiciones son ampliamente conocidas por la persecución que sufre la Iglesia nicaragüense de parte del régimen Ortega Murillo: hostilidad hacia el Vaticano –incluida la ruptura de relaciones diplomáticas–, encarcelamiento y destierro de obispos y sacerdotes, confiscación de bienes, hostigamiento y prohibiciones de actividades religiosas.
Pero las declaraciones de monseñor Herrera en Roma, parece haber incomodado o recordado a los obispos en Nicaragua, de que habían “pospuesto” la elección de sus directivos desde hace dos años.
Sin embargo, también es importante reconocer la soberanía de la que gozan las conferencias episcopales de la Iglesia en el mundo sobre la elección de sus directivos en el ámbito local. La Santa Sede no interfiere ni ordena en estos procedimientos y nombramientos. Pero la decisión de los obispos nicaragüenses dinamita la relación con sus homólogos en el exilio, y pone a prueba el espaldarazo simbólico que representa para el Vaticano mantener el nombramiento en Nicaragua de cuatro obispos exiliados y desterrados, entre ellos, el presidente de la Conferencia Episcopal.
Obispos a prueba
Durante su visita a Roma en octubre, monseñor Carlos Enrique Herrera también participó de una reunión con los presidentes de las conferencias episcopales del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC), para preparar la próxima Asamblea de obispos de la región a celebrarse entre el 16 y el 20 de noviembre en San José, Costa Rica.
La reunión plantea fortalecer “la comunión episcopal, la sinodalidad y una Iglesia cercana al dolor de los pueblos”. ¿Participarán los obispos nicaragüenses que permanecen en Nicaragua y en el exilio?
Normalmente asiste el presidente y el secretario de la Conferencia Episcopal, u obispos delegados, pero la invitación es para todos. Los obispos en el exilio, Carlos Enrique Herrera, Isidoro Mora, Rolando Álvarez y Silvio José Báez, deberían hacer uso de su derecho a participar.
Los obispos en Nicaragua, independientemente de que puedan o no asistir por el temor a un destierro de facto, están en la obligación de reconocer la decisión del Vaticano de mantener en sus cargos a los obispos exiliados, y a deshelar la comunicación con todos ellos.
La comunión de la iglesia no solamente se anuda en su fe y doctrina, sino también en su institucionalidad. Y lo que menos necesita la Iglesia y sus feligreses en este momento es una Iglesia a la medida de una dictadura.