Guatemala, un país secuestrado: Mafias, poder paralelo e impunidad desde el sistema de justicia

Guatemala está secuestrada. No por una guerra declarada ni por una catástrofe natural, sino por un régimen de poder real, paralelo al legítimo, que busca gobernar desde el miedo, la violencia administrada y la impunidad garantizada. Se trata de un sistema que, por la impunidad vigente, ha aprendido a usar la crisis como método de control político. 

La violencia generada por las mafias en contubernio con políticos golpistas no estalla por sorpresa; se activa cuando conviene. Los motines carcelarios, los asesinatos selectivos, las fugas “imposibles”, la inseguridad persistente y la degradación institucional no son anomalías, sino mensajes. Cada episodio cumple una función precisa: intimidar, disciplinar, desmovilizar y recordar quién ejerce el poder real. 

En Guatemala, la crisis no es un accidente: es una herramienta de las mafias que se cobijan en “torres de impunidad” edificadas desde la Fiscalía General, pero que vienen siendo trabajadas desde que expulsaron a la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG y se consolidaron en los dos últimos gobiernos.

Durante años se nos ha repetido que el problema es la debilidad del Estado, su incapacidad estructural o su precariedad histórica. Esa explicación ya no alcanza. Un Estado incapaz no podría sostener durante décadas una impunidad tan eficiente. Lo que existe es algo más grave: un Estado funcional a intereses criminales, capturado desde dentro y diseñado para proteger a quienes lo controlan, mientras falla deliberadamente frente a la ciudadanía.

Aquí la violencia no es un efecto colateral. Es un lenguaje político de quienes han considerado que el país es su finca: una clase política corrupta y una élite económica depredadora.  

El pacto criminal y la economía de la impunidad

Nada de este secuestro sería posible sin dinero. La violencia, la corrupción y la desestabilización requieren financiamiento constante. De ahí la existencia de una economía política de la impunidad, sostenida por lo que algunos han llamado el diezmo político: pagos ilegales que compran protección, silencios, archivos y resoluciones favorables, hasta lobby ante la administración Trump.

Este pacto criminal articula mafias, crimen organizado, operadores políticos, funcionarios públicos de gobiernos anteriores, sectores empresariales inescrupulosos y redes de protección judicial. No es marginal ni excepcional: es transversal. Cruza el Congreso, el sistema de justicia, el aparato de seguridad, el sistema penitenciario y amplias zonas del poder local. Gobernar se vuelve un negocio. La política, una empresa criminal. El Estado, un botín.

En este régimen, la corrupción deja de ser una desviación moral para convertirse en condición de supervivencia. Salirse del pacto tiene costos altos: persecución penal selectiva, campañas de difamación, aislamiento político o violencia directa. Permanecer en él garantiza protección. Así se explica la lealtad de muchos actores a un sistema que destruye el país, pero preserva privilegios.

El sistema de justicia: columna vertebral del secuestro

El corazón del secuestro no está solo en las mafias visibles, sino en las instituciones que renunciaron a su misión. El sistema de justicia, llamado a defender la legalidad, se ha convertido en el principal garante de la impunidad desde las altas cortes con magistrados sin escrúpulos y serviles del nefasto régimen de corrupción para la impunidad.

La ley se aplica de forma selectiva: con rapidez implacable contra quienes incomodan al poder y con lentitud calculada —o silencio absoluto— cuando se trata de aliados. Una justicia selectiva no es justicia: es violencia institucionalizada. No corrige abusos; los legitima. No protege derechos; protege estructuras criminales.

El Ministerio Público, en demasiados casos, ha operado no como perseguidor del delito, sino como escudo del crimen. Investigaciones dirigidas, omisiones deliberadas, pruebas ignoradas, casos fabricados y otros enterrados. No se trata de errores técnicos, sino de decisiones políticas. El daño es profundo: cuando la justicia protege al crimen, el Estado se vuelve cómplice.

El Congreso y la legalización de la impunidad

El Congreso de la República dejó de ser espacio de representación popular para convertirse en mercado de intereses ilegales. Diputados que legislan para blindar privilegios o congraciarse con los capos del crimen organizado, bloquear reformas estructurales y asegurar impunidad. La ley ya no ordena la convivencia democrática: protege al poder ilegítimo.

Esta traición tiene consecuencias históricas. Cuando el Legislativo se subordina a mafias y pactos oscuros, la democracia se vacía de contenido y la legalidad se convierte en una fachada. El secuestro del país se formaliza a través de decretos, reformas regresivas y silencios estratégicos.

Cárceles y seguridad: gobernar desde el terror

El sistema penitenciario expone la inversión total del Estado. Las cárceles dejaron de ser espacios de reclusión para convertirse en centros de operación criminal. Desde allí se gobiernan territorios, se ordenan asesinatos, se negocia el miedo. Cuando el crimen manda desde las prisiones, el Estado ha sido derrotado desde dentro.

Reducir la crisis de seguridad a maras y pandillas es una forma de mentir. El problema no es solo criminal; es político. Guatemala enfrenta poderes paralelos que controlan territorios, imponen normas y deciden sobre la vida de comunidades enteras, con protección institucional y tolerancia política.

Las víctimas casi siempre son las mismas: jóvenes, pobres, mujeres, comunidades empobrecidas y abandonadas, policías de bajo rango, ciudadanía común. El régimen sacrifica vidas mientras los verdaderos beneficiarios permanecen a salvo. Eso no es casualidad. Es clasismo criminal.

El Ejecutivo: entre la oportunidad y el riesgo

En el actual contexto, el Ejecutivo no ocupa el centro del entramado corrupto. Ese desplazamiento es real y significativo. Pero no basta con no ser corrupto cuando se gobierna un Estado secuestrado. La neutralidad frente a la injusticia también produce daño.

El mayor riesgo es administrar la crisis en lugar de enfrentarla. Gobernar sin disputar el poder real. Normalizar lo que debería escandalizar. En momentos críticos, la prudencia excesiva se parece demasiado a la resignación. La historia no juzga solo intenciones: juzga decisiones.

Gobernar hoy exige liderazgo con densidad ética, capaz de nombrar al adversario estructural, asumir el conflicto democrático y apoyarse en la ciudadanía organizada. Sin eso, el régimen de impunidad se recompone.

El gran silencio: no nombrar responsables

Hay un silencio que sostiene todo este sistema: la negativa a nombrar responsables concretos. Se habla de estructuras, pero no de operadores. De sistemas, pero no de decisiones. De corrupción, pero no de culpables.

Ese silencio no es neutral. Es funcional al secuestro. Mientras no haya nombres, no hay rendición de cuentas. Nombrar no es venganza. Nombrar es justicia. La injusticia nunca ocurre sola: siempre tiene autores, cómplices y beneficiarios.

Un país que no se atreve a decir quién destruye sus instituciones termina aceptando la destrucción como destino.

Romper el secuestro

No hay salida sin verdad. No hay paz sin justicia. No hay estabilidad sin ruptura. El secuestro del país no caerá con llamados abstractos a la moralidad ni con reformas cosméticas. Exige ciudadanía organizada, presión social sostenida, liderazgo ético y una decisión colectiva de no obedecer más al miedo.

La esperanza no es ingenuidad. Es resistencia. Es negarse a normalizar la injusticia. Es afirmar que Guatemala no está condenada, sino secuestrada.

Y ningún poder que se sostiene sobre el poder de las mafias, la mentira y la impunidad es eterno.