La instrumentalización de las víctimas de abusos para arremeter contra el cardenal Castillo, arzobispo de Lima

Cualquier abuso sexual contra un menor es una tragedia. Y lo es aún más cuando quien lo comete es un sacerdote. En estos casos, la Iglesia podría limitarse a dejar todo en manos de la justicia del Estado. Sin embargo, también aplica su propio sistema de justicia interno, para investigar y sancionar a los responsables.

¿Por qué aplicar esta doble vara de medir? Porque muchos casos no llegan a resolverse en la justicia civil. A veces, se archivan porque el delito ha prescrito, porque no hay pruebas suficientes o porque las víctimas temen iniciar procesos judiciales largos, dolorosos y costosos. Por eso, los obispos y superiores religiosos, cuando tienen indicios serios de que un sacerdote puede ser un victimario, sienten la responsabilidad de actuar para proteger a las personas más vulnerables.

El problema es que la Iglesia tiene pocos medios para hacerlo. Su legislación penal es muy básica y hay pocos especialistas en derecho penal dentro de su sistema judicial. Además, quienes toman decisiones en estos casos suelen recibir críticas desde distintos ámbitos. De ahí que hacer hoy justicia en la Iglesia signifique exponerse como nunca al ‘fuego amigo’. En particular, al de los opinólogos eclesiásticos, que proliferan como setas.

Y, entre los clérigos, esta clase abunda y sienta cátedra sobre todo y sobre todos. Por un lado, unas veces acusan a los canonistas y jueces de ser demasiado permisivos y de encubrir abusos, originados siempre, presuntamente, en la tan manida homosexualidad del clero (que siempre es de izquierdas, según tales opinólogos).

Otras veces, esos mismos opinadores señalan a canonistas y jueces porque son, según ellos, demasiado duros con los ‘pobres sacerdotes’ acusados, sin respeto alguno por el derecho de defensa y la presunción de inocencia del clero (a sabiendas de que el clero inocente es siempre derechas). En medio de estas discusiones maniqueas e ideológicas, está claro que son muchos los que opinan sin conocer bien los hechos ni los procedimientos.

Con frecuencia, las víctimas quedan en segundo plano. Instrumentalizadas y revictimizadas. En lugar de pensar realmente en ellas, se convierten a menudo en piedras arrojadizas de debates ideológicos ajenos o de luchas cainitas dentro de la Iglesia.

Un ejemplo claro de estos procedimientos se vio en los ataques contra León XIV. Antes de ser elegido Papa, cuando aún era Prefecto de Obispos, el cardenal Prevost fue acusado falsamente de haber encubierto abusos en Chiclayo. Estas acusaciones circularon desde mayo de 2024, cuando dispuso la renuncia del arzobispo de Piura, el Sodálite Eguren Anselmi. Pero el sambenito lo persiguió hasta las mismísimas puertas del cónclave.

Y eso que muchos de esos ataques malvados parecían tener más que ver con disputas internas que con una verdadera preocupación por las víctimas. Tormentas en vasos de agua que empezaban en USA y se amplificaban en Madrid. Abundantemente untadas con dinero y mucha maledicencia. ¡Todo un alarde de comunión eclesial!

Ahora, ocurre algo parecido con el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Uno de los 350 sacerdotes de su diócesis ha sido acusado de realizar tocamientos no consentidos en el ámbito de la confesión a alguna mujer adulta y, por lo que se sabe hasta ahora, también a una menor. Y hasta es posible que aparezcan más denuncias.

Según el comunicado publicado por la arquidiócesis de Lima, la denuncia llegó pocos días antes del cierre de la curia por Navidad (del 22 de diciembre al 5 de enero). Además, el cardenal tenía que viajar a Roma para el Consistorio y la Visita ad limina. Aun así, el 23 de diciembre informó del caso a la Comisión de Escucha y ordenó iniciar una investigación, que todavía sigue en curso. También impuso medidas disciplinarias al sacerdote acusado y se comprometió a hacer un seguimiento personal del caso.

Tres meses después de la primera denuncia, no parece, pues, que haya habido inacción por parte del arzobispado limeño. De hecho, se actuó con relativa rapidez y diligencia, dentro de las dificultades propias del caso.

Porque investigaciones de este tipo son complejas, sobre todo cuando hay de por medio aspectos confidenciales como el sacramento de la confesión o cuando las presuntas víctimas piden discreción. Más aún, cuando otras circunstancias las dificultan, como las señaladas en el Comunicado de Prensa emitido por la Arquidiocesis Limeña, ejemplo (raro en Latinoamérica) de transparencia eclesial.

Religión Digital está comprometida desde siempre (cuando aún no era norma en la Iglesia) con la lucha contra los abusos eclesiales. Queremos expresar solidaridad con las posibles víctimas y con cualquier persona que haya sufrido abusos. Pero también sabemos reconocer la dificultad de gobernar una diócesis grande y compleja como la de Lima, acostumbrada hasta un pasado no muy lejano a chapotear en el barro de la corrupción eclesial.

Las falsas acusaciones contra el entonces cardenal Prevost terminaron aumentando su visibilidad hasta su elección como Papa. Algo similar podría ocurrir con el cardenal Castillo, una figura de las más relevantes de la Iglesia en América, que podría verse 'prorrogado' hasta su octogésimo aniversario como arzobispo titular de Lima.

De ahí que algunos consideren que el llamado “caso de Lima” no se debe tanto a la actuación del arzobispo ni a la legítima búsqueda de justicia de las víctimas. Más bien, es el ‘caso de Lima’ por cómo ciertos sectores clericales peruanos utilizan estos casos para sus propias disputas, lo que termina revictimizando a quienes ya han sufrido.

Por eso, una vez más pedimos poner fin a tanta manipulación informativa. Es necesario poner de una vez en primer plano la justicia y la protección de las víctimas.