La ley del más fuerte deja siempre víctimas

“La guerra es siempre una derrota de la humanidad”. Esta frase del papa Francisco no es un recurso retórico. Es una advertencia moral que vuelve a resonar ante la escalada militar en torno a Irán.

El reciente ataque de Israel, con el respaldo explícito de Estados Unidos, no puede leerse como una simple maniobra dentro del ajedrez geopolítico de Oriente Medio. No estamos ante un movimiento técnico aislado, sino ante una decisión que tensiona aún más una región ya profundamente herida. Cada nueva acción militar en ese escenario incrementa el riesgo de desestabilización y amplía el círculo del sufrimiento.

El análisis no puede quedarse en la eficacia estratégica. Es necesario un juicio moral y jurídico. El derecho internacional no es una formalidad diplomática; es el dique que intenta contener la ley del más fuerte. Tras la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional estableció límites claros al uso de la fuerza. La Carta de Naciones Unidas no nació del idealismo ingenuo, sino de la memoria del horror.

La tradición moral católica coincide en lo esencial. El Catecismo reconoce el derecho a la legítima defensa, pero fija condiciones estrictas (CEC 2308-2309): que el daño sea grave y cierto, que se hayan agotado los medios pacíficos, que la respuesta sea proporcionada y que no provoque males mayores. No basta invocar una amenaza potencial; debe acreditarse su inminencia. No basta hablar de prevención; hay que demostrar que no existía alternativa eficaz.

Ningún Estado, por poderoso que sea, puede arrogarse el derecho de erigirse en guardián exclusivo del orden mundial

Cuando estas condiciones se diluyen, la legítima defensa pierde claridad. Y cuando la excepción se convierte en norma, el orden internacional comienza a resquebrajarse. Si la fuerza sustituye al derecho, todos quedamos más expuestos, especialmente los pequeños, los descartados.

Ningún Estado, por poderoso que sea, puede arrogarse el derecho de erigirse en guardián exclusivo del orden mundial, como si su propia percepción del bien y de la seguridad bastara para legitimar intervenciones unilaterales. La comunidad internacional no se sostiene sobre tutelas implícitas ni sobre hegemonías morales autoproclamadas, sino sobre normas compartidas que obligan a todos por igual. Cuando una nación se sitúa simultáneamente como juez, parte y ejecutor, el derecho deja de ser referencia común y se convierte en instrumento de poder, debilitando precisamente el orden que dice querer proteger.

Ya antes de que comenzara la intervención militar se escuchaban voces que veían en ella una oportunidad para debilitar o incluso provocar la caída del régimen iraní. Es cierto que el sistema político de Irán mantiene graves restricciones de libertades y vulneraciones de derechos humanos que deben ser denunciadas sin ambigüedades. Pero convertir la guerra en instrumento para rediseñar un país es otra cosa. La experiencia reciente muestra que ese tipo de intervenciones no suelen traer estabilidad, sino procesos prolongados de fragmentación, vacío de poder y sufrimiento añadido para la población civil.

Cuando la población civil queda sin protección efectiva, el debate deja de ser estratégico y se convierte en moral

Este conflicto tampoco puede analizarse aislado del contexto regional. Gaza sigue siendo una herida abierta. La devastación, el altísimo número de víctimas civiles y la crisis humanitaria han provocado investigaciones internacionales por posibles crímenes de guerra. El término genocidio posee un significado jurídico preciso y exige prudencia; pero el solo hecho de que se examine esa hipótesis revela la gravedad extrema del drama humano allí vivido. Cuando la población civil queda sin protección efectiva, el debate deja de ser estratégico y se convierte en moral.

Ucrania ofrece otra lección dolorosa. Años de guerra han dejado ciudades arrasadas, millones de desplazados y generaciones marcadas por el trauma. La vulneración del derecho internacional allí no fue una discusión académica; tuvo nombre, rostro y exilio. Cuando el orden jurídico se rompe en un punto del mapa, la onda expansiva termina afectando a todos.

En todos estos escenarios se repite una constante: los más débiles cargan con el peso principal. Niños que interrumpen la escuela, enfermos que pierden tratamientos, ancianos que no pueden huir, familias que pasan de la normalidad al desarraigo en cuestión de días. No participan en los cálculos estratégicos, pero sufren sus consecuencias. Ahí se mide la verdad de cualquier decisión política.

El primer ataque de la ofensiva no ha sido ajeno a esta lógica de daño desproporcionado: un bombardeo alcanzó una escuela en Minab, en el sur de Irán, y dejó decenas de niñas y niños muertos. Una tragedia que recuerda que, en toda guerra, los más inocentes pagan el precio más alto.

Ser progresista en clave eclesial no significa alinearse con bloques geopolíticos. Significa afirmar que la persona está por encima de la estrategia, que el derecho debe encauzar la fuerza y que la comunidad internacional necesita instituciones capaces de arbitrar conflictos sin doble rasero. Significa denunciar la represión donde exista y, al mismo tiempo, cuestionar cualquier acción que agrave el sufrimiento de una población ya castigada.

La posición ha de ser clara y serena: el uso de la fuerza solo puede considerarse moralmente admisible cuando se cumplen de manera estricta y verificable todas las condiciones de la legítima defensa. De lo contrario, corresponde exigir transparencia, investigación independiente y un retorno decidido a la vía diplomática.

Cuando la guerra deja de escandalizar, algo se debilita en lo más hondo de la conciencia colectiva. Nos acostumbramos al lenguaje de la destrucción, a las cifras de víctimas, a la idea de que la violencia es inevitable. Ese adormecimiento es peligroso. Ninguna estrategia, por sofisticada que sea, puede justificar la erosión del sentido de la dignidad humana.

Si perdemos ese criterio, la derrota no será solo política o militar. Será una derrota moral. Y esa es siempre la más grave.