El marco temporal en Brasil: memoria histórica, disputa constitucional y el caminar de la Iglesia junto a los pueblos indígenas

Hasta 2025, el debate sobre el llamado marco temporal se ha convertido en una de las expresiones más claras de la tensión entre memoria y olvido en la historia reciente de Brasil. No se trata únicamente de una discusión jurídica sobre la demarcación de tierras, sino de una disputa profunda sobre cómo el país reconoce —o niega— la existencia histórica de los pueblos indígenas y su derecho a continuar siendo pueblos con territorio, cultura y futuro. El marco temporal es una tesis que afirma que solo tendrían derecho a la demarcación de sus tierras aquellos pueblos indígenas que estuvieran ocupando físicamente esos territorios el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución Federal. Presentado como un criterio de seguridad jurídica, este argumento encierra, en realidad, una negación estructural de la historia de expulsiones, violencias, masacres y desplazamientos forzados que marcaron la relación del Estado brasileño con los pueblos originarios durante siglos.

Al imponer una fecha límite, el marco temporal exige a los pueblos indígenas que prueben su presencia en territorios de los que muchas veces fueron expulsados por la fuerza, confinados en áreas reducidas o empujados a procesos de invisibilización y dispersión. De este modo, una violencia histórica se transforma en argumento jurídico, y el despojo se convierte en criterio legal. Por eso, desde el inicio, esta tesis fue fuertemente cuestionada por organizaciones indígenas, antropólogos, juristas y movimientos sociales, que señalaron su incompatibilidad con el espíritu y la letra de la Constitución de 1988.

Este conflicto llegó al centro del escenario institucional cuando fue analizado por el Supremo Tribunal Federal, que en septiembre de 2023 declaró inconstitucional la tesis del marco temporal. El tribunal afirmó que los derechos territoriales indígenas son derechos originarios, anteriores al propio Estado brasileño, y que la Constitución no condiciona estos derechos a la ocupación en una fecha específica. Esta comprensión fue reafirmada y consolidada en los años siguientes, y en 2024 y 2025 el STF volvió a pronunciarse al declarar inconstitucionales los principales dispositivos de la ley que había intentado incorporar el marco temporal al ordenamiento jurídico. Con ello, el Supremo dejó claro que el derecho indígena a la tierra no nace de una concesión estatal, sino del reconocimiento de una presencia histórica y cultural que precede a la formación del Estado nacional.

Sin embargo, la decisión del STF no puso fin al conflicto. En 2025, el Congreso Nacional mantuvo la ofensiva política mediante la tramitación de una Propuesta de Enmienda Constitucional, conocida como la PEC del marco temporal. Esta iniciativa busca introducir el criterio temporal directamente en el texto de la Constitución, alterando su sentido original y desfigurando el pacto constitucional construido tras el fin de la dictadura militar. La aprobación de la PEC en el Senado y su envío a la Cámara de Diputados provocaron una nueva ola de movilizaciones indígenas en todo Brasil, así como fuertes reacciones de sectores académicos, jurídicos y de derechos humanos, que alertan sobre el riesgo de constitucionalizar una injusticia histórica.

La insistencia en esta propuesta revela que el debate sobre el marco temporal no es meramente técnico, sino profundamente político y económico. En el fondo, está en juego un modelo de desarrollo que prioriza el agronegocio, la minería y la explotación intensiva de los bienes naturales, incluso cuando ello implica el sacrificio de pueblos enteros y la destrucción de ecosistemas. Para los pueblos indígenas, el territorio no es un recurso ni una mercancía, sino el espacio donde se sostiene la vida en todas sus dimensiones, donde habitan los ancestros, donde se transmiten los saberes y donde se vive una espiritualidad profundamente vinculada a la tierra. Limitar ese vínculo mediante un criterio temporal es desconocer cosmovisiones completas y negar la diversidad cultural que la propia Constitución afirma proteger.

En este contexto de fuerte tensión institucional, la Iglesia católica en Brasil ha asumido un papel significativo, especialmente a partir de su opción por los pobres y por los pueblos históricamente marginados. A través del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), de diócesis amazónicas, pastorales sociales y comunidades comprometidas, la Iglesia ha caminado junto a los pueblos indígenas, acompañando sus luchas, escuchando sus clamores y denunciando las injusticias que amenazan su existencia. Este acompañamiento no se da desde una lógica de tutela, sino desde el reconocimiento del protagonismo indígena y del valor de sus culturas, espiritualidades y modos de vida.

La voz profética de la Iglesia se ha expresado en notas públicas, celebraciones, vigilias, presencia en movilizaciones pacíficas y articulación con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. En muchos territorios, la Iglesia ha sido también un espacio de refugio, de memoria y de fortalecimiento comunitario frente a la violencia y la criminalización. Esta postura encuentra un respaldo claro en el magisterio del Papa Francisco, especialmente en documentos como Laudato Si’ y Querida Amazonia, donde se afirma que no hay justicia ambiental sin justicia social y que los pueblos indígenas no son obstáculos al desarrollo, sino custodios de la vida y de la casa común.

Desde esta perspectiva, la defensa del territorio indígena no es solo una cuestión legal o política, sino una exigencia ética y espiritual. Defender la tierra es defender la vida, la dignidad y la posibilidad de un futuro compartido. Por eso, hasta 2025, el marco temporal se ha convertido en un símbolo de dos proyectos de país que se enfrentan. Uno que insiste en resolver la deuda histórica mediante el olvido, la restricción de derechos y la subordinación de la vida a los intereses del mercado. Otro que apuesta por la memoria, el reconocimiento de los derechos originarios y la convivencia con la diversidad cultural y ambiental como riqueza y no como amenaza.

En medio de esta disputa, la presencia de los pueblos indígenas en las calles, en los tribunales y en los territorios, acompañada por la Iglesia y por amplios sectores de la sociedad civil, sigue recordando a Brasil que la democracia no se mide solo por leyes y procedimientos, sino por su capacidad de escuchar a quienes han sido históricamente silenciados. El futuro del país, y de la Amazonía en particular, depende en gran medida de cómo se resuelva este conflicto y de si prevalecerá una lógica de justicia histórica o una nueva forma de despojo legitimada por el derecho.