Los supervivientes del Sodalicio exigen reparación integral, denuncian la privatización de bienes destinados a reparar a las víctimas y reclaman responsabilidades

Los supervivientes del Sodalicio de Vida Cristiana expresamos nuestro agradecimiento al papa Francisco por tres decisiones fundamentales: 

1. Por haber expulsado del Sodalicio, en agosto de 2024, a quienes consideramos nuestros principales agresores. 
2. Por haber suprimido el Sodalicio de Vida Cristiana el 14 de abril de 2025, una medida disciplinaria sin precedentes, tras constatar la ausencia de un carisma originario y el empleo de métodos sectarios en el trato a las víctimas. 
3. Por haber nombrado al comisario pontificio Jordi Bertomeu Farnós, encargado del proceso de liquidación de los bienes del Sodalicio y de hacer posible la reparación integral de las víctimas. Agradecemos igualmente al papa León XIV por haber confirmado las disposiciones de su predecesor. Le pedimos que, durante su próximo viaje al Perú, mantenga un encuentro con una representación de los supervivientes del Sodalicio. Nuestra voz debe ser escuchada directamente por el Santo Padre, y nuestra situación no puede quedar relegada mientras continúan pendientes la verdad, la justicia y la reparación. 

Junto con estos agradecimientos, consideramos necesario trasladar a la opinión pública nacional e internacional nuestras denuncias y exigencias. 

Denunciamos la continuidad de la estructura económica del Sodalicio y la privatización de bienes que debían contribuir a reparar a las víctimas 

Los supervivientes denunciamos que, pese a la supresión del Sodalicio, su estructura económica continúa activa. Denunciamos, en particular, la presunta privatización de bienes que, antes de la supresión, tenían carácter eclesial y que, a nuestro entender, debían ponerse a disposición del comisario pontificio para contribuir a la reparación integral de las víctimas. 

Por ello, señalamos a José David Correa, Juan Carlos Bolt y José Antonio Dávila, últimos dirigentes del Sodalicio, por su presunta responsabilidad en las operaciones de privatización de bienes eclesiales que, según sostenemos, debían quedar a disposición de la Santa Sede. Consideramos que estas actuaciones habrían frustrado las legítimas expectativas de reparación de cientos de víctimas. 

Esta denuncia adquiere especial gravedad ante el hecho de que más de 250 víctimas participaron, durante los meses de mayo y agosto de 2026, en el canal de primera escucha habilitado en la Nunciatura Apostólica de Lima. Mientras los supervivientes acudían a la representación pontificia para dar testimonio de lo sufrido y reclamar justicia, los bienes que, a nuestro juicio, debían contribuir a su reparación se encontraban fuera del alcance efectivo del proceso eclesial de liquidación. 

Por todo ello, exigimos también a la Santa Sede que, mientras no se complete la reparación económica de las víctimas, no se incardine a sacerdotes que pertenecieron al Sodalicio, no se autoricen celebraciones religiosas públicas en los cementerios Parque del Recuerdo y no se otorgue reconocimiento canónico a nuevas entidades que incorporen a antiguos miembros de esta familia espiritual. 

Denunciamos la presunta responsabilidad de cuatro obispos peruanos en la privatización de bienes eclesiales 

Los supervivientes denunciamos la actuación de Carlos García Camader, José Antonio Eguren Anselmi, Lino María Panizza Richero y Luis Alberto Barrera Pacheco, los cuatro obispos que estaban al frente de las diócesis peruanas propietarias de los cementerios Parque del Recuerdo en 2021.

Denunciamos que se habría permitido la privatización de dichos bienes sin la autorización de la Santa Sede que, a nuestro juicio, resultaba necesaria por tratarse de actos de administración extraordinaria conforme a la legislación canónica aplicable. 

Consideramos necesario esclarecer por qué quienes tenían responsabilidades de gobierno eclesiástico no habrían garantizado suficientemente la protección de estos bienes ni la defensa de las víctimas frente a la Asociación Civil San Juan Bautista, que, según la información de la que disponemos, es actualmente propietaria de esos activos. 

Emplazamos a Paolo Rudelli, sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, a promover las actuaciones canónicas y estatales que correspondan para esclarecer las presuntas irregularidades económicas relacionadas con el Sodalicio suprimido y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de ellas

Por ello, emplazamos a Paolo Rudelli, sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, a promover las actuaciones canónicas y estatales que correspondan para esclarecer las presuntas irregularidades económicas relacionadas con el Sodalicio suprimido y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de ellas. 

No se trata únicamente de una controversia sobre la titularidad de determinados bienes. Se trata de esclarecer si un patrimonio que debía contribuir a determinar responsabilidades y reparar daños quedó fuera del alcance de ese propósito mientras los supervivientes continuamos esperando una respuesta efectiva de la Iglesia. 

Exigimos explicaciones sobre la participación de Rafael López Aliaga en una operación vinculada al desarrollo de nuevos cementerios 

Los supervivientes señalamos la actuación de Rafael López Aliaga por haber aceptado constituir, mediante la sociedad ACRES, un fideicomiso de titulización de activos destinado al desarrollo de nuevos cementerios junto con la Asociación Civil San Juan Bautista. 

Consideramos necesario esclarecer públicamente la naturaleza de esta operación, los activos implicados, sus beneficiarios y las consecuencias que podría tener para la determinación de responsabilidades y la reparación integral de las víctimas del Sodalicio. 

No aceptamos que nuevas operaciones económicas vinculadas a estas estructuras avancen sin explicaciones suficientes sobre el origen, la titularidad y el destino de los bienes relacionados con la estructura económica del Sodalicio. 

Exigimos transparencia documental y que se esclarezca si estas operaciones pueden afectar, directa o indirectamente, a la identificación de los activos y a las posibilidades de reparación de las víctimas. 

Inclusión de Fátima Saldonid en la comitiva periodística del próximo viaje papal al Perú 

Los supervivientes expresamos nuestra preocupación y rechazo ante la decisión de incluir a Fátima Saldonid en la comitiva periodística del próximo viaje del papa al Perú. 

Por este motivo, cuestionamos los criterios aplicados en este proceso de selección y pedimos explicaciones al nuncio apostólico en Lima, Paolo Rocco Gualtieri; al conjunto de los obispos peruanos, presididos por Carlos García Camader; y a Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. 

Consideramos necesario que se examinen los criterios de selección de la cobertura periodística del viaje papal, incluida la actuación profesional de quienes han sido acreditados. En particular, cuestionamos la cobertura y las posiciones públicas que atribuimos a Fátima Saldonid, a quien vinculamos con el entorno del político peruano e influencer de ultraderecha Luciano Reboredo, director de “La Abeja”, en relación con ataques reiterados contra varios cardenales y obispos peruanos, entre ellos los cardenales Castillo y Barreto, el actual arzobispo coadjutor Estrada y Robert F. Prevost, entonces obispo y posteriormente cardenal. 

Consideramos que la cobertura del viaje papal debe garantizar criterios transparentes, plurales y profesionales que no se están cumpliendo. 

Exigimos medidas ante la continuidad de actividades vinculadas al entorno del Sodalicio en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación 

Los supervivientes denunciamos la demora de un año y medio del cardenal Carlos Castillo Mattasoglio en adoptar medidas contundentes respecto de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, situada en Camacho.

Nos resulta inadmisible que Ignacio Blanco Eguiluz, quien fue secretario de Luis Fernando Figari durante más de veinte años, continúe impartiendo clases públicas en ese entorno, o que Juan Carlos Rivva Lama (P. Chaly) acusado de abusos por varias víctimas, continúe ejerciendo como párroco. 

Consideramos que la Iglesia no puede limitarse a reconocer la gravedad de los abusos y a suprimir la institución responsable sin examinar también la continuidad de las personas, las prácticas y los espacios vinculados a esa historia. 

Pedimos al cardenal Carlos Castillo Mattasoglio que actúe con decisión, escuche a los supervivientes y adopte las medidas necesarias para garantizar que los espacios eclesiales no se conviertan en lugares de continuidad, legitimación o normalización de estructuras asociadas al daño que hemos sufrido. 

La protección de las víctimas debe prevalecer sobre cualquier consideración institucional. La Iglesia tiene la responsabilidad de ofrecer respuestas concretas, transparentes y oportunas, y de evitar que la falta de medidas alimente la desconfianza de quienes esperan justicia

La protección de las víctimas debe prevalecer sobre cualquier consideración institucional. La Iglesia tiene la responsabilidad de ofrecer respuestas concretas, transparentes y oportunas, y de evitar que la falta de medidas alimente la desconfianza de quienes esperan justicia. 

Exigimos responsabilidades a la Asociación Civil San Juan Bautista 

Los supervivientes denunciamos que los dirigentes de la Asociación Civil San Juan Bautista y, en particular, su abogado, Percy García Cavero, no han asumido, a nuestro juicio, responsabilidades suficientes por los daños que el Sodalicio nos causó. 

La supresión del Sodalicio no puede servir para eludir las consecuencias de los abusos ni para desvincular de toda responsabilidad a las estructuras económicas y jurídicas relacionadas con su actividad. 

Exigimos explicaciones claras y documentadas sobre la titularidad, la gestión y el destino de los bienes vinculados al Sodalicio, así como sobre las obligaciones que pudieran corresponder a las entidades que actualmente los administran o poseen. 

La reparación integral no puede reducirse a declaraciones públicas o comunicados que consideramos insuficientes, como los emitidos hasta ahora por la Asociación Civil San Juan Bautista. Requiere transparencia patrimonial, reconocimiento de responsabilidades y medidas concretas que permitan atender el daño causado a las víctimas. 

Por ello, reclamamos que la Asociación Civil San Juan Bautista haga pública la documentación pertinente sobre los activos relacionados con el Sodalicio, explique las operaciones realizadas y aclare qué medidas ha adoptado, o prevé adoptar, para contribuir a una reparación efectiva. 

La transparencia no es una concesión voluntaria: constituye una condición indispensable para esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades que correspondan y restablecer la confianza. 

Denunciamos el archivo de la investigación por presunto lavado de activos y exigimos explicaciones al Ministerio Público 

Los supervivientes denunciamos la decisión del Ministerio Público peruano de archivar, el 5 de octubre de 2026, la investigación de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, Tercer Despacho, relativa a presuntos hechos de lavado de activos atribuidos a la Asociación Civil San Juan Bautista. 

Cuestionamos esta decisión porque consideramos que no ofrece, hasta donde conocemos, una respuesta suficiente a la gravedad de las cuestiones que deben esclarecerse, especialmente ante la petición expresa de la Santa Sede de investigar a fondo la documentación que el Sodalicio de Vida Cristiana habría transmitido al Estado peruano. 

Consideramos necesario determinar si la investigación examinó de manera exhaustiva la documentación disponible, las operaciones cuestionadas y los posibles indicios relevantes. Asimismo, denunciamos lo que entendemos como un posible incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano en materia de investigación y lucha contra el lavado de activos, sin perjuicio de la valoración jurídica que corresponda a las autoridades competentes. 

Exigimos que, con la intervención de las autoridades competentes y del fiscal general del Estado, Tomás Aladino Gálvez Villegas, se expliquen públicamente los fundamentos de la decisión de archivo, se aclare el alcance de la documentación remitida y se garantice una evaluación rigurosa de cualquier indicio relevante que pudiera haber quedado sin examinar.

Las víctimas no podemos aceptar que una investigación de esta trascendencia se cierre sin que la opinión pública reciba explicaciones suficientes sobre las cuestiones planteadas, las diligencias realizadas y los fundamentos de la decisión adoptada. 

La lucha contra el lavado de activos exige rigor, independencia y transparencia. Por ello, reclamamos que se esclarezcan los motivos del archivo y que se adopten las medidas legalmente procedentes si se identifican elementos que justifiquen una nueva actuación. 

Exigimos explicaciones al sacerdote Jaime Baertl Gómez sobre las acusaciones relativas a la estructura económica del Sodalicio 

Los supervivientes denunciamos la falta de explicaciones públicas suficientes por parte del sacerdote Jaime Baertl Gómez, quien ha actuado en representación de la Asociación Civil San Juan Bautista y de la sociedad offshore San Ignacio. 

Ante las reiteradas informaciones y denuncias difundidas en los medios peruanos sobre presuntos hechos de lavado de activos, exigimos que se aclaren públicamente las relaciones económicas, societarias y patrimoniales que vincularían a estas entidades con la estructura económica del Sodalicio. 

Consideramos imprescindible esclarecer el papel que habrían desempeñado las sociedades offshore San Ignacio y Fundación Santa Rosa de Lima en esa estructura y determinar, mediante la documentación pertinente, qué personas y entidades tomaron las decisiones relevantes, qué bienes estuvieron involucrados y quiénes se beneficiaron de las operaciones cuestionadas. 

La reparación integral exige conocer la verdad patrimonial, identificar los recursos disponibles y esclarecer si las operaciones realizadas pudieron perjudicar los derechos de las víctimas

Solicitamos que se hagan públicas las explicaciones y los documentos que permitan reconstruir las operaciones relevantes, identificar a sus responsables y determinar el destino de los activos, con pleno respeto a las competencias de las autoridades encargadas de investigar cualquier posible irregularidad. 

No formulamos esta exigencia para sustituir el trabajo de las autoridades competentes, sino porque la transparencia es indispensable cuando existen denuncias graves que afectan a bienes, instituciones y personas vinculadas a una organización suprimida por la Iglesia. 

La reparación integral exige conocer la verdad patrimonial, identificar los recursos disponibles y esclarecer si las operaciones realizadas pudieron perjudicar los derechos de las víctimas. 

Denunciamos las actuaciones judiciales y la campaña de descrédito contra el comisario pontificio, y rechazamos la instrumentalización de las víctimas 

Los supervivientes denunciamos que la Asociación Civil San Juan Bautista, una de las entidades que vinculamos a la estructura económica del Sodalicio suprimido, ha promovido durante los últimos dos años actuaciones judiciales contra Jordi Bertomeu Farnós, comisario pontificio encargado de la liquidación del Sodalicio. 

Nos preocupa que estas actuaciones puedan afectar a su reputación y obstaculizar el proceso que lleva adelante para esclarecer la situación patrimonial de la institución y hacer posible la reparación integral de las víctimas. 

Reconocemos el derecho de cualquier persona o entidad a recurrir a los mecanismos judiciales legítimos. Sin embargo, exigimos que estos no se utilicen como instrumentos de intimidación, descrédito o presión destinados a debilitar la actuación del comisario pontificio. 

Pedimos que se examine con rigor la naturaleza y los efectos de las actuaciones emprendidas, sin prejuzgar su legitimidad, y que se garanticen las condiciones necesarias para que el mandato encomendado por la Santa Sede pueda desarrollarse con independencia, transparencia y seguridad jurídica. 

La misión del comisario pontificio debe poder avanzar sin presiones indebidas y con garantías suficientes para esclarecer la situación patrimonial del Sodalicio, identificar los bienes relevantes y contribuir a una reparación efectiva. 

Cualquier intento de obstaculizar ese proceso debe examinarse con seriedad, especialmente cuando están en juego los derechos de las víctimas y la necesidad de rendir cuentas. 

Asimismo, denunciamos públicamente lo que consideramos una campaña de descrédito contra el comisario pontificio Jordi Bertomeu Farnós, incluyendo informaciones publicadas en medios de comunicación que interpretamos como parte de dicha campaña. 

Rechazamos la manipulación de la información y la utilización de nuestro sufrimiento como instrumento en disputas mediáticas o institucionales. Consideramos que determinadas actuaciones y publicaciones pueden contribuir a desacreditar a quienes tienen encomendada la tarea de esclarecer responsabilidades y promover nuestra reparación

Rechazamos la manipulación de la información y la utilización de nuestro sufrimiento como instrumento en disputas mediáticas o institucionales. Consideramos que determinadas actuaciones y publicaciones pueden contribuir a desacreditar a quienes tienen encomendada la tarea de esclarecer responsabilidades y promover nuestra reparación.

Las víctimas no somos herramientas al servicio de intereses ajenos, ni nuestra historia puede utilizarse para alimentar enfrentamientos políticos, mediáticos o institucionales. 

Exigimos un tratamiento informativo riguroso, que distinga los hechos acreditados de las acusaciones y las opiniones, contraste la información y respete la dignidad de los supervivientes. 

Defendemos la libertad de información y el derecho a la crítica. Precisamente por ello, reclamamos que ambos se ejerzan con responsabilidad, sin distorsionar los hechos ni utilizar el sufrimiento de las víctimas para fines ajenos a la búsqueda de la verdad. 

La cobertura mediática de este proceso debe contribuir a esclarecer los hechos y a exigir rendición de cuentas, no a dificultar la labor de quienes tienen el mandato de investigar la situación patrimonial del Sodalicio y hacer posible la reparación integral. 

NUESTRA EXIGENCIA: VERDAD, JUSTICIA, TRANSPARENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL 

Los supervivientes del Sodalicio afirmamos que la supresión de esta institución constituyó un paso decisivo, pero insuficiente. La desaparición jurídica o canónica de una organización no elimina los daños causados, no esclarece por sí sola las responsabilidades individuales e institucionales y tampoco garantiza que los recursos necesarios para reparar a las víctimas lleguen efectivamente a su destino. 

Por ello, exigimos: 

• Al papa León XIV y a la Santa Sede: que mantengan su compromiso con las decisiones adoptadas por el papa Francisco, respalden la labor del comisario pontificio y faciliten un encuentro directo con una representación de los supervivientes durante el próximo viaje papal al Perú. 

• A Carlos García Camader, Paolo Rocco Gualtieri, Paolo Rudelli y las autoridades eclesiásticas peruanas y vaticanas: que actúen con decisión, protejan los derechos de las víctimas y esclarezcan las responsabilidades relacionadas con la gestión y la presunta privatización de los bienes vinculados al Sodalicio. 

• A José David Correa, Juan Carlos Bolt y José Antonio Dávila: que den explicaciones documentadas sobre las operaciones patrimoniales realizadas durante su gestión y sobre el destino de los bienes que, a nuestro juicio, debían contribuir a la reparación de las víctimas. 

• A Jaime Baertl Gómez, Percy García Cavero, los dirigentes de la Asociación Civil San Juan Bautista y las entidades relacionadas con su estructura económica: que ofrezcan explicaciones documentadas sobre el origen, la titularidad, las operaciones y el destino de los bienes cuestionados, y que asuman las responsabilidades que legalmente correspondan. 

• A Tomás Aladino Gálvez Villegas y al Ministerio Público peruano: que garanticen el rigor, la transparencia y la debida fundamentación de las decisiones relativas a las investigaciones sobre presuntos hechos de lavado de activos, y que aclaren públicamente los motivos del archivo de la investigación del 5 de octubre de 2026. 

• A Matteo Bruni y a los responsables de la organización del próximo viaje papal al Perú: que expliquen los criterios de acreditación periodística, reconsideren la inclusión de Fátima Saldonid y garanticen una cobertura plural, transparente y profesional. 

• Al cardenal Carlos Castillo Mattasoglio y a las autoridades eclesiásticas competentes: que adopten medidas efectivas respecto de la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, escuchen a los supervivientes y garanticen que los espacios eclesiales no perpetúen ni normalicen estructuras asociadas a los abusos. 

• A todas las instituciones y entidades implicadas: que sitúen los derechos de los supervivientes por encima de cualquier interés económico, institucional o reputacional y colaboren, dentro de sus respectivas competencias, en el esclarecimiento de los hechos y la reparación integral. 

No aceptamos que la supresión del Sodalicio se convierta en una operación meramente formal mientras su estructura económica permanece activa y las víctimas seguimos esperando una reparación efectiva. No aceptamos que los bienes vinculados a esta historia queden al margen de un proceso transparente de rendición de cuentas. 

No aceptamos que nuestra voz sea silenciada, que nuestros testimonios sean instrumentalizados o que quienes denuncian presuntas irregularidades sean objeto de campañas de descrédito.

La reparación integral no es una concesión: es una exigencia de justicia. 

Los supervivientes del Sodalicio de Vida Cristiana seguiremos reclamando verdad, transparencia, responsabilidades y reparación hasta que las decisiones de la Iglesia se traduzcan en hechos concretos y nuestros derechos sean reconocidos y respetados.