Como víctima, ante el acuerdo Gobierno-Iglesia: avances insuficientes y una sensación persistente de indefensión

Como víctima, vivo con una mezcla de alivio y preocupación todo lo ocurrido en las últimas semanas. Alivio, porque por fin se ha firmado un protocolo que saca la reparación de las manos exclusivas de la Iglesia y coloca al Defensor del Pueblo en una posición central. Pero también preocupación, porque el camino hasta llegar aquí ha vuelto a ser, una vez más, profundamente revictimizante. El acuerdo político se firmó el 8 de enero de 2026, pero la firma del protocolo se aplazó después por las resistencias de la jerarquía eclesial, centradas en el coste económico de las reparaciones y en el papel que debía tener el Defensor del Pueblo para revisar casos ya tramitados por el PRIVA. 

Ese aplazamiento no fue una cuestión menor ni un simple retraso técnico. Para muchas víctimas significó volver a sentir que nuestra reparación dependía de cálculos, equilibrios internos y miedos económicos de una institución que durante demasiado tiempo ocultó, negó o minimizó el daño. En el debate sobre el protocolo se habló demasiado de dinero y demasiado poco del sufrimiento real y permanente que dejan los abusos, el encubrimiento y el desprecio posterior. Cuando una víctima ve que su reparación vuelve a atascarse porque hay quien considera excesivos unos baremos o insoportable un coste, lo que siente es que su dolor vuelve a ponerse en discusión. 

Cuando una víctima ve que su reparación vuelve a atascarse porque hay quien considera excesivos unos baremos o insoportable un coste, lo que siente es que su dolor vuelve a ponerse en discusión

Además, el resultado final deja un problema de fondo muy serio: la ausencia de baremos. Una de las grandes demandas de las víctimas era que existieran criterios económicos claros, transparentes y homologables, precisamente para evitar arbitrariedades y desigualdades. Sin embargo, el protocolo definitivo firmado el 30 de marzo no fija baremos ni cantidades concretas, aunque sí enumera criterios generales para valorar cada caso. Eso significa que seguimos sin saber con claridad cómo se traducirá el daño sufrido en una propuesta concreta de reparación, y esa falta de claridad nos deja expuestas a una nueva incertidumbre. 

A esto se suma otra cuestión que para muchas víctimas ha sido especialmente dolorosa: la situación de quienes ya habíamos pasado por el PRIVA. Durante la negociación hubo fricciones precisamente sobre si esos casos podrían ser revisados dentro del nuevo sistema. Finalmente, el protocolo permite a quienes ya acudieron al PRIVA optar por el nuevo mecanismo, aunque tengan que elegir entre uno u otro. Que eso haya tenido que pelearse hasta el final demuestra, una vez más, que las víctimas hemos tenido que seguir presionando para que no se nos dejara fuera. 

El protocolo permite a quienes ya acudieron al PRIVA optar por el nuevo mecanismo, aunque tengan que elegir entre uno u otro. Que eso haya tenido que pelearse hasta el final demuestra, una vez más, que las víctimas hemos tenido que seguir presionando para que no se nos dejara fuera

Y todo esto ocurre, además, en un contexto en el que seguimos escuchando mensajes ambiguos. Tras la reunión del 7 de abril con asociaciones de víctimas, se trasladó que el Gobierno habla de “mecanismos” para garantizar el cumplimiento si la Iglesia no paga, incluso contemplando la posibilidad de adelantar fondos y descontarlos después del 0,7% del IRPF destinado a la Iglesia. Pero, de momento, esos mecanismos no están detallados en el protocolo, y esa falta de concreción también nos deja en una posición frágil. 

Por eso quiero decir algo con claridad: las víctimas no tenemos que tener ningún complejo cuando hablamos de reparación económica. No hay cantidad en el mundo que pague lo que nos hicieron. No hay dinero que repare del todo una infancia rota, una vida marcada por el sufrimiento, la culpa, el silencio, el miedo o las secuelas psicológicas y físicas. Y tampoco hay dinero que compense plenamente el encubrimiento, el desprecio o la revictimización posterior. Pero precisamente por eso la reparación económica no debe ser tratada como si fuera una exigencia ilegítima o vergonzante. Es una parte de la reparación integral, y puede servir para que muchas víctimas mejoren su vida, accedan a atención psicológica o médica, hagan cambios vitales pendientes o, sencillamente, recuperen una parte de lo que se les arrebató. Las víctimas no tenemos que pedir perdón por exigir también esa dimensión de la reparación.

Tampoco quiero que esta reflexión se interprete como un ataque al Gobierno o al Defensor del Pueblo. Al contrario: creo que han hecho un trabajo importante y que han logrado sacar adelante un protocolo que, en gran parte, es viable y supone un avance histórico respecto a la situación anterior. Sé que sin su intervención, y sin la presión de las asociaciones de víctimas, de la prensa y también del Vaticano, probablemente este paso no se habría dado. De hecho, distintas informaciones apuntan a que la mediación del Vaticano fue determinante para evitar que el acuerdo se rompiera. 

Pero precisamente porque se ha avanzado tanto, no se deberían dejar sin resolver los resquicios que todavía nos dejan desprotegidas. La falta de baremos, las dudas sobre las garantías de pago y la ambigüedad en algunos compromisos siguen pesando demasiado. Y cuando eso ocurre, el mensaje que recibe una víctima es devastador: que incluso en el momento de ser reparada tiene que seguir peleando, insistiendo y soportando nuevas formas de desgaste.

Eso también es revictimización.