Un paso adelante, que se queda corto, tal y como demuestra el borrador del documento que debatirán los obispos y al que ha tenido acceso RD, al dejar a las víctimas fuera de la comisión que decidirá las indemnizaciones a percibir, y por la imposibilidad de obligar a las diócesis a cumplir con las decisiones que se tomen
Los obispos ven “la oportunidad de sistematizar las líneas de trabajo de las instituciones de Iglesia Católica en los diferentes ejes” que se apuntan en el informe Gabilondo, “para afrontar aquellos aspectos en los que las respuestas no han sido suficientemente claras y poder lograr una posible colaboración entre la Iglesia y los poderes públicos”
La comisión estará compuesta por “profesionales independientes de alto prestigio”, con un mandato de cuatro años renovables. De ellos, cuatro vendrán del ámbito jurídico que “no deben encontrarse en servicio activo”; dos médicos psiquiatras forenses y otros dos psicólogos forenses “especialistas en la atención, tratamiento y asistencia de víctimas de abusos sexuales”, además de un representante de la CEE, y otro de CONFER, que se turnarán anualmente en la presidencia
A petición de la propia Comisión, “se podrá convocar a una persona representante de asociaciones de víctimas o de asociaciones que trabajan con víctimas”. Esto es: las víctimas no formarán parte de la comisión asesora, o si lo hacen será de manera residual y puntual
