El arzobispo en el espacio público: el púlpito de la discordia y la asimetría moral

El reciente foro celebrado en las dependencias de la Cámara Alta, pomposamente titulado “Dios, ¿luz en la vida pública?”, ha devuelto al proscenio del debate civil al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Durante su alocución, el prelado cohonestó su constante intrusión en la arena civil con una profesión de fe que denota una preocupante confusión de competencias al afirmar que hace política siempre que puede. Aunque pretendió embozar su activismo bajo la semántica de dar testimonio en la comunidad y alegó no suscribir consignas partidistas, la tozuda realidad de su ejecutoria dibuja un panorama antitético, signado por la polarización, la beligerancia ecuménica y una palmaria doble moral.

Al jactarse de hacer política dentro del recinto del Senado, el prelado incurre en una flagrante extralimitación que transmuta la guía espiritual en mero activismo civil. Conviene precisar, como bien detalla la crónica, que sus afirmaciones no se vertieron en una sesión parlamentaria propiamente dicha o en el ejercicio de una función legislativa —honor con el que, sin duda, él habría deleitado su indisimulado afán de protagonismo, dado que le fascina convertirse en el centro de atención en todo escenario—, sino aprovechando el discreto altavoz de una de las salas de conferencias del edificio, la Sala Europa, cedida para un foro externo. Sin embargo, el marco desvirtúa el propósito: por más que el mitrado insista en que sus homilías e inanidades retóricas carecen de siglas explícitas, su invariable dialéctica frentista se alinea de forma milimétrica con los postulados ideológicos más refractarios de nuestro país. Semejante actitud no solo dinamita la neutralidad institucional exigible a la Iglesia en una sociedad plural, sino que instrumentaliza lo sagrado como ariete de confrontación.

La Doctrina Social de la Iglesia y el propio ordenamiento canónico prohíben taxativamente a los clérigos implicarse en la gestión del poder temporal, reservando tal cometido al laicado. Resulta, por ende, de una audacia rayana en la desfachatez que Jesús Sanz Montes defienda su impunidad para sermonear desde los espacios de la Cámara Alta mientras que, en la diócesis asturiana, su propio Arzobispado trituró de manera fulminante al presbítero Arturo García Rodríguez, párroco de La Manjoya, suspendiéndolo a divinis bajo el pretexto de que era improcedente que un ministro sagrado funde un partido político como el Partido Democrático y Constitucional. Lo verdaderamente ignominioso para el prelado es que este mismo sacerdote recurrió la sanción ante la Santa Sede en Roma, la cual terminó dándole la razón, desautorizando la decisión del arzobispo ovetense y restituyendo al párroco en su dignidad ministerial, quien hoy ejerce en Salas, Asturias. Esta escandalosa asimetría moral demuestra que el arzobispo blande con mano de hierro el rodillo normativo para amordazar a sus subordinados, mientras se autoexime de toda disciplina para ejercer la agitación ideológica instrumentalizando las dependencias del Estado.

Este proceder autoritario no constituye un epigrama aislado, sino su modus operandi. Como presbítero anglicano y columnista, he venido denunciando de forma reiterada desde las páginas de Religión Digital, otros medios y redes sociales —la última vez ayer mismo— que el prelado ovetense mantiene un historial de indisimulada hostilidad hacia su entorno. Su beligerancia afecta tanto a un clero católico local asfixiado por el temor reverencial, como a los representantes de otras confesiones cristianas y colectivos sociales. Al exigir mutismo sumiso a su grey mientras inflama los altares con soflamas excluyentes, pervierte el pastoreo para convertirlo en un vector de fractura, utilizando de forma espuria, además de los sagrados púlpitos de la Iglesia que legítimamente tiene a su alcance, las propias instituciones del Estado.

La aserción de Jesús Sanz Montes en el Senado asegurando que "no hay ateos y creyentes, sino creyentes e idólatras" consagrados al poder, el dinero y el sexo, resulta no solo insultante y anacrónica, sino de un burdo reduccionismo. Sin embargo, apelando a la ironía, cabe colegir que el arzobispo ejecutó en la tribuna un inconsciente ejercicio de proyección psicológica. A la luz de sus constantes componendas por influir incesantemente en las altas esferas de la vida pública y de su obsesión por la relevancia mediática, parece evidente que más que al Dios del Evangelio, a quien realmente rinde pleitesía es a los mismísimos dioses menores que su verbo anatematiza: el dinero y el poder. Atacar de ese modo a quienes no son creyentes o defienden una sociedad laica demuestra un desprecio absoluto hacia la libertad y el pluralismo de nuestra democracia. Con esta actitud, el arzobispo solo consigue alejar aún más a la gente de la Iglesia y dividir a su propia comunidad, dejando al descubierto que su verdadera prioridad no es el Evangelio, sino su agenda política personal.

El empleo de una sala de conferencias del Senado para dictaminar la idoneidad civil de la ciudadanía en función de sus dogmas —e incluso el despropósito de inaugurar el acto con preces destinadas a tutelar el destino de la patria— constituye una inadmisible agresión a la neutralidad de un Estado no confesional. Semejantes desmanes, aunque camuflados bajo el formato de un foro privado o mesa redonda, vulneran el principio de aconfesionalidad garantizado por la Constitución Española, el cual exige una nítida separación de esferas entre las confesiones religiosas y las sedes institucionales que representan a toda la ciudadanía, con el fin de salvaguardar la convivencia.

En definitiva, las declaraciones de Jesús Sanz Montes en el Senado no dimanan de un testimonio de fe, sino que constatan la decadencia de una jerarquía que prefiere el lodazal de la trinchera política al servicio pastoral. Al intentar revestir su activismo de imperativo moral, el arzobispo traiciona el espíritu evangélico y dinamita deliberadamente los puentes con la sociedad civil. Esta alarmante inanición de caridad cristiana se manifiesta de forma desgarradora en su actitud refractaria hacia los desheredados de la tierra. Lo demostró al torpedear la iniciativa de regularización extraordinaria de extranjeros en España sentenciando de forma implacable que aquí no caben todos, desmarcándose por completo de la sensibilidad humanitaria de la propia Conferencia Episcopal. Más recientemente, volvió a exhibir idéntico desprecio durante sus homilías en Covadonga, donde criminalizó a los migrantes atrapados en la crisis humanitaria de Ceuta devaluándolos al rango de invasores y afirmando espuriamente que han tomado una ciudad. Una Iglesia que se aferra con nostalgia a los privilegios del cesarismo, que recurre a discursos de innegable tinte xenófobo y que es enmendada por la propia Roma en sus desmanes autocráticos, abdica de ser un faro espiritual para convertirse en un mero megáfono partidista. El prelado ovetense ha elegido conscientemente su trinchera: no la de la alteridad, la misericordia ni el cuidado de su comunidad, sino la del conflicto permanente, el desprecio al diferente y la agitación ideológica más reaccionaria.