La laicidad no es negociable: la irresponsabilidad institucional de Pedro Rollán

La salud de una democracia no solo descansa en el texto formal de sus leyes, sino en la conducta pulida, contenida y responsable de quienes encarnan las altas magistraturas del Estado. Las convicciones personales en el espacio público exigen dignidad y un respeto escrupuloso hacia su propia trascendencia; por ello, ver la oración instrumentalizada y convertida en un grosero ariete de agitación partidista obliga a alzar la voz con absoluta firma. Cuando el presidente del Senado, Pedro Rollán, decide despojarse de la dignidad y la obligada neutralidad de su cargo para actuar como agente de propaganda confesional, el ordenamiento jurídico y el propio sentido del respeto religioso sufren una profunda vulneración.

Invocar la intervención divina en un foro público para exigir la caída del Poder Ejecutivo actual, reclamar "un nuevo Gobierno" y decretar una supuesta "reconstrucción moral" de España constituye una injerencia inadmisible. No estamos ante un testimonio legítimo de las creencias privadas, las cuales pertenecen estrictamente a la fe de cada individuo; nos encontramos ante una alarmante falta de responsabilidad institucional por parte de la cuarta autoridad de un Estado que, por ley y para garantía de la libertad de todos, es netamente aconfesional.

1. La conculcación del mandato constitucional de aconfesionalidad

El primer y más sólido argumento jurídico que desmorona la postura de Pedro Rollán se encuentra en el artículo 16.3 de la Constitución Española, que establece de forma taxativa: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

España es un Estado aconfesional. Este marco constitucional impone una separación nítida e infranqueable entre las funciones de la gobernanza civil y la esfera de las creencias privadas. Quien asume la Presidencia de la Cámara Alta queda estrictamente subordinado a su condición de autoridad pública de todos los ciudadanos. Utilizar fórmulas teológicas (“ruego a Dios nuestro Señor”) para deslegitimar a un Gobierno civil supone una peligrosa regresión dogmática.

En nuestro sistema democrático, la legitimidad y la alternancia política emanan única y exclusivamente de la soberanía popular establecida en el artículo 1.2 de la Constitución, expresada libremente por la ciudadanía en las urnas. ¡Dios no se presenta a las elecciones!, el presidente del Senado no es su portavoz en la Tierra y, para mayor gravedad, su figura concurre como candidato oficial al Senado por el Partido Popular de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre. Utilizar un púlpito confesional para hacer campaña encubierta y partidista desde la cúspide de una institución del Estado desnaturaliza de raíz el espíritu de 1978.

2. El secuestro de la neutralidad institucional y el desprecio al pluralismo

Desde la perspectiva del derecho parlamentario, el estatuto normativo que rige la actuación de la Presidencia del Senado impone una obligación inexcusable de imparcialidad y arbitraje. El presidente encarna la representación formal de un órgano constitucional que refleja el pluralismo político de toda la soberanía nacional; su figura jurídica no puede estar al servicio de sus convicciones personales ni religiosas, ni de la estrategia táctica del partido que auspició su nombramiento.

Al instrumentalizar la autoridad y la proyección de la Cámara para tomar partido en el debate político durante un acto de marcado carácter público organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación San Pablo CEU, el Sr. Rollán dinamita de forma deliberada su deber de neutralidad. Esta conducta atenta de manera directa contra el principio de pluralismo político consagrado en el artículo 1.1 de la Constitución.

La patrimonialización de la institución para favorecer una opción partidista bajo el amparo de un credo particular quiebra el principio de representación universal y constituye una infracción muy grave contra los deberes de buen gobierno (según el artículo 26 de la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno), que exigen neutralidad estricta y prohíben taxativamente el uso partidista de los cargos públicos. La Presidencia del Senado tiene la obligación legal de amparar por igual a toda la ciudadanía: a quienes respaldan al Ejecutivo democráticamente constituido, a quienes ejercen la oposición, y a los ciudadanos agnósticos, ateos o profesantes de cualquier confesión.

3. La desfachatez de la tutela moral desde el poder público

Resulta jurídica e institucionalmente inaceptable que la cuarta autoridad del Estado se arrogue la potestad de calificar la realidad de España como una situación necesitada de una "reconstrucción moral". En virtud del principio de legalidad del artículo 9.1 de la Constitución, los poderes públicos están estrictamente sujetos a la ley y sus competencias se encuentran claramente delimitadas.

El Senado tiene asignada la potestad legislativa, presupuestaria y de control, pero en ningún precepto de nuestro ordenamiento jurídico se le confiere a su presidente la función de erigirse en censor ético o doctrinal de la sociedad civil. Las leyes vigentes en España se debaten y aprueban siguiendo los cauces democráticos y de derechos humanos, y no requieren el refrendo ni la supervisión de ninguna moralidad de índole confesional.

Semejante desacato normativo representa una quiebra de aquello que el propio Sr. Rollán tiene la obligación legal de guardar. Al incumplir gravemente con los deberes imperativos de su alta magistratura, nos encontramos ante una conducta que, por su gravedad e impacto en el proceso electoral en curso, debería ser investigada de oficio de forma inmediata por las autoridades competentes, empezando por la Junta Electoral Central. Pretender dictar directrices morales sobre el funcionamiento del Estado desde un cargo público constituye un evidente exceso competencial y una falta de rigor que daña el propio sistema democrático.

4. La anatomía de la impunidad: ¿Por qué se permiten estas atribuciones?

Ante un hecho de esta naturaleza, resulta obligado plantearse una pregunta de fondo: ¿por qué el presidente del Senado y otras altas autoridades públicas se permiten semejantes licencias sin temor a que nadie les pare los pies? La respuesta no reside en un arrebato místico, sino en una estrategia deliberada asentada sobre varios factores clave:

• La inercia de la patrimonialización institucional:

Persiste en ciertos sectores ideológicos una preocupante tendencia histórica que los lleva a confundir los órganos del Estado con su patrimonio privado. Cuando acceden a estas responsabilidades, no se perciben como árbitros sometidos a la disciplina de la ley, sino como gestores con derecho a instrumentalizar el peso del cargo para la confrontación táctica.

• La religión como fortín de polarización:

¡Lo verdaderamente vergonzoso! es que no se busca la vivencia espiritual íntima, sino la manipulación de los símbolos religiosos para construir una identidad de confrontación. Arroparse en la liturgia es un mecanismo burdo para activar el sectarismo y justificar la deslegitimación previa a la que han sometido al Ejecutivo civil.

• La complicidad del entorno político y mediático:

Estas conductas se normalizan porque saben que sus propias terminales políticas y mediáticas no van a exigirles responsabilidad alguna. En un ecosistema público donde la crispación cotiza al alza, actuar al margen del rigor institucional no se penaliza, sino que cohesiona a sus sectores más duros.

• La ausencia de resortes ejecutivos de cese:

Existe plena conciencia de que, más allá del reproche ético o político, el ordenamiento jurídico actual no contempla un mecanismo de destitución automática ante la quiebra de la neutralidad institucional si esta no deriva en un acto ilícito penal. Se opera, por tanto, en una calculada zona gris de total impunidad fáctica.

Conclusión

Las instituciones públicas no son plataformas de propaganda confesional ni propiedades privadas; pertenecen a la soberanía de todos los ciudadanos por igual. Cuando el presidente del Senado utiliza la autoridad de su magistratura civil para convertir sus convicciones personales en un vector de referencia política, partidista y religiosa, degrada la dignidad de su cargo y debilita el armazón legal del Estado de derecho.

España es una democracia donde las decisiones se fundamentan en la ley y en la voluntad ciudadana, no en el dogma. El respeto absoluto a la laicidad del Estado y a la neutralidad institucional no es una opción de conveniencia; es el límite infranqueable que toda autoridad tiene la obligación legal y ética de acatar con total disciplina.