Análisis crítico de la pastoral eucarística de Argüello
La carta de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, sigue un patrón retórico que merece ser analizado: un texto teológicamente correcto en su superficie, pero que al confrontarlo con la realidad eclesial vigente revela una evidente asimetría moral.
La estructura del texto: doctrina como muro de contención
Argüello articula su carta en tres movimientos: preparación, celebración y vida eucarística. El núcleo argumentativo, paradógicamente no es la Eucaristía en sí, sino las categorías de fieles a quienes se les cierra la mesa:
• Quienes viven "relaciones pecaminosas" o cometen abusos económicos, laborales, psicológicos o afectivos.
• Quienes defienden "públicamente posiciones contrarias a la moral cristiana".
• Divorciados vueltos a casar.
La carta gasta más tinta en quién no debe comulgar que en explicar el misterio que dice celebrar. Esa proporción no es teológica: es política. Es la lógica del control sacramental dirigida hacia abajo, hacia los laicos, hacia las parejas rotas, hacia las personas en situaciones afectivas complejas — nunca hacia arriba, nunca hacia el propio clero que administra el sacramento.
La asimetría central: severidad selectiva
Aquí está el corazón del problema. Argüello exige: "no podemos acercarnos a comulgar sin una decisión firme de cambiar de vida restituyendo el daño provocado por nuestra situación de pecado."
Esta frase, aplicada con honestidad, debería caer en primer lugar sobre los ministros del altar. Porque el escándalo eucarístico mayor del catolicismo contemporáneo no son los divorciados que comulgan — son los sacerdotes y obispos que celebran la Eucaristía mientras llevan una doble vida: relaciones sexuales activas (heterosexuales u homosexuales) sostenidas en el tiempo, encubrimiento de abusos, gestión opaca de patrimonio, complicidad estructural con el silencio.
El libro "Sodoma" (In the Closet of the Vatican, 2019), basado en cuatro años de investigación, más de 1.500 entrevistas y trabajo de campo en la propia Curia, Frédéric Martel sostiene la tesis de que una mayoría muy elevada del clero vaticano vive en contradicción flagrante con la moral sexual que ellos mismos imponen como condición para la comunión de los demás.
Si es cierto que " si un pecado grave bloquea la entrada del Señor vivo en nuestro corazón… no acercarse a comulgar sin decisión firme de cambiar de vida", el primer destinatario de la carta tendría que ser un examen interno episcopal, no una advertencia a los divorciados de a pie.
El lenguaje del "abuso" sin nombrar el abuso eclesial
Llama la atención que Argüello mencione expresamente: "abusos respecto de otras personas, ya sea en el campo económico, laboral, ya sea en el campo psicológico o afectivo" como impedimento para comulgar. La frase es notable por lo que no dice. La Iglesia española lleva años en el centro de una crisis pública de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables — el informe del Defensor del Pueblo publicado en 2023, los miles de testimonios recogidos, las indemnizaciones aún no resueltas. Argüello, presidente de la CEE, no nombra el abuso sexual clerical. No menciona a las víctimas. No incluye a los encubridores entre quienes deberían examinarse antes de subir al altar.
El silencio aquí es elocuente. Se enumera el abuso "afectivo" o "psicológico" de manera abstracta, en una lista de pecados genéricos atribuibles al laicado, mientras la forma específica de abuso que ha definido la crisis institucional de la Iglesia española queda fuera del cuadro.
El matrimonio roto vs. la ordenación rota
Argüello dedica un párrafo entero a los divorciados vueltos a casar: "esta quiebra del Sacramento de la Alianza impide la comunión eucarística… El dolor de no comulgar ha de avivar el deseo de buscar una solución…"
Y yo pregunto: ¿qué hacemos con la quiebra del sacramento del Orden? Un sacerdote que mantiene una relación sexual estable y oculta también ha quebrado un sacramento — el de su ordenación, con sus promesas de celibato — y, sin embargo, no solo comulga: consagra. Pone en sus manos el Cuerpo de Cristo cada día. Si la coherencia sacramental es el criterio, debería aplicarse simétricamente. No se aplica.
A los laicos divorciados se les dice: "comulgar la Comunión no es posible". A los sacerdotes en doble vida no se les dice nada en esta carta — ni en ninguna otra. La disciplina pública es para los de abajo; la de los de arriba se gestiona en el confesionario, en la opacidad curial, o simplemente no se gestiona.
La "preparación remota" como exigencia unilateral
Argüello pide al fiel una preparación que incluye:
• Meditar las lecturas durante la semana.
• Avivar el deseo de adoración.
• Examen de conciencia profundo.
• Confesión sacramental si hay pecado grave.
Es una exigencia espiritualmente legítima — pero presentada como condición de acceso, no como itinerario compartido. La carta no propone un examen análogo para el ministro que va a celebrar. No hay una palabra sobre la responsabilidad específica del clero de no celebrar en estado de pecado grave persistente — algo que el propio Derecho Canónico contempla (c. 916) pero que en la práctica nunca se invoca públicamente.
"Posiciones contrarias a la moral cristiana": el filtro ideológico
La frase "defendiendo públicamente posiciones contrarias a la moral cristiana, no podemos acercarnos a comulgar" es la más políticamente peligrosa de la carta. ¿Quién define qué es "moral cristiana" a efectos de exclusión sacramental? ¿Un político que defiende el aborto legal? ¿Un periodista que defiende el matrimonio igualitario? ¿Una activista LGTBI católica? ¿Un votante de un partido determinado?
Este criterio, dejado en manos del juicio episcopal, convierte la Eucaristía en arma de disciplina ideológica. Y lo hace, otra vez, asimétricamente: no se ha visto a la CEE plantear que defender públicamente políticas migratorias inhumanas, o el silencio ante los abusos, o la connivencia con poderes económicos opacos, sea también "posición contraria a la moral cristiana" con consecuencias sacramentales.
Una carta pastoral honesta sobre la Eucaristía en la España de 2026, firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal, tendría que haber incluido al menos:
- Un reconocimiento explícito de que la crisis de credibilidad eucarística no la han provocado los divorciados, sino el comportamiento del propio clero.
- Una invitación al examen de conciencia dirigida primero a obispos y sacerdotes, no a los fieles.
- Una mención explícita a las víctimas de abusos como heridas vivas del Cuerpo de Cristo.
- Un compromiso de transparencia económica y disciplinar como condición de coherencia eucarística institucional.
Nada de eso aparece. Lo que aparece es una reafirmación de la doctrina del acceso, dirigida hacia abajo, en un momento precisamente en el que los graves problemas están surgiendo hacia arriba.
El patrón es idéntico al que identificamos en Cobo: doctrina impecable + aplicación asimétrica = hipocresía estructural. La Eucaristía, si significa algo, no puede ser un sacramento de dos velocidades: una para el laico examinado y otra para el clero protegido.
Mientras esa asimetría no se reconozca desde dentro de la jerarquía — y esta carta no la reconoce — cada texto episcopal sobre "quién puede comulgar" seguirá leyéndose, con razón, como un ejercicio de autoridad sin ningún tipo de validez moral ni religiosa.
«Todo lo hacen para que los vean… les gusta ocupar los primeros puestos… ser saludados en las plazas y oírse llamar “maestro”.» Mt 23, 5-7
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