El asesinato social de Maricarmen: rentismo y violencia institucional

Maricarmen Abascal murió el 7 de octubre, a los 87 años, sin haber regresado a su casa. El 23 de septiembre había sido expulsada del hogar donde vivió durante siete décadas. Salió en camilla y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón. El acuerdo que debía permitirle volver llegó demasiado tarde. Una sociedad que contempla este desenlace tiene que preguntarse qué está protegiendo cuando garantiza la disponibilidad económica de un inmueble y fracasa en proteger a quien lo habita.

Hablar de asesinato social expresa una denuncia moral contra un sistema que somete a las personas vulnerables a daños devastadores. Su abogada, Beatriz Duro, ha denunciado el deterioro que observó durante el proceso y ha sostenido que suspender el desahucio habría podido evitar este desenlace. Su testimonio exige investigación y rendición de cuentas.

La violencia del rentismo comienza antes de la llegada de los antidisturbios. Está en la amenaza prolongada de perder el hogar, en la incertidumbre que invade el descanso y en la angustia de saber que la propia seguridad depende del beneficio que otro pueda obtener expulsándonos. Para una anciana, la casa sostiene recuerdos, vínculos y autonomía. Arrancarla de ese entorno puede quebrar mucho más que una relación contractual.

Urbagestión impulsó el procedimiento que terminó en el desahucio. Según EFE, rechazó incluso la propuesta de una escritora que se ofrecía a cubrir la diferencia entre el alquiler abonado por Maricarmen y el reclamado por la propiedad. Había propuestas para evitar la expulsión y, aun así, esta se ejecutó. Esa decisión merece un juicio moral severo. Su conducta puede calificarse de depredadora porque antepuso la recuperación del inmueble a la protección de una persona vulnerable. La crítica debe dirigirse a esas decisiones y a una lógica económica que permite tratar a la persona como obstáculo para disponer de una vivienda.

El problema trasciende a una empresa: alcanza a los fondos buitre y a un sistema de alquiler que permite convertir una necesidad básica en una fuente de extracción de riqueza. La lógica depredadora aparece cuando se adquieren viviendas buscando elevar su rentabilidad mediante aumentos de renta, la sustitución de inquilinos o su expulsión. Para quien invierte, una casa puede ser un activo; para quien la habita, es el lugar desde el que sostiene su vida. La injusticia comienza cuando la rentabilidad del primero se impone sobre la seguridad del segundo.

El actual sistema de alquiler merece una crítica profunda por la desigualdad de poder que puede generar. Quien necesita una vivienda no negocia con la libertad de quien puede prescindir de una inversión: necesita un techo para vivir, trabajar, cuidar y criar. Cuando las condiciones del mercado obligan a aceptar rentas asfixiantes o una incertidumbre permanente, la libertad contractual se convierte en una expresión vacía para la parte más vulnerable. El esfuerzo de los inquilinos termina alimentando una acumulación patrimonial que dificulta todavía más su acceso a una vivienda estable.

Los fondos buitre representan la expresión más agresiva de esa lógica cuando buscan beneficios mediante el desplazamiento de quienes no pueden asumir nuevas condiciones. Pero la crítica debe alcanzar también a las prácticas abusivas de cualquier propietario, empresa o institución. La injusticia depende de cómo se ejerce el poder sobre una necesidad ajena.

Una política de vivienda justa debe garantizar alquileres asequibles, estabilidad residencial, protección frente a condiciones abusivas y alternativas adecuadas antes de que una persona vulnerable pierda su hogar. También debe ampliar la vivienda pública y social y limitar las prácticas especulativas. Desde la perspectiva cristiana, el criterio para juzgar el sistema de alquiler es concreto: si permite vivir con dignidad o convierte el miedo a quedarse en la calle en una oportunidad de negocio.

Maricarmen tiene un nombre y un rostro que han conmovido al país, pero hay miles de “Maricármenes” que viven cada día bajo la amenaza de perder su hogar: personas mayores, familias con menores, jóvenes y trabajadores cuyos ingresos no alcanzan para afrontar el alquiler. No todas sus historias llegan a los medios ni despiertan una movilización capaz de acompañarlas. Su sufrimiento permanece muchas veces invisible. Por eso, hacer justicia a Maricarmen exige transformar las condiciones que mantienen a tantas personas entre la renta asfixiante, la incertidumbre y el miedo a quedarse en la calle.

La propiedad no actuó sola. El desahucio necesitó una resolución judicial y un aparato institucional dispuesto a ejecutarlo. La actuación de la jueza Elena Cortina Blanco merece una crítica expresa porque el lanzamiento se produjo pese a la intervención del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.En junio, el Comité había solicitado medidas de protección mientras examinaba el caso: suspender el desalojo o garantizar una alternativa habitacional adecuada.

Tras el desahucio, el relator de la ONU sobre vivienda, Koldo Casla, reprochó a la jueza no haberlo suspendido para evitar un daño irreparable y permitir que España cumpliera de buena fe sus obligaciones internacionales. Esa crítica coloca la decisión judicial bajo un escrutinio que no puede despacharse invocando únicamente la existencia de una sentencia favorable a la propiedad.

Una justicia sensible a los derechos humanos debe preguntarse por las consecuencias de sus decisiones, especialmente cuando afectan a una persona de 87 años con discapacidad. La seguridad jurídica también debe proteger a quienes están en una posición de extrema vulnerabilidad. Si la recuperación del inmueble recibe una respuesta ejecutiva contundente y la protección de la persona queda relegada, el resultado revela una jerarquía profundamente injusta.

Este caso permite denunciar una inclinación institucional que protege con mayor eficacia los intereses patrimoniales que la vida cotidiana de los pobres. No necesitamos atribuir intenciones personales a la jueza para cuestionar el efecto de su decisión. Tampoco confundir independencia judicial con inmunidad frente a la crítica: las resoluciones pueden y deben examinarse desde los derechos humanos y desde sus consecuencias sociales.

El Gobierno central debe responder igualmente por su fracaso. El Ministerio de Vivienda afirmó haber mediado para adquirir el piso. Esa actuación debe reconocerse, pero su resultado también: no consiguió evitar la expulsión. Un Gobierno que reivindica los derechos sociales tiene que explicar por qué sus instrumentos fueron insuficientes y qué cambios concretos impedirán la repetición de este sufrimiento.

Especialmente grave fue la violencia policial. Las informaciones y grabaciones difundidas muestran golpes, personas arrastradas, empleo de gas y restricciones al trabajo de la prensa. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, anunció una investigación sobre posibles excesos. Deben conocerse sus conclusiones, las órdenes impartidas y las responsabilidades correspondientes.

La ejecución de una orden judicial no elimina la obligación de justificar la necesidad y proporcionalidad de la fuerza. Tampoco borra la responsabilidad política sobre el dispositivo. Resulta perturbador que el Estado exhiba tanta capacidad para expulsar a una anciana y tan poca eficacia para garantizar su protección.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento tampoco pueden presentar lo sucedido como un asunto ajeno. Debían haber tomado en serio la situación de Maricarmen y haber cumplido con su deber de protegerla. Su fracaso permite cuestionar una política que protege con mayor eficacia los intereses rentistas que la permanencia de las personas vulnerables en sus hogares. La mediación posterior para facilitar su regreso obliga a preguntar por qué no se consiguió antes del lanzamiento.

A ese fracaso se sumaron las palabras de Isabel Díaz Ayuso. El 28 de septiembre, durante el Madrid Investment Forum, la presidenta preguntó irónicamente a partir de qué edad podría dejar de pagar a sus caseros. Presentó así la protección habitacional como si consistiera en conceder un privilegio para incumplir contratos. 

La ironía resulta especialmente hiriente porque Maricarmen había seguido pagando su alquiler, como reconocía incluso la propiedad. Su caso no podía reducirse a la caricatura de alguien que quiere vivir gratuitamente por haber alcanzado cierta edad.

La responsabilidad del PP también se expresa en sus votos parlamentarios. El 2 de octubre, PP, Vox y Junts votaron contra los dos decretos de vivienda impulsados tras el desahucio de Maricarmen y contribuyeron a impedir su convalidación. Los textos contenían medidas de protección frente a los desahucios y de estabilidad de los alquileres. No se limitaron a disentir de la protesta: rechazaron instrumentos concretos destinados a responder a la crisis. A mi juicio, esa coincidencia entre PP, Vox y Junts revela una prioridad política favorable al orden rentista frente a las garantías reclamadas por los inquilinos. La crítica al Gobierno por sus insuficiencias no exonera a quienes bloquearon esas medidas.

A todo ello se añade la negativa del PP a permitir un minuto de silencio institucional por Maricarmen en el pleno de la Asamblea de Madrid. La falta de acuerdo impidió el homenaje al inicio del pleno y llevó a la oposición a convocarlo fuera del hemiciclo. 

Unas administraciones que no consiguen proteger a una anciana, banalizan su situación o rechazan incluso un minuto de silencio muestran una distancia dolorosa respecto de quienes necesitan su amparo. Y unos partidos que bloquean medidas de protección deben asumir que sus votos también tienen consecuencias sobre vidas concretas.

Negar incluso ese reconocimiento expresa, a mi juicio, una insensibilidad política profundamente reveladora. Un minuto de silencio no exigía compartir las propuestas de la oposición ni aceptar una atribución de responsabilidades: bastaba con reconocer una vida y un sufrimiento. Convertir también el duelo en sospecha de instrumentalización significa prolongar el enfrentamiento donde debería haber un gesto elemental de humanidad.

La ultraderecha ha contribuido además a la descalificación de una anciana vulnerable. Iván Espinosa de los Monteros llamó «jeta» a Maricarmen y Vox difundió el juego xenófobo «Morocarmen». El Confidencial publicó una columna de S. McCoy titulada «Maricarmen es una jeta (y alguien tenía que decirlo)». La discusión sobre vivienda fue sustituida por el desprecio hacia la víctima y por el enfrentamiento entre personas vulnerables.

Los partidos deben responder por sus decisiones y resultados. A quienes gobiernan les corresponde proteger; quienes bloquean medidas de protección tienen que explicar qué alternativas eficaces ofrecen. Quienes atacan a las víctimas y promueven el odio deben ser rechazados. La propiedad no puede convertirse en una excusa para abandonar a quienes necesitan un hogar.

La Iglesia tiene una responsabilidad particular. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, describió el acuerdo sobre Maricarmen como «emocional más que moral» y habló de «manipulación ideológica». Aunque reclamó diálogo, esas palabras introducen una sospecha sobre la solidaridad ciudadana que resulta difícil de comprender desde el Evangelio.

La compasión puede despertar la conciencia moral. Conmoverse ante una anciana expulsada, acompañarla y organizarse para defenderla puede expresar una comprensión profunda de la dignidad humana. La primera pregunta cristiana debería dirigirse a las decisiones que produjeron su desamparo.

El portavoz episcopal, César García Magán, calificó el desahucio de lamentable, defendió el derecho a manifestarse e insistió en excluir la violencia. Es justo reconocerlo. Pero esa exigencia debe alcanzar con igual claridad a la violencia policial y a las prácticas económicas que utilizan la amenaza de expulsión para obtener rentabilidad.

La responsabilidad eclesial alcanza también a COPE y TRECE, vinculadas a la Conferencia Episcopal. Su identidad cristiana exige examinar sus discursos desde la doctrina social de la Iglesia.

Hay ejemplos concretos de descalificación de la protesta. Carlos Herrera se refirió al regreso de los «perroflautas» al comentar la acampada de Sol. Ese término sustituye el análisis de las demandas por un estereotipo despectivo sobre quienes las defienden.

En una tertulia de La Linterna publicada por COPE el 24 de septiembre, Jorge Bustos calificó de hipocresía culpar a la derecha o a las administraciones autonómicas. Aunque la conversación reconoció el drama social, ese argumento merece ser discutido: las responsabilidades del Gobierno central no exoneran a la Comunidad ni al Ayuntamiento.

Una reseña de COPE La Palma sobre El Cascabel del 7 de octubre recoge la intervención de Javier Ortega Smith en TRECE. Tras expresar sus condolencias, acusó de utilizar políticamente a Maricarmen a quienes llamó «miserables».

Los medios eclesiales tienen una obligación especial de combatir los discursos que desacreditan a los inquilinos y legitiman la explotación de su necesidad. Como cristiano, considero vergonzoso que la identidad religiosa pueda utilizarse para dar respetabilidad a argumentos contrarios a la dignidad humana.

La posición patrimonial de la Iglesia añade una pregunta incómoda. El inventario oficial contabilizó 34.961 inmuebles inmatriculados entre 1998 y 2015. No es un censo de todo su patrimonio ni una relación de viviendas alquiladas, pero muestra la magnitud de su presencia inmobiliaria. La Iglesia interviene en este debate también como propietaria.

En 2023, 157,46 millones de euros, aproximadamente el 12,25 % de los recursos de la economía diocesana, procedieron de «patrimonio y otras actividades». Esa partida incluye rendimientos inmobiliarios, financieros y actividades económicas.

Debemos exigir que las instituciones eclesiales hagan públicos sus criterios de alquiler, sus garantías para personas vulnerables y el destino social de sus viviendas. Debemos reclamar una revisión de sus prácticas a la luz del Evangelio.

Isaías denuncia a quienes acumulan casas y tierras hasta dejar sin espacio a los demás (Is 5,8). Miqueas condena a quienes codician casas y se apoderan de ellas (Miq 2,1-2). Esa tradición profética ilumina la injusticia de una acumulación que priva a otras personas de las condiciones necesarias para vivir.

Jesús advierte que no se puede servir a Dios y al dinero (Mt 6,24). El buen samaritano se acerca al herido, lo cuida y asume el coste de protegerlo (Lc 10,25-37). La parábola del rico y Lázaro denuncia la indiferencia de quien disfruta de abundancia mientras otro sufre a su puerta (Lc 16,19-31).

Ante el conflicto entre la dignidad de quien necesita un hogar y la extracción de rentabilidad mediante su expulsión, la posición cristiana solo puede estar del lado de los inquilinos y contra el rentismo. Debe defender su seguridad, su autonomía y su derecho a una vivienda adecuada, y oponerse a que su vulnerabilidad se convierta en instrumento de negocio.

Cobrar un alquiler justo por una vivienda cuidada no equivale necesariamente a practicar rentismo depredador. Pero esa distinción no puede encubrir condiciones abusivas, desplazamientos forzados o beneficios obtenidos mediante la explotación de la escasez. La doctrina social católica subordina la propiedad al destino universal de los bienes. Esa enseñanza obliga también a la Iglesia.

Maricarmen merecía seguridad, cuidado y arraigo. Honrarla exige esclarecer las responsabilidades judiciales, políticas y policiales, y transformar las condiciones que permiten repetir estos daños.

Una judicatura que protege eficazmente el patrimonio y desatiende la vulnerabilidad compromete su legitimidad moral. La independencia judicial exige una aplicación del derecho atenta a los derechos humanos, a la proporcionalidad y a las consecuencias irreparables de sus decisiones.

Un Gobierno que proclama derechos sociales y fracasa en garantizarlos debe rendir cuentas. La investigación de la violencia policial y la protección frente a los desahucios no pueden quedar reducidas a declaraciones posteriores al daño.

Unas administraciones que no consiguen proteger a una anciana, banalizan su situación o rechazan incluso un minuto de silencio muestran una distancia dolorosa respecto de quienes necesitan su amparo. Y unos partidos que bloquean medidas de protección deben asumir que sus votos también tienen consecuencias sobre vidas concretas.

También la monarquía debe sentirse interpelada. No he localizado un pronunciamiento público de la Casa Real sobre Maricarmen. Ante una crisis de vivienda que considero el mayor problema social actual del país, esa ausencia resulta profundamente cuestionable. Una institución que pretende representar a toda la ciudadanía debería mostrar una cercanía explícita hacia quienes sufren la amenaza de perder su hogar.

La neutralidad institucional no debería confundirse con la indiferencia social. Desde la seguridad de sus residencias, la Corona debería escuchar a quienes carecen de una vivienda estable. Su silencio ante Maricarmen agranda, a mi juicio, la distancia entre la institución y la vida de la ciudadanía. Los ruidosos silencios de los poderosos también merecen ser juzgados por el dolor que dejan sin reconocimiento.

Una Iglesia que antepone sus intereses patrimoniales, sus afinidades políticas o su prudencia institucional a la defensa de los vulnerables contradice su Evangelio. La fidelidad a Jesús exige acompañar, denunciar y comprometerse de manera efectiva con quienes padecen la injusticia.

Y una sociedad que acepta que una vivienda valga más que la vida de quien la habita necesita cambiar de raíz sus prioridades. La memoria de Maricarmen nos exige ese cambio.