La coherencia selectiva de monseñor Jesús Sanz Montes

El arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz Montes, ha vuelto a intervenir en el debate público con una de esas reflexiones que aspiran a situarse por encima de las etiquetas ideológicas, aunque en la práctica terminen revelando una posición bastante reconocible. Él mismo se define como “conservador de lo que vale la pena y progresista para avanzar”, una fórmula sugerente que, sin embargo, pierde consistencia cuando se contrasta con el contenido real de sus intervenciones.

Porque el problema no está en lo que dice, sino en cómo, cuándo y contra quién lo dice.

Nadie puede cuestionar la legitimidad de denunciar la corrupción, la mentira o la degradación moral de la vida pública. Es más, cabría esperar precisamente eso de una autoridad religiosa. Pero lo que empieza a resultar problemático es cuando esa denuncia se ejerce con una evidente asimetría, con una intensidad selectiva que parece depender más del destinatario que del hecho en sí.

En ese contexto, conviene recordar —aunque resulte incómodo— que el Partido Popular fue condenado por financiación ilegal en el marco del caso Gürtel. No es una interpretación, sino un hecho judicial acreditado. En aquella trama aparecieron nombres como Luis Bárcenas, Rodrigo Rato o Francisco Correa, figuras centrales de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de España.

Y es precisamente en ese ecosistema donde cobra sentido recordar un episodio muy concreto: la boda de la hija de José María Aznar, celebrada en el Monasterio de El Escorial. En su momento fue un gran evento social y político, con una amplia representación de las élites del poder. Años después, sin embargo, diversos análisis periodísticos subrayaron cómo entre los asistentes a aquella boda figuraban personas que posteriormente fueron investigadas o condenadas en distintos casos de corrupción vinculados, en buena medida, a aquella misma etapa política. Entre ellos, el propio Francisco Correa —considerado cabecilla de la trama Gürtel—, así como otros nombres que con el tiempo desfilarían por los tribunales o quedarían asociados a prácticas irregulares.

Y es precisamente en ese ecosistema donde cobra sentido recordar un episodio muy concreto: la boda de la hija de José María Aznar, celebrada en el Monasterio de El Escorial. En su momento fue un gran evento social y político, con una amplia representación de las élites del poder. Años después, sin embargo, diversos análisis periodísticos subrayaron cómo entre los asistentes a aquella boda figuraban personas que posteriormente fueron investigadas o condenadas en distintos casos de corrupción vinculados, en buena medida, a aquella misma etapa política. Entre ellos, el propio Francisco Correa —considerado cabecilla de la trama Gürtel—, así como otros nombres que con el tiempo desfilarían por los tribunales o quedarían asociados a prácticas irregulares.

Conviene subrayarlo con claridad: no se trata de establecer culpabilidades por asociación ni de atribuir responsabilidades a un evento social, sino de constatar cómo, con el paso del tiempo, aquella boda ha quedado en el imaginario colectivo como una imagen simbólica de una época en la que poder político, económico y determinadas prácticas corruptas convivieron con excesiva normalidad.

Sin embargo, este tipo de referencias apenas aparece en el discurso de monseñor Sanz Montes, cuya vehemencia moral parece activarse con mayor intensidad cuando los casos afectan a otros espacios ideológicos. Lo mismo ocurre con episodios como los ordenadores destruidos en la sede de Génova o investigaciones que han salpicado a figuras de la derecha política, como el exmagistrado Francisco Serrano.

Todo esto forma parte de la realidad pública. Todo esto está documentado. Y, sin embargo, rara vez ocupa un lugar relevante en sus análisis.

La misma lógica se reproduce en el ámbito social. El papa Francisco insistió durante años en la necesidad de acoger al migrante y denunciar la “globalización de la indiferencia”, situando a los más vulnerables en el centro del mensaje cristiano. Fue una de las líneas más claras de su pontificado. Sin embargo, el silencio del arzobispo ante discursos políticos que criminalizan la inmigración o estigmatizan a colectivos vulnerables resulta difícil de ignorar.

El papa Francisco insistió durante años en la necesidad de acoger al migrante y denunciar la “globalización de la indiferencia”, situando a los más vulnerables en el centro del mensaje cristiano. Fue una de las líneas más claras de su pontificado. Sin embargo, el silencio del arzobispo ante discursos políticos que criminalizan la inmigración o estigmatizan a colectivos vulnerables resulta difícil de ignorar.

Porque, al parecer, no todas las causas generan la misma urgencia moral.

Algo parecido sucede con cuestiones como la desigualdad, el deterioro de la sanidad pública o las consecuencias de determinadas políticas económicas. En Galicia, durante los años de gobierno de Alberto Núñez Feijóo, el debate sobre las listas de espera, el cierre de centros de salud o el avance de la sanidad privada ha sido constante. Son problemas concretos, medibles, que afectan directamente a la vida de miles de personas. Y, sin embargo, apenas encuentran eco en el discurso del arzobispo.

Nadie discute el derecho del arzobispo a participar en la conversación pública. Pero sí es legítimo preguntarse si su discurso responde realmente a esa síntesis entre conservadurismo y progreso que proclama, o si, en la práctica, actúa con una mirada dirigida en una sola dirección. Porque cuando la crítica pierde equilibrio, deja de ser profética. Y cuando deja de ser profética, deja también de ser creíble. Y sin credibilidad, la autoridad moral no se impone: simplemente se diluye.

Aquí es donde aparece la contradicción más evidente. El propio Sanz Montes advierte del peligro de justificar errores “porque son de los nuestros”. Una afirmación impecable, casi un resumen del Evangelio. Pero cuando esa vara de medir no se aplica con la misma exigencia a todos, deja de ser un principio moral para convertirse en una declaración retórica.

Porque si la corrupción es intolerable, lo es siempre. Si la dignidad humana es el centro, debe incluir a todos: al no nacido, sí, pero también al migrante rechazado, al trabajador precarizado o al enfermo que espera durante meses una atención médica. Si la verdad es irrenunciable, no puede modularse en función de afinidades ideológicas.

De lo contrario, el riesgo es evidente: que el mensaje evangélico —que aspira a ser universal— acabe reducido a una especie de programa ideológico con sotana, reconocible, previsible y, sobre todo, selectivo.

Y entonces ocurre algo aún más problemático: deja de incomodar a todos por igual y pasa a incomodar solo a algunos. Curiosamente, siempre a los mismos.

Nadie discute el derecho del arzobispo a participar en la conversación pública. Pero sí es legítimo preguntarse si su discurso responde realmente a esa síntesis entre conservadurismo y progreso que proclama, o si, en la práctica, actúa con una mirada dirigida en una sola dirección.

Porque cuando la crítica pierde equilibrio, deja de ser profética. Y cuando deja de ser profética, deja también de ser creíble.

Y sin credibilidad, la autoridad moral no se impone: simplemente se diluye.