La herejía de decir “no a la guerra”

Hay momentos en la historia en los que la política internacional parece degradarse hasta convertirse en una escena de patio escolar: el matón pasea con gesto desafiante, reparte empujones para demostrar su poder y, alrededor, un grupo de espectadores observa en silencio mientras algunos ríen las gracias del abusón, otros apartan la mirada y unos pocos intentan recordar, tímidamente, que quizá el problema no sea quién golpea más fuerte, sino por qué seguimos aceptando que el mundo funcione de esa manera.

En ese clima extraño, donde el ruido de los misiles suele imponerse a la lógica de la diplomacia, la escena global se ha acostumbrado a una curiosa hipocresía: las guerras siempre son condenables cuando las declaran los adversarios, pero adquieren una repentina respetabilidad cuando las impulsan los aliados. Entonces aparecen palabras nobles que suavizan la violencia: estabilidad, seguridad estratégica, defensa del orden internacional, responsabilidades globales. Todo muy solemne, todo muy razonable, todo muy útil para explicar por qué la paz debe esperar un poco más.

Hay momentos en la historia en los que la política internacional parece degradarse hasta convertirse en una escena de patio escolar: el matón pasea con gesto desafiante, reparte empujones para demostrar su poder y, alrededor, un grupo de espectadores observa en silencio mientras algunos ríen las gracias del abusón.

En medio de ese paisaje, España ha cometido un gesto que para algunos resulta casi escandaloso: recordar que el derecho internacional existe y que las infraestructuras militares de un país no tienen por qué convertirse automáticamente en plataforma logística de cualquier aventura bélica. Pedro Sánchez, para sorpresa de quienes consideran la obediencia geopolítica una forma superior de patriotismo, ha decidido actuar con algo que en la política contemporánea parece una rareza: coherencia.

Naturalmente, la reacción no se ha hecho esperar. Cada vez que alguien introduce prudencia en el engranaje del belicismo elegante, aparece de inmediato el coro de los que denuncian ingenuidad, irresponsabilidad o falta de visión estratégica. Y en España, ese coro tiene una voz particularmente insistente en la figura de Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos días ha descubierto con entusiasmo la necesidad de mostrar firmeza internacional, como si la prudencia diplomática fuese una forma de debilidad moral.

Lo llamativo es que esas lecciones de responsabilidad exterior proceden del mismo espacio político que hace poco más de dos décadas protagonizó uno de los episodios más reveladores de obediencia geopolítica en la historia reciente de España. En 2003, el gobierno de José María Aznar decidió sumarse a la invasión de Irak con una convicción que parecía tan sólida como solemne. Se aseguró entonces a la ciudadanía que Sadam Husein escondía armas de destrucción masiva capaces de amenazar al mundo civilizado, una afirmación repetida con tanta insistencia que terminó adquiriendo la apariencia de una verdad indiscutible.

El petróleo de Irak era mucho más real que las armas que nunca existieron, y la promesa de liberar al mundo de una amenaza inexistente terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más claros de cómo el lenguaje político puede utilizarse para justificar lo injustificable.

Después llegó la realidad, que suele tener la desagradable costumbre de desmentir los relatos oficiales. Las armas  no aparecieron. No estaban en los búnkeres, ni en los desiertos, ni en los informes posteriores. Lo que sí apareció fue una guerra devastadora, un país destruido, cientos de miles de muertos y una región entera sumida en una inestabilidad que todavía hoy sigue produciendo consecuencias.

Con el tiempo, muchos analistas comenzaron a reconocer lo que en aquel momento resultaba incómodo admitir: que detrás de aquella intervención había intereses energéticos, estratégicos y económicos tan evidentes como cuidadosamente maquillados. El petróleo de Irak era mucho más real que las armas que nunca existieron, y la promesa de liberar al mundo de una amenaza inexistente terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más claros de cómo el lenguaje político puede utilizarse para justificar lo injustificable.

Por eso resulta difícil no percibir cierta ironía cuando quienes apoyaron aquella guerra sin pruebas se presentan ahora como guardianes de la seriedad internacional y acusan de irresponsabilidad a quienes, simplemente, recuerdan que el uso de la fuerza debería ser siempre el último recurso y no una herramienta diplomática de uso frecuente.

La política global vive instalada en una paradoja inquietante: todos los gobiernos afirman trabajar por la paz, pero el sistema internacional parece estructurado como si la guerra fuese inevitable. Se habla constantemente de seguridad mientras los presupuestos militares crecen, se invoca la estabilidad mientras las tensiones se multiplican y se proclama el deseo de evitar conflictos mientras se normaliza la idea de que cualquier crisis debe terminar resolviéndose mediante la presión militar.

En ese escenario, negarse a participar automáticamente en una escalada bélica no es un gesto revolucionario; es, sencillamente, una forma elemental de responsabilidad política. Significa rechazar la guerra como reflejo automático, cuestionar esa obediencia geopolítica que se exige sin preguntas y desmontar la peligrosa idea de que la paz no es más que un breve paréntesis entre conflictos inevitables.

Curiosamente, esa intuición no es nueva. El cristianismo lleva siglos formulándola con una claridad que sigue resultando incómoda para quienes entienden la política internacional como una competición permanente de poder. El Evangelio recoge una frase sencilla que ha sobrevivido a imperios, tratados y alianzas militares: “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5,9). No es una declaración estratégica ni un programa militar; es una afirmación moral que recuerda que la paz no es una debilidad, sino una tarea que exige valentía, inteligencia y una profunda conciencia del valor de la vida humana.

“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5,9). No es una declaración estratégica ni un programa militar; es una afirmación moral que recuerda que la paz no es una debilidad, sino una tarea que exige valentía, inteligencia y una profunda conciencia del valor de la vida humana.

También el papa León XIV lo ha expresado recientemente con una simplicidad que, en el contexto actual, suena casi provocadora: no a la guerra y sí al diálogo. Puede parecer una frase obvia, pero en una época que ha convertido la firmeza militar en espectáculo político, insistir en el diálogo se vuelve casi un acto de resistencia intelectual. Dialogar exige reconocer al otro, aceptar matices y admitir que ningún país posee por sí solo la verdad absoluta sobre cómo debe organizarse el mundo.

Por eso el gesto del gobierno español ha generado tanta incomodidad. No porque cambie el equilibrio estratégico del planeta, sino porque introduce una pregunta incómoda en medio del consenso bélico: si realmente creemos en la paz, ¿por qué actuamos como si la guerra fuese siempre el camino más natural?

Tal vez la verdadera anomalía de este tiempo no sea que existan conflictos, sino que hayamos aceptado con tanta facilidad que la política internacional se rija por la lógica de la fuerza. Tal vez el verdadero escándalo no sea que un gobierno intente frenar una escalada militar, sino que haya tantos dispuestos a considerar ese intento una forma de debilidad.

Porque si algo nos enseñó Irak, y si algo sigue recordándonos cada nuevo conflicto que estalla en el planeta, es que las guerras se justifican con discursos solemnes, pero se pagan con vidas humanas, con ciudades destruidas, con generaciones enteras condenadas al miedo y con un futuro que se vuelve cada vez más incierto para millones de personas que jamás tuvieron poder para decidir sobre esos conflictos.

El mundo contemporáneo presume de haber aprendido las lecciones más duras del siglo XX. Se invocan constantemente las tragedias del pasado para advertir contra los peligros del autoritarismo, del fanatismo o del desprecio por la dignidad humana. Sin embargo, cada vez que un nuevo conflicto aparece en el horizonte, la memoria colectiva parece evaporarse con una rapidez sorprendente y volvemos a escuchar los mismos argumentos, las mismas promesas de guerras rápidas, las mismas justificaciones morales para decisiones que después dejan cicatrices durante décadas.

Quizá por eso resulte tan incómodo escuchar a quienes insisten en recordar que la paz no es una ingenuidad, sino una obligación ética y política. Porque aceptar esa idea implica reconocer que muchas guerras podrían haberse evitado si hubiese existido suficiente voluntad de diálogo, suficiente prudencia diplomática y suficiente honestidad para admitir que la fuerza militar rara vez resuelve los problemas que dice combatir.

Y es precisamente ahí donde se encuentra el verdadero desafío de nuestro tiempo. No en demostrar quién posee más capacidad de destrucción, ni en competir por el liderazgo de alianzas militares, sino en decidir si la humanidad está dispuesta a seguir recorriendo un camino que, una y otra vez, ha demostrado conducir a la devastación.

Porque al final, cuando se apagan los discursos y las banderas dejan de ondear en los balcones del poder, lo que queda no es la gloria estratégica ni el orgullo nacional. Lo que queda son cementerios, ciudades arrasadas, familias rotas y generaciones enteras preguntándose por qué los adultos que gobernaban el mundo fueron incapaces de hacer algo tan elemental —y tan difícil— como elegir la paz cuando todavía era posible.