Jesús Sanz Montes y la Iglesia que se aleja de los pobres para acercarse al poder
Cuando un arzobispo proclama que hace política siempre que puede, la pregunta incómoda es inevitable: ¿está llevando el Evangelio a la plaza pública o está poniendo a Dios al servicio del poder? Mientras los pobres esperan justicia y los templos se vacían, Jesús Sanz Montes parece más preocupado por conquistar espacio político que por recuperar la credibilidad perdida de la Iglesia.
Hay declaraciones que, por sí solas, merecerían una reflexión profunda, no porque procedan de un arzobispo, sino precisamente porque quien las pronuncia debería conocer mejor que nadie la distancia que puede existir entre el Evangelio de Jesucristo y las ambiciones del poder. Cuando el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, afirma que «hago política siempre que puedo», defendiendo la presencia de la fe cristiana en la esfera pública, convendría preguntarse qué política está haciendo, a quién sirve y qué Evangelio inspira sus palabras. Porque una cosa es comprometerse con la justicia, la dignidad humana y el bien común, y otra muy distinta convertir la autoridad religiosa en un instrumento de legitimación de determinadas opciones ideológicas.
El problema no es que los cristianos participen en política. Tienen todo el derecho a hacerlo, como cualquier ciudadano. El problema aparece cuando la jerarquía eclesiástica parece sentirse más cómoda cerca de los centros de poder que al lado de quienes sufren sus consecuencias. Cuando sus palabras resuenan con fuerza para defender determinadas tradiciones, combatir cambios sociales o advertir contra quienes cuestionan su autoridad, pero pierden contundencia ante la pobreza, la desigualdad, la exclusión de los inmigrantes y el sufrimiento de quienes apenas consiguen sobrevivir, algo esencial se está quebrando. No es la sociedad la que se aleja del Evangelio en exclusiva. También la Iglesia debe preguntarse cuánto se ha alejado ella.
El problema no es que los cristianos participen en política. Tienen todo el derecho a hacerlo, como cualquier ciudadano. El problema aparece cuando la jerarquía eclesiástica parece sentirse más cómoda cerca de los centros de poder que al lado de quienes sufren sus consecuencias.
Jesús no buscó el reconocimiento de los poderosos ni necesitó que los gobernantes le proporcionaran un escenario para proclamar su mensaje. Su lugar estuvo entre los enfermos, los marginados, los pecadores y quienes no contaban para las autoridades religiosas de su tiempo. En Mateo 25,31-46, la identificación de Cristo con los hambrientos, los sedientos, los extranjeros, los desnudos y los encarcelados no deja demasiado margen para las interpretaciones interesadas: «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis». No dice que seremos reconocidos por nuestra proximidad a las instituciones, por la defensa de una identidad cultural o por la influencia política de nuestros representantes. Sitúa la medida de la fidelidad en la manera de tratar a los últimos.
Por eso resulta legítimo cuestionar la responsabilidad de quienes, desde la jerarquía eclesiástica, se aproximan a formaciones políticas cuyas posiciones sobre inmigración, acogida y protección de los más vulnerables entran en tensión con exigencias fundamentales del Evangelio. La utilización política de espacios sagrados, como ocurrió con el acto electoral de Vox en Covadonga en 2019, plantea una pregunta incómoda: ¿puede un santuario convertirse en escenario de una estrategia partidista sin comprometer la independencia pastoral de la Iglesia? No se trata de negar a nadie sus derechos políticos, sino de impedir que un símbolo religioso termine funcionando como aval moral de una determinada formación. Si la Iglesia quiere hablar a todos, debe evitar que parezca hablar principalmente para quienes aspiran a convertir la religión en una frontera entre ciudadanos.
Si la Iglesia quiere hablar a todos, debe evitar que parezca hablar principalmente para quienes aspiran a convertir la religión en una frontera entre ciudadanos.
La advertencia es todavía más necesaria cuando el discurso religioso se mezcla con relatos de confrontación, nostalgia de antiguas hegemonías y proyectos de restauración política. El cristianismo no nació para ofrecer una coartada espiritual a ninguna reconquista partidista. Nació de un hombre que rechazó la lógica del dominio y que, según Marcos 10,42-45, contrapuso el servicio a la ambición de mandar: «El que quiera ser grande, sea vuestro servidor». Son palabras que deberían interpelar a cualquier dirigente, religioso o político, que confunda autoridad con superioridad y liderazgo con capacidad de imponer su visión a los demás.
También resulta revelador el contraste entre la pérdida de influencia de la Iglesia y la creciente distancia entre sus enseñanzas y las creencias reales de muchos bautizados. Los templos pueden seguir en pie, pero sus bancos cada vez más vacíos hablan de una crisis que no se resuelve reclamando obediencia. Las encuestas sobre religiosidad apuntan a una transformación profunda de la imagen de Dios y de las creencias tradicionales, aunque sus resultados concretos deben examinarse con rigor y sin convertir tendencias generales en cifras universales. Muchos creyentes se alejan de una imagen de Dios concebido fundamentalmente como juez castigador y se acercan a una experiencia de misericordia, acompañamiento y esperanza. No todos rechazan la doctrina cristiana, pero muchos ya no aceptan que la fe se presente como un catálogo de prohibiciones administrado por una institución que reclama autoridad sin someterse a una autocrítica equivalente.
Los templos pueden seguir en pie, pero sus bancos cada vez más vacíos hablan de una crisis que no se resuelve reclamando obediencia.
El Evangelio, en realidad, ofrece una respuesta mucho más exigente que la mera conservación de la institución. En Lucas 4,18, Jesús proclama que ha sido enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, la libertad a los cautivos y la liberación a los oprimidos. No establece como prioridad recuperar privilegios eclesiásticos ni influencia parlamentaria. La prioridad son las personas. Si la Iglesia pretende hablar en nombre de Cristo, tendrá que demostrar que la suerte de los pobres le importa más que la cercanía a los poderosos.
Y aquí aparece la contradicción más dolorosa: una institución que predica humildad, pero puede proyectar una imagen de arrogancia; que proclama misericordia, pero a veces parece más severa con quienes cuestionan su moral que con las estructuras que producen sufrimiento; que reclama libertad para la religión, pero no siempre muestra la misma sensibilidad ante quienes viven su libertad de manera distinta. No toda la Iglesia es así, por supuesto. Hay comunidades, sacerdotes, religiosos y laicos que sostienen comedores, acompañan a personas migrantes y denuncian injusticias sin buscar protagonismo. Precisamente por ellos resulta necesario distinguir el Evangelio de sus posibles usos partidistas.
Jesús Sanz Montes tiene derecho a intervenir en el debate público. Pero ese derecho no lo exime de una pregunta fundamental: ¿su presencia política acerca a las personas al mensaje de Jesús o contribuye a identificar el cristianismo con una trinchera ideológica? La autoridad moral no se hereda con el cargo ni se garantiza mediante declaraciones solemnes. Se conquista con coherencia, servicio y valentía ante la injusticia.
El Apocalipsis, en 3,15-16, contiene una advertencia dirigida a la comunidad de Laodicea: «No eres frío ni caliente». Es una imagen poderosa para cuestionar una fe que pierde su capacidad de incomodar a los poderosos mientras conserva intacta su disposición a vigilar la vida privada de los demás. La tibieza no consiste en negarse a apoyar a un partido concreto; consiste en renunciar a la verdad y a la justicia cuando defenderlas tiene un precio. Una Iglesia verdaderamente profética debería denunciar la explotación venga de donde venga, cuestionar a cualquier gobierno que abandone a los vulnerables y recordar a todas las ideologías que ninguna puede apropiarse de Dios.
Jesús Sanz Montes tiene derecho a intervenir en el debate público. Pero ese derecho no lo exime de una pregunta fundamental: ¿su presencia política acerca a las personas al mensaje de Jesús o contribuye a identificar el cristianismo con una trinchera ideológica? La autoridad moral no se hereda con el cargo ni se garantiza mediante declaraciones solemnes. Se conquista con coherencia, servicio y valentía ante la injusticia.
La Iglesia no perderá credibilidad porque deje de mandar. La perderá si continúa creyendo que debe mandar para ser escuchada. No necesita templos llenos de obediencia y plazas ocupadas por consignas; necesita comunidades capaces de vivir la fraternidad que proclaman. Porque el día en que los pobres encuentren más consuelo en quienes carecen de poder que en quienes hablan en nombre de Dios, la pregunta ya no será por qué la sociedad ha abandonado a la Iglesia. Será por qué una parte de la Iglesia ha dejado de reconocer, en los abandonados, el rostro de Cristo.