Ni motosierra ni bulldozer: los derechos sociales no se negocian

Hay conquistas sociales que tardaron generaciones en hacerse realidad y que podrían perderse mucho más deprisa de lo que imaginamos. La sanidad pública, las pensiones, las becas y la protección de las personas vulnerables no son regalos de ningún Gobierno: son derechos levantados con el trabajo, los impuestos, las reivindicaciones y el esfuerzo colectivo de millones de ciudadanos.

El obispo de Mondoñedo-Ferrol, en un artículo publicado en La Voz de Galicia, nos invita a reflexionar sobre el voto, la inmigración y la sociedad que queremos legar a nuestros hijos. No señala a ningún partido ni dicta una papeleta. Habla del bien común, de la dignidad humana y del peligro de construir la convivencia desde el miedo y la exclusión. Pero sus palabras nos llevan a una pregunta ineludible: ¿qué sociedad estamos construyendo cuando respaldamos proyectos que amenazan los derechos sociales que tanto ha costado conquistar?

La respuesta exige mirar más allá de los eslóganes y examinar los programas, las declaraciones y los antecedentes de quienes aspiran a gobernarnos.

El obispo de Mondoñedo-Ferrol, en un artículo publicado en La Voz de Galicia, nos invita a reflexionar sobre el voto, la inmigración y la sociedad que queremos legar a nuestros hijos. No señala a ningún partido ni dicta una papeleta. Habla del bien común, de la dignidad humana y del peligro de construir la convivencia desde el miedo y la exclusión. Pero sus palabras nos llevan a una pregunta ineludible: ¿qué sociedad estamos construyendo cuando respaldamos proyectos que amenazan los derechos sociales que tanto ha costado conquistar?

El Concilio Vaticano II dejó en Gaudium et spes una referencia fundamental. Su número 26 vincula el bien común con las condiciones sociales que permiten a las personas desarrollarse plenamente; el 27 reclama respeto a la dignidad humana, y el 29 defiende la igualdad fundamental y la justicia social. No es un programa electoral ni una consigna partidista: es un criterio moral para examinar la realidad.

No se puede proclamar la dignidad humana y desentenderse de las condiciones materiales que permiten vivir dignamente. ¿De qué libertad hablamos cuando una persona no puede pagar sus medicamentos? ¿Qué igualdad de oportunidades existe si un joven tiene que renunciar a la universidad porque su familia carece de recursos? ¿Qué protección ofrecemos a una persona mayor si su pensión no le permite afrontar sus necesidades básicas?

El ingreso mínimo vital, las pensiones, la financiación pública de medicamentos, las becas y la educación pública son medidas concretas de protección. No podemos permitir que se debiliten después de todo lo que ha costado construirlos. Detrás de cada prestación hay personas; detrás de cada derecho, décadas de esfuerzo colectivo. Las pensiones revalorizadas, las ayudas que permiten llegar a fin de mes y las oportunidades educativas que no dependen exclusivamente de la renta familiar forman parte de una sociedad que ha decidido que nadie debería quedar abandonado a su suerte.

Desmantelar la protección social no es simplemente reducir una partida presupuestaria: es poner en riesgo la seguridad y las oportunidades de millones de ciudadanos.

En 2025, Jorge Buxadé, dirigente de Vox, afirmó que la motosierra de Milei «se va a quedar en nada» cuando su partido alcance una mayoría absoluta, y añadió: «¡Bulldozer!». José María Figaredo participaba en aquella conversación.

Argentina ofrece una advertencia que merece atención. Javier Milei convirtió la motosierra en el símbolo de su programa de ajuste fiscal y reducción del gasto público. La evolución de la pobreza, los ingresos reales, las pensiones y los servicios públicos debe examinarse con estadísticas y teniendo en cuenta los distintos periodos. Pero una cuestión resulta esencial: cuando se reduce drásticamente el gasto estatal, hay que preguntar quién soporta los costes y qué protección queda para quienes dependen de él. España no necesita importar un modelo de demolición de lo público sin examinar antes sus consecuencias sociales.

En 2025, Jorge Buxadé, dirigente de Vox, afirmó que la motosierra de Milei «se va a quedar en nada» cuando su partido alcance una mayoría absoluta, y añadió: «¡Bulldozer!». José María Figaredo participaba en aquella conversación. Son declaraciones públicas que merecen una explicación política: ¿qué estructuras quieren derribar?, ¿qué servicios se verían afectados?, ¿qué ocurriría con las prestaciones sociales, los derechos laborales y los servicios públicos?

Cuando se anuncia que la motosierra se quedará pequeña y que hará falta un bulldozer, la ciudadanía tiene derecho a saber qué se pretende destruir y quién pagará las consecuencias. No basta con presentar los recortes como una proeza política: hay que explicar cómo afectarán a las personas que dependen de los servicios públicos.

Alberto Núñez Feijóo tampoco puede hablar del Estado del bienestar como si su trayectoria al frente de la Xunta de Galicia no existiera. Gobernó Galicia durante trece años, entre 2009 y 2022, y su gestión debe examinarse a partir de los presupuestos, las estadísticas sanitarias y los datos oficiales de educación. El Ministerio de Sanidad publica series históricas de listas de espera por comunidades autónomas; el Instituto Galego de Estadística ofrece datos sobre hospitales, camas, personal y gasto sanitario, y las estadísticas educativas permiten seguir la evolución de los centros y del profesorado.

Alberto Núñez Feijóo tampoco puede hablar del Estado del bienestar como si su trayectoria al frente de la Xunta de Galicia no existiera. Gobernó Galicia durante trece años, entre 2009 y 2022, y su gestión debe examinarse a partir de los presupuestos, las estadísticas sanitarias y los datos oficiales de educación.

Esas fuentes permiten contrastar la evolución de los servicios públicos durante los años de su presidencia. Las listas de espera, la atención primaria, las plantillas, los recursos destinados a la sanidad y la evolución de la enseñanza pública no son cuestiones secundarias: afectan directamente a la vida cotidiana de la ciudadanía. La pandemia y los cambios demográficos deben tenerse en cuenta, pero tampoco pueden utilizarse para eludir el examen de las decisiones tomadas durante los años anteriores.

Trece años de gobierno exigen rendición de cuentas. Feijóo debe responder por el balance de su etapa gallega y explicar qué propone para el conjunto de España. Y el Partido Popular debe aclarar qué compromisos está dispuesto a asumir en sus acuerdos con Vox y qué garantías ofrece para que las pensiones, la sanidad, la educación y las prestaciones sociales no terminen convertidas en moneda de negociación.

Tampoco podemos permitir que la inmigración se convierta en el chivo expiatorio de todos nuestros problemas. Las fronteras requieren una gestión responsable, pero eso no autoriza a deshumanizar a quienes llegan buscando seguridad, trabajo o una oportunidad de vida. La dignidad humana no depende del pasaporte ni del lugar de nacimiento. Como recuerda el obispo, nuestra sociedad se ha construido mediante el encuentro con otros pueblos y culturas. La gestión migratoria debe ser compatible con los derechos humanos, la integración y la convivencia.

Las fronteras requieren una gestión responsable, pero eso no autoriza a deshumanizar a quienes llegan buscando seguridad, trabajo o una oportunidad de vida.

El artículo del obispo de Mondoñedo Ferrol nos invita a decidir qué sociedad queremos legar. La respuesta debe medirse en hechos: en la protección de los mayores, en la atención a los enfermos, en las oportunidades de los jóvenes y en la capacidad de una familia vulnerable para salir adelante. La doctrina social de la Iglesia no permite reducir el bien común a una cuestión de cifras económicas: exige considerar a las personas, especialmente a quienes se encuentran en una situación de mayor fragilidad.

Los derechos sociales no son privilegios que un Gobierno concede graciosamente y otro puede retirar sin consecuencias. Son conquistas democráticas que merecen protección y defensa. Por eso, ante cualquier propuesta de recorte, hay preguntas que ningún candidato debería eludir: qué se elimina, a quién afecta, qué alternativa se ofrece y quién pagará el coste. Y ante cualquier promesa electoral, debemos contrastar las palabras con los antecedentes de quienes las pronuncian.

Porque destruir puede ser rápido. Reconstruir la confianza, recuperar servicios debilitados y devolver oportunidades perdidas puede llevar años. Quienes más sufren las consecuencias de los recortes no suelen ser quienes tienen mayores recursos para protegerse, sino las personas mayores, los enfermos, los trabajadores precarios, los estudiantes y las familias con dificultades económicas.

Lo que tanto costó conquistar no puede quedar reducido a una cifra, una consigna o una víctima colateral de la lucha por el poder. La dignidad humana debe ser el límite de toda política y el bien común, la medida con la que juzguemos las decisiones de quienes nos gobiernan. Porque cuando introducimos una papeleta en la urna no solo elegimos a quienes administrarán el país: también contribuimos a decidir qué derechos protegemos, qué sociedad construimos y qué futuro dejamos a las próximas generaciones.