Cuando la política invade el plató: la democracia no puede arrodillarse ante quienes pretenden domesticarla

Hay escenas que trascienden el espectáculo televisivo porque retratan con una claridad inquietante el momento político que atraviesa una sociedad. Lo ocurrido en La Revuelta con Santiago Abascal no debería analizarse únicamente como una entrevista controvertida. La cuestión de fondo es quién establece las condiciones del debate público, quién pretende controlar el escenario y hasta dónde puede llegar un partido político para convertir un espacio de comunicación en un instrumento de propaganda.

Según explicó David Broncano, el equipo de Abascal solicitó encargarse de la gestión del público mediante una agencia. El presentador reconoció que se aceptó esa petición ante el temor de que el público habitual pudiera dificultar el desarrollo de la entrevista. Este dato merece una reflexión profunda. Lo preocupante aparece cuando las condiciones de participación dejan de responder a la naturaleza del programa y pasan a estar condicionadas por los intereses de quien acude como invitado.

Un público seleccionado bajo las condiciones del invitado altera inevitablemente la naturaleza de la conversación. No porque los espectadores tengan que compartir una determinada ideología, sino porque la pluralidad y la espontaneidad son esenciales en cualquier espacio que aspire a representar la diversidad de una sociedad democrática.

Y aquí conviene situar correctamente las responsabilidades. Broncano es un cómico y presentador de entretenimiento, no un periodista de investigación obligado a someter a un dirigente político a un interrogatorio parlamentario. Exigirle que resuelva las contradicciones de un proyecto político entero es desviar la atención del problema principal. La discusión debe centrarse también en las condiciones que hicieron posible que el invitado dispusiera de semejante capacidad de influencia sobre el desarrollo del programa.

Abascal expuso sus posiciones sobre el cambio climático, la legislación sobre memoria democrática y el Gobierno.También calificó a Pedro Sánchez de dictador, una acusación de enorme gravedad que no puede convertirse en una afirmación inocua por pronunciarse entre bromas y sonrisas. La democracia permite cuestionar al Gobierno, pero no obliga a aceptar como hechos demostrados las descalificaciones que se lanzan contra sus representantes e instituciones.

Hay algo inquietante en la normalización de determinados discursos: se presentan como provocaciones o expresiones de valentía política cuando merecen un examen riguroso. La libertad de expresión protege incluso las opiniones profundamente incómodas, pero no convierte cualquier afirmación en verdadera ni obliga a los medios a renunciar a su responsabilidad crítica.

Hannah Arendt reflexionó sobre la fragilidad de la verdad en el espacio público y sobre el peligro de manipular los hechos para la vida democrática. Cuando la discusión pública deja de distinguir entre hechos, opiniones y propaganda, la ciudadanía pierde instrumentos fundamentales para comprender la realidad.

Y eso es precisamente lo que está en juego. No se trata de impedir que Vox participe en un programa ni de defender que sus simpatizantes tengan menos derechos que los demás. Se trata de impedir que el derecho a participar se transforme en capacidad para imponer condiciones, controlar el entorno o reducir la pluralidad de quienes escuchan.

RTVE, como servicio público, tiene una responsabilidad que va mucho más allá de cumplir formalmente unas obligaciones legales. Debe garantizar el pluralismo y la independencia sin permitir que ninguna formación condicione editorialmente sus espacios.Para ello hacen falta protocolos públicos de participación, criterios transparentes de selección del público, garantías de independencia editorial y una prohibición expresa de que los equipos de los invitados políticos impongan condiciones sobre la composición de la audiencia o el desarrollo de los programas. También hacen falta mecanismos independientes de supervisión, procedimientos de reclamación y rendición de cuentas ante posibles presiones externas. No basta con confiar en la buena voluntad de los profesionales: la independencia de un medio público debe estar protegida por normas, controles y garantías verificables.

Y la preocupación no termina en un plató. Al despedirse de Broncano, después de que este le dijera que no iba a desearle suerte, Abascal respondió: «Pues yo sí, porque vas a necesitarla». También hubo alusiones a una posible caja para que el presentador recogiera sus cosas. El dirigente de Vox presentó sus palabras como una broma. Pero el humor no convierte automáticamente en inocuas unas insinuaciones que, por su contexto, pueden percibirse como intimidatorias. Cuando un responsable político convierte el futuro profesional de un comunicador en objeto de comentarios de esta naturaleza, debería comprender que está jugando con una frontera especialmente delicada de la convivencia democrática.

Las experiencias de distintos países demuestran que las libertades pueden deteriorarse gradualmente mediante la presión sobre los medios, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la estigmatización de quienes ejercen la crítica.

No necesitamos censurar a quienes defienden posiciones extremas. Necesitamos instituciones suficientemente independientes para escucharlos, cuestionarlos y evitar que impongan las reglas del juego a los demás.

En vísperas de unas elecciones, esta reflexión adquiere todavía mayor importancia. Los ciudadanos no deben votar desde el miedo, la manipulación o la indiferencia, sino desde el conocimiento de lo que cada proyecto político representa y de las consecuencias que pueden tener sus propuestas.

Porque una democracia no se mide únicamente por permitir que los dirigentes políticos ocupen un plató y pronuncien discursos. Se mide por su capacidad para garantizar que nadie pueda apropiarse de los espacios comunes, intimidar a quienes discrepan o convertir las instituciones públicas en instrumentos de poder partidista.

La televisión pública no pertenece a ningún partido. El espacio público tampoco. Y la democracia, mucho menos.

Quien pretende controlar el escenario, seleccionar el aplauso y condicionar la conversación debería comprender algo elemental: una sociedad libre no está para proporcionar público, obediencia ni legitimidad a ningún dirigente. Está para exigirle explicaciones.