De la RISGA gallega al futuro del IMV: Feijóo quiere cambiar las ayudas, ¿qué será ahora de quienes más las necesitan?

Parece que Alberto Núñez Feijóo ha descubierto una fórmula extraordinaria para combatir la pobreza: cambiarle el nombre a las ayudas, multiplicar los requisitos y llamar «activación» a lo que para miles de personas puede convertirse en otra condena a la miseria. El Partido Popular pretende sustituir el Ingreso Mínimo Vital por una nueva renta de activación, modificar sus condiciones y combatir el supuesto «absentismo injustificado». Una propuesta que todavía deja demasiadas preguntas sin respuesta, pero que permite reconocer una vieja filosofía política: a quienes tienen dinero se les ofrecen oportunidades; a quienes no tienen nada se les ofrecen sospechas, formularios y controles.

Todavía desconocemos las cuantías, los requisitos económicos, las prestaciones que se integrarán y qué sucederá con quienes actualmente reciben el IMV. Tampoco sabemos qué condiciones tendrán que cumplir para conservar una ayuda de la que hoy dependen para sobrevivir. Pero, tranquilos, seguramente todo se aclarará cuando llegue el momento de descubrir quién se queda fuera. La transparencia también parece tener sus propios plazos administrativos.

Una propuesta que todavía deja demasiadas preguntas sin respuesta, pero que permite reconocer una vieja filosofía política: a quienes tienen dinero se les ofrecen oportunidades; a quienes no tienen nada se les ofrecen sospechas, formularios y controles.

Y Feijóo no parte de una experiencia desconocida. Galicia conoce bien la RISGA, la Renta de Inclusión Social, y las dificultades que numerosas personas encontraron para acceder a ella durante los gobiernos del Partido Popular. Trabajadoras sociales denunciaron retrasos interminables, exigencias burocráticas y situaciones de auténtica impotencia ante solicitudes rechazadas. Hubo personas que esperaron meses para recibir una negativa porque habían trabajado durante un mes.Otras quedaron excluidas porque tenían familiares con ingresos, aunque no existiera una relación familiar que permitiera contar realmente con su ayuda.

¡Qué extraordinaria manera de fomentar la solidaridad familiar desde un despacho! Un padre de sesenta años, sin recursos, puede encontrarse con que su hija de treinta y cinco tiene que convertirse en su sistema privado de protección social. Que se lleven bien, que se lleven mal, que ella pueda mantenerlo o que apenas llegue a fin de mes parecen detalles sin importancia. Lo fundamental es que la Administración encuentre a alguien a quien trasladarle su responsabilidad.

¿Dónde queda la dignidad de una persona adulta? ¿Tiene que mendigar a sus hijos, a sus hermanos o a sus padres para que el Gobierno considere que merece una prestación? La pobreza ya es suficientemente humillante como para que, además, la Administración obligue a quien la padece a justificar por qué no quiere depender económicamente de su familia.

Y Feijóo no parte de una experiencia desconocida. Galicia conoce bien la RISGA, la Renta de Inclusión Social, y las dificultades que numerosas personas encontraron para acceder a ella durante los gobiernos del Partido Popular. Trabajadoras sociales denunciaron retrasos interminables, exigencias burocráticas y situaciones de auténtica impotencia ante solicitudes rechazadas. Hubo personas que esperaron meses para recibir una negativa porque habían trabajado durante un mes. Otras quedaron excluidas porque tenían familiares con ingresos, aunque no existiera una relación familiar que permitiera contar realmente con su ayuda.

Recordemos también a aquellas personas que tuvieron que recurrir a Cáritas para conseguir alimentos, butano y productos básicos mientras sus expedientes permanecían paralizados. Mujeres enfermas, sin ingresos, que llegaron a decir que no tenían ni un euro para comprar pan. Para comer, Cáritas; para sobrevivir, la solidaridad vecinal; para conseguir una prestación pública, paciencia infinita. Mientras tanto, los papeles viajaban de un despacho a otro. El hambre no podía esperar, pero la Administración parecía disponer de todo el tiempo del mundo.

Y ahora Feijóo nos pide confianza en su nueva renta. Después de aquella experiencia gallega, pretende que creamos que esta vez todo será diferente. Una confianza verdaderamente conmovedora. Si la RISGA ya encontró tantas dificultades para llegar a quienes la necesitaban, ¿qué garantías tenemos de que la nueva prestación, cuya gestión dependería también de las comunidades autónomas, no reproduzca los mismos problemas? ¿Qué sucederá en Galicia? ¿Volverán a multiplicarse los requisitos mientras las necesidades siguen creciendo?

Porque hay una paradoja escandalosa en determinadas políticas sociales: cuanto más vulnerable es una persona, más pruebas tiene que superar para demostrar su vulnerabilidad. Si trabaja, puede perder la ayuda; si no trabaja, se le reprocha que no se active; si tiene familiares, que recurran a ellos; si está enferma, que presente informes. Solo falta exigirle que certifique notarialmente su hambre.

Y ahora Feijóo nos pide confianza en su nueva renta. Después de aquella experiencia gallega, pretende que creamos que esta vez todo será diferente. Una confianza verdaderamente conmovedora. Si la RISGA ya encontró tantas dificultades para llegar a quienes la necesitaban, ¿qué garantías tenemos de que la nueva prestación, cuya gestión dependería también de las comunidades autónomas, no reproduzca los mismos problemas? ¿Qué sucederá en Galicia? ¿Volverán a multiplicarse los requisitos mientras las necesidades siguen creciendo?

Tampoco podemos olvidar los medicamentos. ¿Qué sucederá con quienes actualmente acceden a tratamientos y prestaciones farmacéuticas vinculados a su situación económica? ¿Se mantendrán sus derechos si desaparece o se modifica el IMV? ¿Quién garantizará que nadie interrumpa su medicación por una reforma administrativa? Durante el Gobierno de Mariano Rajoy también se hicieron promesas sobre medicamentos gratuitos para desempleados que no llegaron a materializarse en los términos anunciados. Al parecer, prometer medicamentos gratuitos en un mitin cuesta mucho menos que garantizar que una persona sin recursos pueda retirarlos en la farmacia.

Desde la doctrina social de la Iglesia, esta cuestión es inequívoca. La dignidad humana no depende de la productividad, ni se pierde por estar desempleado, enfermo o necesitar ayuda. La opción preferencial por los pobres, la solidaridad, el destino universal de los bienes y el bien común no son estampitas para decorar despachos ni frases piadosas para pronunciar cuando conviene.

El Evangelio es todavía más contundente. Jesús dice en Mateo 25,35: «Tuve hambre y me disteis de comer». No dijo: «Tuve hambre y me exigisteis seis meses de documentación para comprobar si algún familiar podía alimentarme». Tampoco dijo: «Estuve enfermo y me sometisteis a una evaluación de absentismo».Jesús veía personas donde determinadas burocracias parecen ver expedientes sospechosos.

No necesitamos una nueva carrera de obstáculos para los pobres. Necesitamos que la Administración deje de poner obstáculos a quienes ya tienen demasiados. Porque una sociedad no se mide por lo bien que viven sus privilegiados, sino por la dignidad con la que permite vivir a quienes menos tienen.

Naturalmente, las políticas sociales deben favorecer el empleo, la formación y la autonomía. Pero una cosa es acompañar a alguien hacia una vida mejor y otra convertir una prestación de supervivencia en un premio condicionado a superar una carrera de obstáculos. No se puede confundir la falta de oportunidades con la falta de voluntad. Hay personas enfermas, personas que cuidan, personas con discapacidad y personas que llevan años buscando un trabajo que sencillamente no encuentran. ¿También a ellas habrá que explicarles que su pobreza necesita activarse?

El Estado de bienestar no es una propina del Gobierno de turno. Es una conquista democrática y una obligación de justicia. El derecho a la alimentación, la vivienda, la sanidad, la educación, los medicamentos y unas pensiones dignas no puede depender de la generosidad de ningún gobernante. De poco sirve presumir de libertad cuando una persona tiene que elegir entre comprar pan o pagar la electricidad.

Señor Feijóo, antes de vendernos su nueva fórmula contra la pobreza, explique qué sucederá con quienes hoy dependen del IMV. Explique las cuantías, los requisitos y las condiciones para mantener la prestación. Y explique, sobre todo, por qué deberíamos confiar en una receta que llega de una experiencia gallega en la que tantas personas encontraron cerradas las puertas de la protección social.

Porque cuando un Gobierno empieza a considerar la protección de los más débiles como un gasto del que conviene desprenderse, no está reformando el Estado de bienestar: está renunciando a su razón de ser.  

No necesitamos una nueva carrera de obstáculos para los pobres. Necesitamos que la Administración deje de poner obstáculos a quienes ya tienen demasiados. Porque una sociedad no se mide por lo bien que viven sus privilegiados, sino por la dignidad con la que permite vivir a quienes menos tienen.

Y si para recibir una ayuda hay que demostrar que uno no tiene dinero, que no puede recurrir a su familia, que no encuentra trabajo y que, además, conserva la paciencia después de meses de espera, quizá el verdadero problema no sea la pobreza de los solicitantes, sino la pobreza de sensibilidad de quienes gobiernan.

Porque cuando un Gobierno empieza a considerar la protección de los más débiles como un gasto del que conviene desprenderse, no está reformando el Estado de bienestar: está renunciando a su razón de ser.