Las sombras del Atlántico: ejemplaridad y conciencia pública
En política, la legalidad marca el mínimo exigible; la ejemplaridad, la altura moral de quien ejerce el poder. En una Galicia herida por el narcotráfico, la memoria invita a reflexionar sobre la prudencia, la responsabilidad pública y la confianza ciudadana.
La historia social y política reciente de Galicia se encuentra muy vinculada a la realidad del contrabando y el narcotráfico. Durante las últimas décadas del siglo XX, esta realidad nos solo alimentó una importante economía sumergida en la zona atlántica, sino que también condicionó las relaciones sociales, las expectativas económicas y la percepción ciudadana de las instituciones. En este contexto se sitúa uno de los episodios que más debate ha suscitado sobre la ejemplaridad en la política española: la relación personal que mantuvo durante los años noventa Alberto Núñez Feijóo, entonces alto cargo de la Xunta de Galicia, con Marcial Dorado, quien posteriormente sería condenado por delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
La publicación, en 2013, de fotografías de ambos durante viajes y encuentros en el mar por el diario El País reabrió una cuestión fundamental: ¿hasta dónde llega la responsabilidad ética de un representante público cuando sus relaciones personales entran en conflicto con las exigencias de ejemplaridad de su cargo? Las imágenes, correspondientes a una etapa anterior, no constituyen por sí mismas una prueba de participación delictiva ni permiten deducir que se hayan producido por parte del señor Feijoo actividades criminales. Sin embargo, sí justificaron un debate público legítimo sobre la prudencia, el criterio y la responsabilidad política de quienes ocupan posiciones de relevancia institucional.
La cuestión, por tanto, no debe confundirse con una imputación penal, sino situarse en el terreno de la confianza ciudadana. La explicación ofrecida por el propio Feijóo acerca de su desconocimiento de las actividades delictivas de Dorado forma parte de las declaraciones públicas que deben tenerse en cuenta en cualquier análisis riguroso. Pero la ausencia de una responsabilidad penal acreditada no agota necesariamente el examen de la responsabilidad ética. La ciudadanía puede exigir a sus representantes niveles de prudencia y ejemplaridad que vayan más allá de los mínimos jurídicos exigibles.
La gravedad de este debate se comprende mejor a la luz del contexto gallego de aquellos años. En Fariña, el periodista Nacho Carretero reconstruye las redes del contrabando y el narcotráfico, así como su penetración en determinados espacios de la vida económica y social. Entre los episodios recogidos en la obra figura la réplica que Manuel Fraga Iribarne le dirigió a Alberto Núñez Feijóo al explicarle el origen del apodo del entonces alcalde de A Guarda: «¿Usted sabe por qué llaman 'Ligero' al alcalde de A Guarda? Porque corría muy rápido delante de la Guardia Civil cuando hacía contrabando con Portugal». El pasaje, citado como parte del relato periodístico, ilustra la normalización social que podían alcanzar determinadas actividades ilícitas y la dificultad de separar las reputaciones locales de las conductas que debían ser examinadas por la justicia.
Entre los episodios recogidos en la obra figura la réplica que Manuel Fraga Iribarne le dirigió a Alberto Núñez Feijóo al explicarle el origen del apodo del entonces alcalde de A Guarda: «¿Usted sabe por qué llaman 'Ligero' al alcalde de A Guarda? Porque corría muy rápido delante de la Guardia Civil cuando hacía contrabando con Portugal». El pasaje, citado como parte del relato periodístico, ilustra la normalización social que podían alcanzar determinadas actividades ilícitas y la dificultad de separar las reputaciones locales de las conductas que debían ser examinadas por la justicia.
Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, y particularmente de la encíclica Caritas in Veritate, de Benedicto XVI, la política no puede reducirse a una técnica de administración ni a una lucha por conservar el poder. El servicio público debe orientarse al bien común, la justicia y la dignidad de las personas. Esta concepción exige que quienes ejercen responsabilidades institucionales valoren las consecuencias de sus decisiones y relaciones, conscientes de que la autoridad democrática necesita algo más que el cumplimiento formal de las normas: necesita credibilidad.
En la tradición ético-cristiana, la ejemplaridad posee, además, una dimensión pedagógica. Los responsables públicos contribuyen, mediante su comportamiento, a establecer los límites de lo socialmente aceptable. Por ello, la prudencia política aconseja evitar relaciones o situaciones que puedan comprometer razonablemente la confianza institucional, especialmente cuando se desarrollan en entornos marcados por actividades delictivas de gran impacto social. La transparencia y la distancia inequívoca respecto de cualquier red criminal constituyen exigencias esenciales de la responsabilidad pública, sin que ello autorice a confundir una apariencia controvertida con una culpabilidad demostrada.
Esta reflexión adquiere una dimensión especialmente dolorosa en Galicia, donde el narcotráfico dejó una profunda huella humana. Numerosas familias sufrieron la pérdida de seres queridos, la adicción, la desestructuración familiar y el estigma social. Frente a esa realidad, colectivos como Mamas contra a Droga representan una expresión de resistencia cívica y de compromiso con las víctimas. Su labor recuerda que detrás de las estadísticas y de los grandes nombres existen historias personales que merecen reconocimiento, reparación y memoria.
Hablar de estas heridas no significa atribuir responsabilidades sin pruebas, sino reconocer que la memoria democrática exige situar el poder, examinar sus comportamientos y escuchar a quienes padecieron las consecuencias de la criminalidad. La sociedad tiene derecho a debatir sobre la calidad moral de sus instituciones y sus representantes, siempre desde el rigor documental, la proporcionalidad y el respeto a la presunción de inocencia.
En definitiva, la integridad constituye uno de los fundamentos de la legitimidad democrática. Examinar las controversias del pasado no debería responder al partidismo, sino a una exigencia permanente de responsabilidad ciudadana. La distancia entre las instituciones y el crimen debe ser jurídica, política y moralmente inequívoca, pero esa exigencia ha de formularse sin convertir las sospechas en Galicia y en el resto de España, en sentencias y valoraciones éticas en acusaciones penales. La dignidad de la política se demuestra, en última instancia, mediante la transparencia, la prudencia y una solidaridad efectiva con las víctimas. Solo así podrá Galicia preservar una memoria fiel a su historia y fortalecer la confianza en sus instituciones.