Obispos de Portugal reducen 'sustancialmente' el importe de las indemnizaciones a víctimas de abusos tras "una acalorada" reunión

(7Margens).- Los obispos de Oporto, Viseu y Funchal se encontraban entre quienes reaccionaron frontalmente a las propuestas de la Comisión de Fijación de Indemnizaciones (CFC), creada por la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP), abogando por una reducción sustancial de los importes propuestos. La información fue confirmada a 7MARGENS por varias fuentes de la CEP.

La reducción del importe, que había sido publicada por la mañana por Expresso, también sería confirmada por la tarde por el presidente de la Conferencia Episcopal, que dejará el cargo la próxima semana, tras dos mandatos. 7MARGENS envió por la mañana varias preguntas por escrito a la oficina de prensa de la CEP, pero hasta la noche del martes no se habían recibido las respuestas.

«Ha sido una reducción significativa, teniendo en cuenta la cuantía que presentó la Comisión de Fijación de Indemnizaciones», afirmó el obispo José Ornelas en una entrevista con la agencia Ecclesia. Según el Expresso, la reducción podría haber alcanzado decenas de miles de euros en algunos casos.

El obispo de Leiria-Fátima justificó la bajada de las cantidades respecto a la propuesta inicial de la Comisión por la «jurisprudencia de los tribunales portugueses», la comparación con las cantidades asignadas por otras Iglesias de Europa, «teniendo en cuenta también las diferencias en el nivel de vida», y las posibilidades de la Iglesia Católica en Portugal.

Sin embargo, la noticia de Expresso da cuenta de una discusión «acalorada» y de «voces discordantes». Según 7MARGENS, hay obispos que aseguran que la asamblea plenaria —que se reunió de forma extraordinaria el 27 de febrero— se desarrolló de manera acalorada, y con algunos de los presentes defendiendo la opción de la CFC. Pero, ante la oposición de otros tantos, la solución que acabó imponiéndose fue rebajar las cantidades.

En otra entrevista a la agencia Lusa, citada por Expresso, José Ornelas subrayó los mismos argumentos y añadió que «la Iglesia en Portugal no es una Iglesia rica». Señaló que en Francia y Alemania los importes máximos de las indemnizaciones se fijaron en 60 000 y 50 000 euros. «Puedo aceptar que alguien lo considere poco», afirmó, pero «quien quiera puede presentar una denuncia y la gente siempre puede recurrir a los tribunales». Y reconoció que él mismo comunicó personalmente la decisión a los miembros de la comisión, uno por uno.

"Nada más"

La posibilidad de acudir a los tribunales, sin embargo, solo existe si la víctima presenta una denuncia contra el abusador, ya que en el «Termo de recepción de compensación económica» propuesto por la CEP a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica se menciona tres veces que las personas acepten que «nada más» pueden o van a reclamar en concepto de compensación por las violencias sufridas a manos de clérigos u otros responsables católicos.

En el apartado c), el documento, al que 7MARGENS ha tenido acceso, dice expresamente que la víctima «nada más» tiene que recibir, «a ningún título, de la CEP/CIRP [Confederación de Institutos Religiosos Portugueses], ni de ninguna institución o entidad perteneciente o relacionada con la Iglesia Católica en Portugal, renunciando a cualquier reclamación futura, judicial o extrajudicial, relativa a los hechos contemplados en el presente acuerdo».

Otro de los obispos de la CEP declaró a 7MARGENS que sintió un gran malestar en la asamblea en determinados momentos del debate, y que no le gustó que no hubiera ningún documento preparatorio de la reunión.

Mientras que las oposiciones de los obispos de Oporto, Funchal y Viseu tienen que ver con casos concretos que las respectivas diócesis tendrán que pagar, otros se opusieron precisamente por la razón opuesta: las diócesis pobres y sin casos de abusos también están llamadas, de forma solidaria, a participar en el fondo que pagará un total de 1 609 650 euros a 57 personas, con un importe mínimo de nueve mil euros y un máximo de 45 mil.

Cada obispo o superior de las congregaciones religiosas puede decidir si paga la indemnización fijada por el pleno de la CEP o el importe fijado por la CFC

El fondo solidario para las indemnizaciones será financiado en un 50 % por la CEP; el otro 50 % correrá a cargo de las 21 diócesis portuguesas (70 %) y de la Conferencia de Institutos Religiosos de Portugal (30 %). Pero cada obispo o superior de las congregaciones religiosas puede decidir si paga la indemnización fijada por el pleno de la CEP o el importe fijado por la CFC, añade Ornelas.

Pedro Vaz Patto, juez del Tribunal de Apelación de Oporto y uno de los miembros de la Comisión de Fijación de Indemnizaciones —que concluyó su mandato con las decisiones de la CEP— declaró a 7MARGENS que, incluso en el ámbito penal, el importe de las indemnizaciones en este tipo de casos varía mucho. «La referencia suele ser el daño por la muerte o el sufrimiento de los familiares», cuyo valor puede ascender a 100 000 euros.

Pedro Vaz Patto, juez del Tribunal de Apelación de Oporto, destacó la importancia de que la jerarquía católica haya asumido esta postura, ya que, si los casos llegaran a los tribunales, difícilmente habría indemnización alguna, teniendo en cuenta que muchos de ellos ya habrían prescrito

Absteniéndose de comentar el caso concreto del que informó el Expresso, el juez añadió que las indemnizaciones no deben ser meramente «simbólicas», pero que, al mismo tiempo, «no hay un valor que pueda eliminar el sufrimiento». Y destacó la importancia de que la jerarquía católica haya asumido esta postura, ya que, si los casos llegaran a los tribunales, difícilmente habría indemnización alguna, teniendo en cuenta que muchos de ellos ya habrían prescrito.

"Acto libre y autónomo"

En la entrevista concedida a Ecclesia, el obispo Ornelas afirmó precisamente que la indemnización económica a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica «es un acto libre y autónomo de la Conferencia Episcopal para salir al encuentro de estas personas», con el propósito de «reparar» el mal causado.

«Reparar significa, ante todo, reconocer, reconocer el mal que estas personas han sufrido y la injusticia que ello ha supuesto. Reconocer que también para nosotros es doloroso que haya ocurrido dentro de la Iglesia», añadió.

Sobre su experiencia en la fase anterior, la de la comisión de instrucción, Vaz Patto, que también es presidente de la Comisión Nacional Justicia y Paz de la Iglesia católica, afirma que escuchó a once personas y no percibió que nadie se sintiera incómodo con la situación, al contrario de lo que dicen algunas voces que últimamente se han hecho públicas.

Además de los 57 casos ya resueltos, cuyas cartas ya se han enviado a las personas afectadas, aún hay nueve casos pendientes. Ya no será la CFC la que resuelva y proponga, ya que sus miembros han finalizado sus funciones.

A Expresso, la oficina de prensa del episcopado respondió que «los casos pendientes se analizarán con los mismos criterios aplicados a los casos ya concluidos». En cuanto a quién lo hará, se definirá y comunicará «a su debido tiempo, si se considera adecuado internamente». Los obispos también se niegan a decir públicamente qué criterios utilizaron para las exclusiones.