Una trabajadora social alemana gana una batalla de seis años: salirse de la Iglesia no justifica un despido automático

En Alemania, las Iglesias católica y protestante no solo son instituciones religiosas: están también entre los mayores empleadores del país. A través de organizaciones como Cáritas (el brazo social de la Iglesia católica), gestionan hospitales, residencias de ancianos, guarderías y servicios de asesoramiento familiar. Por eso, las normas laborales eclesiásticas —mucho más estrictas que las del sector privado ordinario— afectan a cientos de miles de trabajadores. Una de ellas, Judith Bleser, acaba de ganar una batalla judicial que podría cambiar las reglas del juego.

El origen del conflicto: un impuesto especial y una decisión familiar

Bleser, de 43 años y madre de cinco hijos, trabajaba desde 2006 como educadora social en un servicio de asesoramiento a embarazadas de Cáritas en Wiesbaden (estado federado de Hesse), dentro de la diócesis de Limburgo. En 2013, mientras disfrutaba de una larga baja parental, se dio de baja de la Iglesia católica. Su marido ya lo había hecho antes, indignado por el escándalo del entonces obispo Franz-Peter Tebartz-van Elst, acusado de un mal uso derrochador de los fondos eclesiásticos.

Al quedarse ella sola como miembro de la Iglesia, le habrían cobrado el llamado besonderes Kirchgeld (un impuesto eclesiástico especial). En Alemania, los miembros de las Iglesias reconocidas (principalmente la católica y la protestante) pagan un impuesto eclesiástico llamado Kirchensteuer. Este impuesto, que el Estado recauda junto con el impuesto sobre la renta y luego transfiere a las Iglesias, sirve para financiar su funcionamiento: sueldos de sacerdotes y pastores, mantenimiento de templos, y sobre todo su amplia red de obras sociales (hospitales, residencias, guarderías, servicios de asesoramiento, etc.) a través de organizaciones como Cáritas y Diakonie.

En algunos estados federados, como Hesse, existe además una modalidad especial: cuando un matrimonio tributa de forma conjunta y solo uno de los cónyuges pertenece a la Iglesia, se calcula un impuesto adicional sobre los ingresos comunes. En el caso de Bleser, esa cantidad ascendía a unos 2.000 euros al año, aproximadamente dos sueldos netos mensuales suyos. Con dos hijos pequeños y estando de baja parental —periodo en el que no percibía su sueldo de Cáritas, aunque sí el Elterngeld, la prestación estatal (que ascendería a un 67% de su sueldo neto)—, no podía permitírselo. El impuesto especial habría tenido que abonarlo su marido.

“Seguí siendo cristiana y creyente”, explicó Bleser en una entrevista publicada el 8 de noviembre por el semanario alemán Die Zeit. “Mi hija sigue interpretando a la Virgen María en el belén de Navidad. No soy otra persona distinta solo porque me haya salido de la Iglesia”.

El despido y seis años de litigio

Cuando en 2019 terminó su baja y quiso reincorporarse, la dirección de Cáritas le pidió que volviera a entrar en la Iglesia. Ella se negó. Al día siguiente de su regreso recibió el despido disciplinario. La entidad alegó un “grave incumplimiento del deber de lealtad” y se amparó en el derecho de autodeterminación de las Iglesias, reconocido en la Constitución alemana, que les permite imponer exigencias religiosas a su personal.

Bleser no se rindió. Durante seis años litigó en todas las instancias. Mientras tanto, la mantuvieron en un “empleo provisional”, pero le retiraron temporalmente el pago de vacaciones, festivos y bajas por enfermedad, y le prohibieron seguir asesorando a embarazadas. “Con cinco hijos no es fácil encontrar otro trabajo en este sector, porque la mayoría de los centros dependen de las Iglesias”, contó a Die Zeit. “A veces llegué a un punto crítico, sobre todo porque uno de mis hijos está gravemente enfermo. Pero quería dar ejemplo a mis hijos de que uno no se rinde fácilmente”.

La decisión de los tribunales europeos y alemanes

El caso llegó primero al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en marzo de 2026 sentenció que la pertenencia a la Iglesia no era un requisito “esencial, legítimo y justificado” para ese puesto, especialmente cuando en el mismo equipo trabajaban personas no católicas. El 5 de noviembre de 2026, el Tribunal Federal de Trabajo alemán (Bundesarbeitsgericht), con sede en Erfurt, confirmó la nulidad del despido.

Según informó el portal católico katholisch.de, los jueces consideraron que el simple hecho de haberse dado de baja de la Iglesia —sin haberlo hecho publicitado— no constituye por sí solo un incumplimiento de lealtad que justifique el despido, y que discriminar a una trabajadora por su religión resulta ilegal cuando el empleador admite a otras personas sin esa afiliación para las mismas tareas. “Del mero abandono de la Iglesia no se deduce que la demandante vaya a dejar de realizar el asesoramiento a embarazadas de la forma exigida”, subrayó el tribunal.

Alivio y un precedente para cientos de miles de trabajadores

Bleser recibió la sentencia con alivio. “Fue un día muy emocional. No pude dormir hasta muy tarde”, confesó. Celebró con una Fanta en familia. Aunque espera que la diócesis de Limburgo no lleve el caso ante el Tribunal Constitucional Federal, esta ha anunciado que está estudiando esa posibilidad, el último recurso disponible. “Quiero simplemente poder volver a trabajar con normalidad”, afirmó Bleser.

El fallo no elimina el derecho de las Iglesias a exigir afiliación religiosa en puestos que realmente lo requieran (por ejemplo, catequistas o personal pastoral), pero sí pone límites claros: no se puede aplicar de forma automática y discriminatoria. Para los cientos de miles de empleados de Cáritas, Diakonie y otras entidades eclesiásticas en Alemania, la sentencia de Bleser marca un precedente importante.