Pandemia y Estado policial en Venezuela Alfredo Infante sj: "La Covid-19 ha afianzado el Estado policial en Venezuela"

La pandemia ha puesto sobre el tapete la verdad acerca de los modelos de liderazgo político presentes en los países del mundo. Por ejemplo, en Alemania, la gestión de la crisis por parte de la canciller federal, Ángela Merkel, ha evidenciado y fortalecido la cultura y el sistema democrático de esa nación¹, en contraste con países como China², Rusia³, Nicaragua, Cuba y Venezuela, en donde esta situación ha afianzado los modelos de tendencia totalitaria. También en países de tradición democrática, pero hoy con liderazgos autocráticos (como es el caso de Estados Unidos bajo la administración Trump) se ha profundizado la contradicción y tensión entre autoritarismo versus institucionalidad y libertad de expresión⁴.

Dicho de otro modo, hasta ahora, ante la pandemia no ha habido conversión política en quienes detentan el poder; por el contrario, la misma ha servido de pretexto y oportunidad para afianzar las tendencias pre-existentes, salvo algunas excepciones favorables al sistema democrático.

El Covid-19 está poniendo de relieve la expansión de los autoritarismos, bien sea de izquierdas o derechas (si son pertinentes aún estas categorías) y la crisis de la democracia y los derechos humanos, tal como lo ha señalado la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien advirtió recientemente que “la implantación de medidas de excepción o emergencia para proteger a la población de la pandemia del coronavirus no deben ser usadas por los gobiernos como excusa para violar los derechos humanos de las personas”⁵. Es decir, junto al virus Covid-19, se está propagando en el mundo el virus del autoritarismo.

En el caso de Venezuela, se ha afianzado el Estado policial, que venía gestándose desde 2007 y que se mostró con descaro en 2017, con la ruptura del orden constitucional⁶. Este Estado es una réplica del modelo cubano, tal como lo ilustró, en su cuenta de Twitter, el historiador zuliano, Ángel Rafael Lombardi Boscán: “El cubano con fama de alegre es en realidad un pueblo triste, porque le han obligado a vivir con la cabeza agachada todo el tiempo. En Cuba existe el Estado policial perfecto: todo el mundo está vigilado. Adoctrinados y estafados. Así transcurre la vida del cubano de a pie con la Revolución”⁷. La versión venezolana de este modelo tiene sus matices propios, dado el desmoronamiento de la institucionalidad, los índices de violencia, el caos reinante, además de las cifras de pobreza y desigualdad, mucho más alarmantes que en Cuba.

La reciente prolongación del decreto de emergencia económica, que pareciera alargarse hasta el infinito y que sigue dejando a discreción del autócrata las decisiones económicas del país (después de 6 años consecutivos de contracción del PIB), sumada a la extensión de la cuarentena y el estado de alarma por el Covid-19, en vez de servir para tomar medidas coherentes en materia de salud y cuidado de la población, han sido caldo de cultivo para la violación sistemática de derechos humanos, además de pretexto para acosar, difamar y amedrentar a las organizaciones de la sociedad civil, y perseguir y detener arbitrariamente a la disidencia política.

Como muestra de todo esto, podemos mencionar la masacre del primero de mayo en la cárcel de Guanare, en Portuguesa; la detención arbitraria, el 2 de abril, de Maury Carrero, asesora del equipo de Juan Guaidó, quien se encuentra recluida en los calabozos de la Dgcim, incomunicada, según Amnistía Internacional. De igual modo, el caso de un grupo de indígenas pemones, quienes fueron detenidos y trasladados desde sus territorios a los calabozos de la Dgcim en Boleíta, según han denunciado la Vicaría de Santa Elena de Uairén y la ONG Foro Penal.

A esto hay que sumar, esta semana, la amenaza de Diosdado Cabello⁸ de aplicar la “Operación tun-tún” a los miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, por publicar su informe “Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios”⁹, donde se señala que “las pruebas realizadas hasta ahora en Venezuela son insuficientes para estimar adecuadamente el tamaño real de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela”, se estima un subregistro que “en el mejor de los casos podría ser de 63% y en el peor, de 95% de los casos sintomáticos hasta el 23 de abril 2020” y se pide a la sociedad venezolana “prepararse para el impacto que representa un número entre 1.000-4.000 casos nuevos diariamente durante el pico de la epidemia, que podría producirse entre junio y septiembre de este año”.

Así, pues, el régimen de facto, en vez de apoyarse en las universidades y las comunidades científicas para afrontar la pandemia, las persigue, tal como lo hace con todo aquel que lo contradice. En un Estado policial, el otro es siempre un enemigo, o un potencial enemigo.

Nuestros obispos, las organizaciones sociales de la Iglesia y de la sociedad civil vienen reiterando que la dignidad humana es sagrada y que todo decreto o medida debe tener como foco la protección de la vida y la garantía de los derechos humanos. Porque, como insiste Jesús -y parafraseo-, la ley se hizo para la persona, no la persona para la ley (Mc 2,27).