La Comisión Interamericana de Derechos Humanos revela que el Ministerio Público se ha apartado completamente de su mandato constitucional El sistema de justicia en Guatemala: capturado, disfuncional y profundamente lesivo para las mayorías
El sistema de justicia en Guatemala atraviesa una de las crisis más profundas desde la firma de los Acuerdos de Paz, hace casi 30 años, según el Informe de la CIDH (2025)
| Víctor M. Ruano P. Pbro. Diócesis de Jutiapa, Guatemala
El sistema de justicia en Guatemala atraviesa una de las crisis más profundas desde la firma de los Acuerdos de Paz, hace casi 30 años. Lejos de operar como una estructura orientada a garantizar derechos y resolver conflictos, el Informe de la CIDH (2025): “Guatemala Situación de los Derechos Humanos”, publicado el 1 de diciembre del 2025, documenta que ha sido capturado, cooptado y manipulado por redes político-económicas ilícitas, sectores corruptos del Estado y operadores que han degradado su misión constitucional. La situación, lejos de ser coyuntural, revela un deterioro sistémico que hoy afecta a la democracia, al Estado de derecho y a las comunidades más vulnerables del país.
Un Ministerio Público o Fiscalía General corrompido y convertido en arma de persecución
La CIDH señala que el Ministerio Público se ha apartado completamente de su mandato constitucional, dejando de actuar con independencia y objetividad. En su lugar, pasó a desempeñar “un instrumento de persecución selectiva” y a blindar los intereses del statu quo, reprimiendo a quienes fiscalizan, denuncian o investigan la corrupción. Es el terror de ciudadanos honestos que han soñado y luchado por un país distinto y mejor.
El Informe afirma que la institución fue cooptada y desmantelada durante los últimos 8 años bajo la gestión de María Consuelo Porras, transformándose de un referente internacional anticorrupción —especialmente durante el trabajo conjunto entre CICIG y MP— en un espacio donde reina la manipulación y el abuso de poder. Hoy, las herramientas del derecho penal se aplican de forma instrumental y con fines políticos, debilitando el Estado de derecho y provocando un deterioro institucional sin precedentes.
La criminalización, subraya la CIDH, se ha consolidado como práctica generalizada que afecta seriamente a operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, comunidades indígenas, campesinos, sindicalistas, abogados litigantes e incluso figuras políticas y autoridades legítimamente electas. Esto ha generado autocensura, exilio forzado y un miedo social que paraliza la participación democrática.
Tribunales sin independencia y jueces sometidos a presiones
La calidad de los jueces y tribunales también se encuentra gravemente comprometida. La CIDH documenta injerencias indebidas en la elección y nombramiento de autoridades judiciales, así como un proceso marcado por opacidad, tráfico de influencias y manipulación política.
Un Panel de Expertos Internacionales concluyó que el proceso de selección de magistrados es “el más deficiente” desde la aprobación de la Ley de Comisiones de Postulación, 2009. La arbitrariedad, el uso del derecho penal para intimidar a candidatos y la falta de independencia crearon un entorno viciado y profundamente corrupto.
Peor aún, 114 personas electas para distintos cargos judiciales han estado bajo investigación por manipular procesos previos, evidenciando redes que buscan garantizarse impunidad y control institucional. A esto se suma la concentración de funciones en la Corte Suprema de Justicia y el debilitamiento de la Corte de Constitucionalidad, cuyas decisiones han favorecido intereses particulares y no el mandato de justicia y constitucionalidad.
Instrumentalización del sistema de justicia como mecanismo de impunidad
La CIDH subraya que existe una articulación perversa entre ciertos sectores del Poder Judicial, el Ministerio Público y actores externos —económicos, políticos y criminales— para manipular el aparato judicial. Esta manipulación tiene dos fines claros: Perseguir a quienes luchan contra la corrupción y defienden derechos humanos; y garantizar impunidad a las élites criminales y corruptas que han capturado el Estado. Esto ha llevado a una perversa y peligrosa instrumentalización del sistema de justicia que se ha convertido una de las mayores amenazas para la estabilidad democrática del país.
Esta realidad se inscribe en un patrón de violencia institucional, persecución judicial y uso ilegítimo del poder punitivo que ha afectado a operadores de justicia íntegros, muchos de los cuales han debido exiliarse.
Detrás de este fenómeno persisten redes de poder paralelas —económicas, políticas y militares— que operan para garantizar impunidad histórica y contemporánea. Dichas redes, señala el Informe, han utilizado tácticas sistemáticas para impedir el trabajo anticorrupción e intimidar a quienes buscan restablecer la legalidad.
Un sistema de justicia que abandona a las comunidades y los sectores vulnerables
Mientras el aparato judicial se utiliza para perseguir selectivamente, las comunidades rurales, indígenas, campesinas y la gente común quedan completamente abandonadas. Los tribunales no responden a sus demandas, los procesos se eternizan y las autoridades actúan de forma parcial a favor de intereses privados, incluyendo empresas extractivas, terratenientes y operadores vinculados a proyectos económicos sin consulta.
La CIDH documenta cómo el sistema judicial ha facilitado desalojos forzosos, criminalización de líderes comunitarios, apropiación de tierras y violaciones a derechos fundamentales.
Para estas comunidades, acceder a la justicia es un privilegio inaccesible; enfrentan racismo estructural, costos prohibitivos, ausencia de intérpretes y un trato discriminatorio que perpetúa desigualdades históricas.
El abandono judicial reproduce los mismos patrones del conflicto armado interno: violencia dirigida desde el Estado contra los excluidos, los pobres y los pueblos originarios.
Un sistema que protege privilegios y bloquea reformas
Los problemas del sistema de justicia no son producto del azar; responden a una estrategia de captura del Estado. La CIDH identifica al “pacto de corruptos” —una coalición informal de políticos, empresarios, operadores judiciales y redes ilícitas— como uno de los núcleos que bloquea cualquier reforma del sistema. Esta coalición busca perpetuar sus privilegios, desmantelar los avances anticorrupción logrados con la CICIG y manipular la institucionalidad democrática.
El resultado es un sistema que no protege a la ciudadanía, sino a quienes delinquen desde las élites. La impunidad estructural se profundiza, tanto para casos de corrupción contemporánea como para crímenes del conflicto armado.
Caminos y alternativas para salir de la crisis
Aunque la situación es grave, el informe de la CIDH ofrece orientaciones claras para reconstruir el sistema de justicia. A partir de sus recomendaciones, se pueden identificar varios caminos:
Reformas estructurales e inmediatas al sistema judicial
La CIDH señala la urgencia de reformas que garanticen:
-Independencia del Ministerio Público, pero también con profesionales del derecho dignos, idóneos y capaces para llevar a cabo su misión.
-Procesos de nombramiento basados en mérito, transparencia y objetividad.
-.Rendición de cuentas frente al uso arbitrario del derecho penal.
-Dimisión o separación de actores que continúen manipulando la justicia.
Estas reformas implican también una reestructuración profunda de las Comisiones de Postulación, históricamente capturadas.
Derogar leyes o prácticas utilizadas para la criminalización
El Estado debe identificar y eliminar normas ambiguas o selectivas que permiten perseguir defensores, periodistas y líderes sociales, evitando que el derecho penal se use como arma política.
Recuperar la lucha anticorrupción
Se requiere reconstruir unidades fiscales independientes, fortalecer controles internos, depurar operadores corruptos y restablecer mecanismos internacionales de cooperación.
Fortalecer el acceso a la justicia para comunidades y sectores excluidos
Las reformas deben garantizar:
-Servicios de defensa pública accesibles.
-Intérpretes y mecanismos interculturales.
-Protección para líderes comunitarios y defensores criminalizados.
-El fin de los desalojos violentos sin debido proceso.
Restablecer el rol democrático del Congreso
La CIDH enfatiza que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad histórica de abandonar el pacto de impunidad y recuperar la agenda democrática.
Construcción de un nuevo pacto social basado en justicia e igualdad
La crisis del sistema de justicia no se supera solo con leyes, sino con voluntad política, presión social y participación creativa de los pueblos y la ciudadanía organizada.
Conclusión
El sistema de justicia de Guatemala está sumido en una crisis estructural caracterizada por:
-Captura institucional,
-Corrupción generalizada,
-Persecución selectiva,
-Abandono de las comunidades,
-Protección de intereses ilícitos,
-Debilitamiento extremo del Estado de derecho.
Este deterioro no solo afecta la administración de justicia, sino que amenaza la democracia y debilita la esperanza de un país más justo. Sin embargo, el informe de la CIDH deja claro que la reconstrucción es posible mediante reformas profundas, desmantelamiento de redes corruptas, recuperación de la independencia judicial y defensa activa de quienes buscan la verdad y la justicia.
