Miedo administrado o Estado de derecho: Guatemala ante la disputa del poder

Violencia, justicia y miedo en un umbral histórico

Guatemala no atraviesa simplemente una nueva crisis de seguridad. Tampoco vive un episodio excepcional de violencia criminal. Lo que el país enfrenta es algo más profundo y decisivo: el agotamiento de un modelo de gobernabilidad basado en la administración del miedo, donde la violencia, la narrativa política y un sistema de justicia cooptado han operado durante años como un mismo dispositivo de poder.

Los motines carcelarios, la toma de rehenes, los asesinatos de agentes de la Policía Nacional Civil y el clima de zozobra que paralizó la vida cotidiana no surgieron de la nada ni responden al azar. Aparecieron en un momento políticamente sensible, se desplegaron de forma coordinada y produjeron efectos precisos: elevar el costo de gobernar, erosionar la autoridad del Ejecutivo y condicionar decisiones estratégicas para el futuro inmediato del país. La violencia, una vez más, habló como lenguaje político.

Reducir esta coyuntura a un problema penitenciario o policial sería una lectura cómoda, pero equivocada. Lo ocurrido no es un desborde del sistema, sino la manifestación visible de una disputa por el poder real, una confrontación entre quienes intentan modificar —aunque sea parcialmente— el equilibrio histórico de impunidad y quienes han gobernado desde las sombras administrando el caos como forma de estabilidad.

Cuando las cárceles hablan al país

El estallido simultáneo en varios centros carcelarios dejó claro que no se trataba de una protesta espontánea por condiciones internas. Las cárceles no hablaron hacia dentro; hablaron hacia afuera. Cada incendio, cada rehén, cada video difundido cumplió una función comunicativa precisa: demostrar capacidad de daño y recordar que el encierro no limita el poder de intervención política.

La posterior proyección de la violencia hacia las calles, con asesinatos de policías, reforzó el mensaje. Matar agentes del Estado no es solo un crimen; es una advertencia. Es decirle al país que, si el Estado aprieta, el costo se paga en la vida cotidiana. El miedo social no fue un efecto colateral: fue parte del diseño.

En un país marcado por la memoria de la violencia estructural, el miedo sigue siendo una herramienta política eficaz

Este traslado del conflicto del encierro al espacio urbano cumple una función disciplinadora. Busca paralizar, erosionar la confianza institucional y forzar decisiones bajo presión extrema. En un país marcado por la memoria de la violencia estructural, el miedo sigue siendo una herramienta política eficaz.

Más allá del motín: las cárceles como nodos de poder

Para entender esta crisis es necesario mirar más allá del estallido visible. En Guatemala, las cárceles no han funcionado históricamente como espacios de castigo o reinserción. Han operado como nodos de poder, desde donde se coordinan economías criminales, se administra violencia y se ejerce influencia política.

Las economías criminales no nacen ni mueren en las cárceles. Las atraviesan

El error recurrente del Estado ha sido confundir infraestructura con poder real. Se construyen centros modernos, se instalan tecnologías, se aíslan cabecillas, pero se deja intacta la arquitectura humana, económica y judicial que sostiene el control criminal. Se cortan cables, pero no lealtades. Se levantan muros, pero no se desmontan redes.

Las economías criminales no nacen ni mueren en las cárceles. Las atraviesan. Desde el encierro se ordenan extorsiones, se envían mensajes y, cuando conviene, se activa la violencia como instrumento de presión política. La cárcel no encierra el poder: lo concentra.

Este funcionamiento no sería posible sin redes externas que conectan el mundo penitenciario con sectores políticos, judiciales y económicos. No se trata de fallas individuales, sino de un patrón estructural que ha permitido administrar la violencia como parte de la gobernabilidad informal. Cuando ese equilibrio se siente amenazado, la respuesta no es gradual: es explosiva.

La arquitectura del caos

La violencia, por sí sola, no produce efectos políticos duraderos. Para convertirse en poder necesita traducción, amplificación y legalización. En Guatemala, ese proceso responde a una arquitectura del caos que opera por capas.

Primero, la violencia ejecuta el shock. Luego, operadores civiles y políticos traducen el caos en narrativa de incapacidad estatal. El foco se desplaza: ya no se pregunta quién controla las cárceles, sino quién debe renunciar. En paralelo, ecosistemas digitales saturan el espacio público con mensajes simples y emocionales: “Estado fallido”, “ingobernabilidad”, “el país se salió de control”. No buscan verdad, sino repetición.

Finalmente, entra en juego la judicialización selectiva, el lawfare. Con la opinión pública condicionada por el miedo, el sistema de justicia actúa no para investigar las estructuras criminales, sino para perseguir decisiones de gestión, abrir expedientes estratégicos y paralizar políticamente al Ejecutivo. La violencia prepara el terreno; la narrativa la justifica; la justicia cooptada cierra la jugada.

No se trata de disfunción institucional. Es captura del Estado.

El verdadero botín: la justicia

Si la seguridad domina el debate público, es porque cumple una función de distracción. El verdadero botín de esta disputa no son las cárceles ni el orden inmediato, sino el sistema de justicia, en particular el Ministerio Público, también la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral.

En un Estado capturado, la justicia no persigue delitos: administra impunidad. Decide quién es investigado y quién permanece intocable. La experiencia de la CICIG dejó una marca profunda en las élites que, por primera vez, se sintieron vulnerables. Desde entonces, capturar el sistema de justicia se volvió una política de supervivencia.

La violencia actual debe leerse a la luz de esta disputa. No estalla en cualquier momento. Aparece cuando se activan procesos clave de renovación institucional. El mensaje es claro: avanzar tiene costo. La seguridad es el lenguaje visible; la justicia, el objetivo estratégico.

Las pandillas no son el cerebro del sistema. Son su brazo ejecutor cuando la presión lo exige. El poder real reside en las estructuras que permiten utilizar la violencia sin pagar consecuencias.

Gobernar bajo chantaje

El Estado no enfrenta una crisis operativa, sino una trampa estratégica. Cada decisión tiene costos inmediatos y puede ser utilizada en su contra. El objetivo no es resolver el conflicto, sino provocar errores, aislar al gobierno y recomponer el equilibrio de poder.

La disyuntiva es clara: sostener la ruptura y asumir un conflicto prolongado, o capitular y normalizar el caos una vez más. No hay tercera vía estable. El riesgo de la excepción permanente —estado de sitio, militarización, suspensión de garantías— no es solo autoritario; es estructural. Un Estado que gobierna desde la urgencia pierde capacidad de reforma y termina reproduciendo la violencia que dice combatir.

La palabra de la Iglesia

En medio de esta disputa, la palabra del Arzobispado de Santiago de Guatemala introduce una clave ética fundamental. Al priorizar la vida humana por encima de la práctica litúrgica y convocar a la oración por la paz, la Iglesia se desmarca de la lógica del miedo y recuerda un principio básico: ninguna razón de Estado justifica la banalización de la muerte.

No ofrece soluciones técnicas ni análisis de poder, pero establece un límite moral. En un país tentado por el autoritarismo y atrapado por el miedo, ese gesto no es menor. No legitima la violencia ni sacraliza el orden impuesto por la fuerza.

Ninguna razón de Estado justifica la banalización de la muerte

Hora decisiva

Guatemala se encuentra ante un umbral histórico. Reordenar el poder implica desmontar las redes que administran la violencia y recuperar la autonomía de la justicia, con costos reales y resistencias profundas. Normalizar el caos ofrece calma momentánea a cambio de perpetuar el chantaje como forma de gobierno.

No es una decisión exclusiva del Ejecutivo. Interpela a toda la sociedad. Callar, relativizar o mirar hacia otro lado también es una forma de decidir.

Interpretar este momento no es un lujo intelectual. Es una urgencia histórica. Guatemala ya no puede fingir que el caos es accidental ni que la violencia es ajena al poder. Entre el miedo administrado y la reconstrucción del Estado de derecho no hay neutralidades. Solo decisiones. Y de ellas dependerá si este tiempo será recordado como otra oportunidad perdida o como el inicio —difícil, conflictivo, pero necesario— de una ruptura largamente postergada.