El 26 de enero de 2026 marcará un hito en la historia de la política migratoria española y, por extensión, europea. Tras años de intenso debate social y una movilización ciudadana sin precedentes —cristalizada en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reunió más de 700.000 firmas, con un apoyo eclesial determinante—, el Gobierno de España, en coalición, anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes. Este mecanismo administrativo, lejos de ser una mera gestión burocrática, se presenta como un acontecimiento de profunda relevancia ética y teológica que interpela la conciencia social desde los principios de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).