Según el documento, al que ha tenido acceso RD, se solicitan al 'afectado' (el término víctima no aparece por ningún lado) sus datos personales: nacionalidad, estado civil, edad, lugar de residencia, así como los "datos relativos a su condición: sacerdote, religioso, laico, catequista, profesor de centro religioso o de religión…"
Cremades invita a los 'afectados' que ofrezcan "datos que verifiquen la vinculación de los hechos con un ámbito o entorno específico en el seno de la Iglesia Católica (parroquia, centro docente, comunidad, actividad, etc.)", así como "datos que puedan abundar sobre el tratamiento que mereció el caso denunciado en el ámbito de la Iglesia, desde el entorno más cercano a los hechos a los órganos jerárquicamente superiores"
El objetivo es la "investigación a petición de la Conferencia Episcopal Española para el esclarecimiento de los casos de abusos producidos, evaluación de los procedimientos y medidas de control tomadas para su prevención y para la reparación de los daños producidos".
"No se realizarán perfiles, ni se tomarán decisiones automatizadas" aclaran, aunque inciden en que la información "podría ser facilitada a la Conferencia Episcopal Española con motivo de la auditoría"
