¿Cuenta atrás para la disolución de las HAM?

A falta de poco más de dos meses para que el Arzobispado de Madrid decida si prorroga o no el plazo inicial de un año, dado el 28 de julio de 2025, a Pilar Arroyo Carrasco, hcsa, como comisaria extraordinaria de la Asociación Pública de Fieles Hijas del Amor Misericordioso (HAM), la denuncia de otra presunta víctima publicada por Religión Digital, que habría hecho llegar también al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, abunda en la complejidad de un caso cuya solución final parece abocada a la disolución, tras la gravedad de los abusos de todo tipo que se han documentado.

Esa última denuncia, añadida a las dificultades que el llamado “núcleo duro” de las HAM –el grupo de confianza de la que fuera secretaria general, María Milagrosa Pérez Caballero, apartada por el cardenal José Cobo en la resolución dictada el verano del pasado año tras una investigación canónica–, ha puesto a la tarea de la comisaria, estaría reforzando una contundente toma de medidas por parte del arzobispado madrileño, tal y como adelantó Religión Digital a finales del pasado marzo.

“Lo que queremos es que se tomen otras medidas, si las que se han adoptado no funcionan. Queremos que la reconducción de las chicas jóvenes que siguen en el grupo, que consideramos que es una secta, sean reconducidas a otras congregaciones religiosas o a sus casas”, señalaron a Religión Digital algunas familias, que consideran que en estos casi diez meses transcurridos desde la intervención, tras denuncias de abusos sexuales y espirituales, no han logrado impedir que se siga “adoctrinando” a las jóvenes.

Contundente carta a Cobo

Este temor que compartían algunas madres de jóvenes todavía en la casa de las HAM en la localidad madrileña de Los Molinos se materializó unos días después con una contundente carta dirigida a Cobo, en tanto que es quien puede tomar medidas –junto con el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica– al depender canónicamente del arzobispado de Madrid.

“Nos dirigimos a usted con una impotencia que no podemos contener. Llevamos casi dos años inmersos en este proceso y la situación de dolor no cesa”, comenzaba la carta –adelantada por este portal– que un grupo de víctimas y afectados de la comunidad “Hijas del Amor Misericordioso” (HAM), en todas sus vertientes –femenina, masculina y fieles laicos vinculados–, dirigió a mediados de abril al cardenal  ante la “falta de contundencia” con esa asociación, a pesar del decreto de disolución del equipo de gobierno en julio de 2025.

“Confiamos en la Iglesia para que nos protegiera, pero la institución no está respondiendo con la contundencia que las víctimas esperábamos”, lamentaban las víctimas y familias de las HAM, que consideran “insuficientes” las medidas actuales, por lo que exigen que “el comisariamiento se haga más presente para garantizar la seguridad de las personas que siguen dentro de la estructura, o que esta asociación sea suprimida”.

Lejos de eso, el “núcleo duro” de las HAM seguiría actuando con margen suficiente, de tal manera que las medida adoptadas en el comunicado de julio de 2025 por Cobo para “revisar y reconducir aspectos fundamentales, tales como la estructura de gobierno, el plan de formación, la vida comunitaria y el acompañamiento espiritual, además de revisar estatutos, reglamentos y la gestión económica”, no estaría teniendo los resultados esperados, dada la influencia que el anterior equipo seguiría teniendo entre las jóvenes.

En este punto, la denuncia remitida por la joven Belén García –cuyos extremos se estarían investigando–, en donde, además de prácticas sexuales, evidenciaría la movilidad y no eficacia de las medidas adoptadas por Cobo, junto con la inoperancia de la comisaria –apreciaciones todas ellas en las que coinciden las víctimas y familiares consultadas por Religión Digital– habrían reforzado la necesidad de una “vuelta de tuerca” del Arzobispado en este caso, que quizás podría ser definitiva y acabar con su disolución, algo que demandan quienes han denunciado los abusos.

De esta manera, este paso –que habría de dar Cobo de acuerdo con el dicasterio romano que preside la religiosa Simona Brambilla– podría darse antes incluso de que cumpla el plazo dado para la prórroga del mandato de la comisaria, de quien en el entorno de las víctimas consideran que ha sido sobrepasada por las maniobras del  “núcleo duro” que se mantiene al frente de la asociación.

Poca contundencia de las otras diócesis

Tampoco habría sido de ayuda el hecho de que, según han denunciado siempre las víctimas, en las otras diócesis que tienen a miembros de las otras ramas de HAM (las medidas adoptadas por Cobo fueron comunicadas a las diócesis de Toledo, Getafe y Sevilla) no se habría actuado con la misma contundencia que Madrid, primero por no tener la jurisdicción, pero también porque, según se aducía en algunos casos, no encontraban suficiente razones para ello, al carecer de denuncias en territorio diocesano.

En todo caso, tanto las familias como las víctimas siguen con mucha preocupación la evolución de los acontecimientos. Les duele que el acompañamiento no haya sido el que esperaban. Pero temen por lo que pueden seguir pasando las alrededor de un centenar de jóvenes que estarían todavía, por voluntad propia, al ser mayores de edad, en la residencia de los Molinos.

¿Qué pasará con las jóvenes si se disuelve la asociación?

Pero el temor de las familias –y también de quienes ya han logrado salir de las HAM y sufren por quienes permenecen dentro– está en que, en caso de un decreto de disolución por parte de Madrid y Roma –que se da por inevitable, después de que se hubiese contemplado antes otro, en el que se iban a reforzar los controles y las exigencias de estricto cumplimiento, previo a medidas más contundentes, como las que ahora se barajan–, ¿qué pasará con las jóvenes? ¿Querrán volver con sus familias?

Quienes han estado dentro hablan del lavado de cerebro a que han sido sometidas. Y temen que, llegada la disolución, esas jóvenes puedan ser llevadas a otros centros que se estarían abriendo en Polonia y México, de donde estas víctimas vieron que habían llegado también vocaciones en su día. De hecho, algunas fuentes afirman que, tras el decreto de julio de 2025, algunas de estas jóvenes fueron llevadas a este último país.

Un nuevo motivo de preocupación para las víctimas, las familias. Y para Cobo.