Jesús Sanz Montes: entre el púlpito y la política, demasiadas lecciones y poca neutralidad

Las últimas declaraciones de Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, vuelven a poner sobre la mesa una cuestión que no debería pasar inadvertida: ¿dónde termina la labor pastoral de un arzobispo y dónde comienza su intervención política? Porque resulta difícil sostener que uno no hace política de partido mientras se lanzan advertencias electorales, se cuestiona indirectamente a determinadas formaciones y se alimentan sospechas sobre la limpieza de unas elecciones democráticas.

En su reciente entrevista, Sanz Montes reclama que las próximas elecciones se celebren con todas las garantías democráticas, pero acto seguido introduce la sospecha de un posible fraude electoral al advertir de «pucherazos» y maniobras destinadas a perpetuarse en el poder. Una insinuación de enorme gravedad que no debería quedar en una simple declaración de intenciones. ¿En qué pruebas se basa para poner en duda la limpieza de unos comicios democráticos? ¿Qué irregularidades concretas conoce? Porque una cosa es exigir transparencia y respeto a las reglas del juego, algo absolutamente legítimo, y otra muy distinta es alimentar sospechas sobre el sistema electoral sin aportar pruebas. Repetir argumentos que circulan por determinados medios de comunicación y sectores políticos no convierte una sospecha en una realidad. La democracia merece respeto, también cuando los resultados no satisfacen las expectativas de quienes los cuestionan.

La democracia no puede ponerse en entredicho cada vez que existe la posibilidad de que gobierne una opción política que no gusta a determinados sectores ideológicos.

Porque repetir insinuaciones sobre un supuesto pucherazo, tan habituales en determinados medios y círculos de la derecha más radical, contribuye a deteriorar la confianza ciudadana en las instituciones. La democracia no puede ponerse en entredicho cada vez que existe la posibilidad de que gobierne una opción política que no gusta a determinados sectores ideológicos. Las elecciones tienen garantías, órganos de control, juntas electorales, interventores y mecanismos legales de reclamación. Cuestionar todo ese sistema sin pruebas no es defender la democracia: es alimentar la desconfianza.

También asegura que no hace política de partido, sino política desde los valores. Pero esa explicación no convierte automáticamente sus intervenciones en neutrales. Cuando un responsable religioso habla de elecciones anticipadas, critica al presidente del Gobierno, establece criterios morales para orientar el voto y advierte de trampas electorales, está interviniendo en un debate político, aunque no mencione siglas. La ausencia de nombres propios no convierte un mensaje partidista en una homilía neutral.

Y hay otra cuestión que merece una reflexión. El arzobispo dice que le gustaría que Adrián Barbón y Adriana Lastra acudieran a la misa de Covadonga, recordando que él asiste a actos de la judicatura, del Parlamento y de los ayuntamientos. Pero la comparación no es equivalente. Un acto institucional y una celebración religiosa tienen naturalezas diferentes. Un representante público puede acudir a una ceremonia civil por responsabilidad institucional; no tiene por qué asistir a una misa para demostrar respeto a Asturias, a sus tradiciones o a sus ciudadanos.

Un arzobispo no pierde su derecho a opinar, pero tampoco queda exento de recibir críticas por cómo ejerce ese derecho.

¿A qué tendrían que ir exactamente Barbón y Lastra?¿A escuchar una celebración religiosa o a exponerse a discursos en los que puedan sentirse señalados por sus posiciones políticas? ¿A escuchar indirectas, reproches y valoraciones morales desde un púlpito al que no pueden responder en igualdad de condiciones? La libertad religiosa incluye también la libertad de no acudir a una ceremonia. Y nadie debería tener que acreditar sus convicciones mediante su presencia en una iglesia.

No olvidemos tampoco el episodio de Adriana Lastra. Cuando la entonces dirigente socialista criticó el tono de sus intervenciones, Sanz Montes respondió con aquel mensaje: «Lecciones quien puede, no quien quiere», acompañado de expresiones como «atrevida ignorancia» y referencias a la censura y las amenazas.Cuesta encontrar en semejante respuesta la serenidad, la prudencia y la voluntad de diálogo que cabría esperar de quien reclama convivencia y concordia. Un arzobispo no pierde su derecho a opinar, pero tampoco queda exento de recibir críticas por cómo ejerce ese derecho.

Tampoco podemos olvidar Covadonga. En noviembre de 2015, Vox eligió el santuario como escenario para iniciar su campaña electoral, presentando el lugar como símbolo de la Reconquista y de su particular proyecto de España. Aquello abrió un debate legítimo sobre la instrumentalización política de un espacio religioso que debería representar a todos los asturianos, independientemente de su ideología. No se trata de impedir que un político rece, sino de evitar que un símbolo compartido termine convertido en decorado de una estrategia partidista.

Y es precisamente aquí donde aparece una herida histórica que la Iglesia española todavía no quiere terminar de cerrar: su vinculación con el nacionalcatolicismo y con el poder político durante la dictadura franquista. Es cierto que no toda la Iglesia fue franquista, que hubo religiosos comprometidos con la democracia y que muchos cristianos lucharon por las libertades. Pero también es innegable que una parte importante de la jerarquía legitimó el régimen y contribuyó a revestirlo de autoridad religiosa. Esa historia no debe utilizarse para condenar a todos los católicos, pero tampoco puede borrarse cuando determinados discursos vuelven a confundir identidad nacional, moral religiosa y una determinada orientación política.

Tampoco podemos olvidar Covadonga. En noviembre de 2015, Vox eligió el santuario como escenario para iniciar su campaña electoral, presentando el lugar como símbolo de la Reconquista y de su particular proyecto de España. Aquello abrió un debate legítimo sobre la instrumentalización política de un espacio religioso que debería representar a todos los asturianos, independientemente de su ideología.

El Evangelio, por otra parte, no debería convertirse en un instrumento para clasificar a los ciudadanos entre quienes votan correctamente y quienes se alejan de la moral cristiana. Jesús habló de misericordia, de humildad, de justicia y de atención a los más vulnerables. También se acercó a quienes eran rechazados por la sociedad. Por eso resulta legítimo preguntarse si expresiones como «invasión», al hablar de personas migrantes, o determinadas descalificaciones públicas contribuyen realmente a construir esa sociedad fraterna que predica la Iglesia.

La caridad no puede estar condicionada por la procedencia de quien llama a la puerta, ni la dignidad humana puede depender de su nacionalidad, religión o situación administrativa. La seguridad y la integración son cuestiones que deben abordarse, pero sin convertir a colectivos enteros en sospechosos ni alimentar prejuicios.

Jesús Sanz Montes tiene todo el derecho a defender sus convicciones, a hablar de moral y a expresar sus opiniones. Lo que no puede pretender es que sus palabras queden protegidas de la crítica por el simple hecho de pronunciarlas desde una responsabilidad eclesiástica. La autoridad religiosa no concede infalibilidad política ni superioridad moral sobre quienes piensan diferente.

La caridad no puede estar condicionada por la procedencia de quien llama a la puerta, ni la dignidad humana puede depender de su nacionalidad, religión o situación administrativa.

La Iglesia no necesita arzobispos que parezcan buscar su sitio en la confrontación partidista. Necesita pastores capaces de tender puentes, no de levantar trincheras; de acompañar, no de señalar; de unir, no de alimentar sospechas.

Y si realmente quiere que los políticos acudan a misa, quizá debería preguntarse primero qué ambiente encuentran cuando lo hacen. Porque la fe no se impone, la libertad no se exige solamente para los que piensan como uno y la democracia no necesita tutores desde el púlpito.

El púlpito debería ser un lugar de encuentro con el Evangelio, no una plataforma desde la que algunos ciudadanos tengan la sensación de estar permanentemente en el banquillo de los acusados.