Europa Laica exige al Gobierno la derogación de los Acuerdos con la Iglesia tras los "ataques" de Argüello
Reclama al Gobierno la aplicación "de una agenda laicista" comenzando por la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 que, a su juicio, son "el candado jurídico que perpetúa el estatus privilegiado de la Iglesia"
Europa Laica ha exigido al Gobierno que "deroge" los Acuerdos con la Iglesia católica y ponga "fin" a su casilla en la Declaración de la Renta, tras los "ataques" del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, quien la semana pasada afirmó que si "el Estado olvida la ética" se convierte en una "banda de ladrones".
"No es el Estado el que actúa de espaldas a la ética colectiva; es la jerarquía católica la que se sitúa sistemáticamente al margen de las obligaciones fiscales comunes que comparte el resto de la sociedad", ha denunciado Europa Laica en un comunicado.
La organización ha manifestado su "más absoluto rechazo" a estas afirmaciones y considera que resulta "un ejercicio de cinismo que la misma institución que se beneficia históricamente de un paraíso fiscal legalizado en el país acuse de 'ladrón' al Estado que la sostiene de forma millonaria".
Por ello, ha reclamado al Gobierno la aplicación "de una agenda laicista" comenzando por la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 que, a su juicio, son "el candado jurídico que perpetúa el estatus privilegiado de la Iglesia".
Además, ha pedido "el fin de la financiación pública a través de la casilla del IRPF", denunciando que "es inadmisible que el Estado siga actuando como recaudador privado de la Iglesia católica a través de la 'X' de la declaración de la renta".
Asimismo, ha exigido la eliminación de las exenciones fiscales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), "un privilegio medieval que asfixia las haciendas locales" y la reversión de las inmatriculaciones, "el verdadero expolio institucionalizado en este país".
Europa Laica ha denunciado asimismo "la intolerable anomalía democrática que supone mantener la religión, que pertenece estrictamente al ámbito privado, dentro del currículo escolar" y ha exigido el fin de los conciertos educativos con centros confesionales, que según su criterio "segregan y actúan como redes de adoctrinamiento privado sufragadas por el erario público"