Este viernes, el primer informe oficial sobre la realidad de la pederastia clerical en España, elaborado por el Defensor del Pueblo, coloca esos “pequeños casos” en una estimación -con los datos de la encuesta de GAD3 en la mano- de 440.000 menores abusados por clérigos o en el ámbito religioso, y hace una serie de recomendaciones a la Iglesia sobre transparencia, asunción de responsabilidades y reparación a las víctimas que, por el momento, han quedado sin respuesta
La CEE tiene la sospecha, fundada, de que los resultados preliminares de la auditoría, de 2.106 páginas, que fue entregada de manera provisional a los obispos en julio, serán diferentes -y más negativos para la Iglesia- a los del texto definitivo, que todavía no se ha entregado
Las diócesis ya han empezado a prepararse, en previsión de una avalancha de denuncias, tanto civiles como especialmente canónicas (los plazos de prescripción, paradójicamente, son más largos en el caso del Derecho Canónico), que podrían suponer un agujero en las arcas de diócesis y congregaciones eclesiásticas
“Ya llegamos tarde, y si continuamos sin dar una respuesta rotunda, lo harán por nosotros”, constata un obispo, que no obstante incide en que, por el momento, no podría haber ningún tipo de presión política, toda vez que no hay Gobierno y señala que el pacto PSOE-Sumar para formar Ejecutivo, en caso de lograrlo, no incluye ningún tipo de reforma de los Acuerdos Iglesia-Estado, que blindan a la Iglesia en muchos aspectos
