Alberto Núñez Feijóo: cuando la política se aleja de la dignidad humana

En los últimos meses, el discurso del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ido dejando de ser una simple alternativa política para convertirse en una propuesta de regresión social de gran alcance. No se trata únicamente de una disputa ideológica con el Gobierno de Pedro Sánchez, sino de un proyecto que, de materializarse, afectaría directamente a la vida de millones de personas vulnerables.

La idea de “derogar el sanchismo en su totalidad”, anunciada por dirigentes del PP, no es un simple eslogan. Implica desmontar cerca de un centenar de leyes, muchas de ellas vinculadas a derechos sociales básicos: protección laboral, acceso a prestaciones, ayudas públicas o mecanismos de inclusión. Es, en esencia, una contrarreforma que recuerda al giro aplicado en 2011 por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando en pocas semanas se recortaron derechos bajo el pretexto de la crisis.

Pero lo verdaderamente preocupante no es solo la magnitud del cambio, sino la filosofía que lo sostiene.

En los últimos meses, el discurso del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ido dejando de ser una simple alternativa política para convertirse en una propuesta de regresión social de gran alcance. No se trata únicamente de una disputa ideológica con el Gobierno de Pedro Sánchez, sino de un proyecto que, de materializarse, afectaría directamente a la vida de millones de personas vulnerables.

Feijóo ha llegado a calificar las bajas médicas como un “cáncer”, insinuando un fraude masivo sin aportar datos sólidos. Esta afirmación no solo es discutible desde el punto de vista económico, sino profundamente injusta desde el plano humano. ¿Qué mensaje se envía a quien está enfermo, a quien no puede levantarse de la cama, a quien sufre dolor físico o psicológico? Que su situación es sospechosa. Que su sufrimiento debe ser vigilado. Que, en el fondo, es un problema.

La realidad, sin embargo, es muy distinta. España ha incrementado su número de trabajadores en los últimos años, lo que explica en parte el aumento de bajas. Reducir este fenómeno a fraude es simplificar de forma interesada un problema complejo. Y, aún más grave, abre la puerta a medidas como la reducción de prestaciones para quienes no acuden al trabajo, incluso cuando la causa es una enfermedad o una incapacidad real.

Esto no es teoría. Es algo que ya se vive en la práctica. Hace apenas unos días, una vecina me contaba su propia experiencia: trabaja como asistenta del hogar y se lesionó las costillas mientras cuidaba a una persona dependiente. A pesar del dolor, sigue yendo a trabajar porque no puede permitirse económicamente coger la baja. Vive con un dolor constante, casi insoportable, pero sabe que si deja de trabajar sus ingresos no le alcanzarán para cubrir sus necesidades básicas. Su caso no es aislado ni excepcional: es el reflejo de un sistema que, cuando se endurece, castiga precisamente a quien más necesita protección, obligando a elegir entre la salud y la supervivencia.

Hace apenas unos días, una vecina me contaba su propia experiencia: trabaja como asistenta del hogar y se lesionó las costillas mientras cuidaba a una persona dependiente. A pesar del dolor, sigue yendo a trabajar porque no puede permitirse económicamente coger la baja. Vive con un dolor constante, casi insoportable, pero sabe que si deja de trabajar sus ingresos no le alcanzarán para cubrir sus necesidades básicas. Su caso no es aislado ni excepcional: es el reflejo de un sistema que, cuando se endurece, castiga precisamente a quien más necesita protección, obligando a elegir entre la salud y la supervivencia.

Y aquí es donde el contraste con el mensaje cristiano resulta especialmente evidente. El Evangelio es claro cuando afirma: “Estuve enfermo y me visitasteis” (Mateo 25:36). No dice: “estuve enfermo y dudasteis de mí” o “me recortasteis la ayuda”. El criterio moral que plantea el cristianismo es el cuidado del vulnerable, no la sospecha sobre él.

El programa del PP también apunta a un debilitamiento de los derechos sindicales. Elevar el umbral para la creación de comités de empresa a 250 trabajadores supone, en la práctica, dejar sin representación a la mayoría de empleados en un país de pymes. Es decir, menos voz, menos defensa y más vulnerabilidad.

En el ámbito de las ayudas sociales, el discurso tampoco es tranquilizador. Se insiste en la idea de que “hay que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, una afirmación que parece ignorar que la pobreza no siempre es una elección, sino muchas veces una trampa estructural. El ingreso mínimo vital, lejos de ser un privilegio, es para muchos la única vía de supervivencia.

La experiencia en Galicia durante los años de gobierno de Feijóo con la RISGA (Renta de Inclusión Social de Galicia) ofrece pistas claras de lo que puede venir. Retrasos de meses, burocracia asfixiante y situaciones límite. Personas sin ingresos esperando ocho meses una resolución. Historias de supervivencia sostenidas por organizaciones como Cáritas, mientras la administración tarda en responder.

El caso de una mujer enferma, sin ingresos, dependiendo de ayuda externa para comer y pagar la luz, no es una anécdota: es un síntoma de un sistema que falla cuando más se le necesita. Y aún más preocupante es el requisito de que familiares tengan que hacerse cargo de estas personas económicamente, lo que puede derivar en situaciones de humillación personal, obligando a personas mayores a pedir ayuda a hijos con los que ni siquiera mantienen relación.

En el ámbito de las ayudas sociales, el discurso tampoco es tranquilizador. Se insiste en la idea de que “hay que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, una afirmación que parece ignorar que la pobreza no siempre es una elección, sino muchas veces una trampa estructural. El ingreso mínimo vital, lejos de ser un privilegio, es para muchos la única vía de supervivencia. La experiencia en Galicia durante los años de gobierno de Feijóo con la RISGA (Renta de Inclusión Social de Galicia) ofrece pistas claras de lo que puede venir. Retrasos de meses, burocracia asfixiante y situaciones límite. Personas sin ingresos esperando ocho meses una resolución.

También aquí el Evangelio interpela con dureza a quienes ejercen el poder sin compasión. “Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cargáis a la gente con fardos insoportables y no movéis un dedo para ayudarlos” (Mateo 23:4). La imagen es contundente: imponer cargas a quienes ya están al límite sin ofrecer apoyo real.

Todo esto contrasta con los avances logrados en los últimos años: acceso gratuito a medicamentos para personas sin recursos, ayudas para necesidades básicas, matrícula universitaria gratuita en muchos casos. Medidas que no son lujos, sino herramientas para garantizar igualdad de oportunidades.

Desde una perspectiva ética, e incluso cristiana —que el propio Feijóo dice profesar—, surge una contradicción difícil de ignorar. El mensaje central del Evangelio vuelve a insistir: “Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mateo 25:40). Es decir, la forma en que tratamos a los más vulnerables define la calidad moral de toda una sociedad.

Sin embargo, cuando las propuestas políticas se orientan a recortar derechos, endurecer condiciones y sospechar de los más débiles, se produce una desconexión evidente entre discurso y práctica. La fe no puede utilizarse como identidad mientras se ignora su núcleo: la misericordia y la justicia social.

No se trata de un debate entre izquierda y derecha. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Una donde quien cae encuentra apoyo, o una donde quien cae es cuestionado. Una donde la enfermedad se protege, o una donde se sospecha de ella. Una donde la dignidad es un derecho, o una donde se convierte en un privilegio.

El proyecto político que encarna Alberto Núñez Feijóo plantea preguntas incómodas, pero necesarias. Porque más allá de los eslóganes y las promesas, lo que está en juego es algo esencial: la dignidad de las personas más vulnerables.