La manifestación del 2 de septiembre en Ceuta: el intento de legitimar el discurso racista.

La convocatoria prevista para el 2 de septiembre en Ceuta, bajo el lema de “Defender Ceuta”, no puede interpretarse como una simple expresión de preocupación ciudadana ni como una protesta más dentro del debate habitual sobre la gestión migratoria. Lo que está en juego es algo más profundo: la consolidación de un clima político en el que la idea de “defensa” se utiliza como coartada para legitimar dinámicas de hostilidad organizada contra personas concretas, convertidas en chivo expiatorio de tensiones estructurales.

En los últimos días, los episodios ocurridos en la zona de la playa de Benítez han cruzado una línea que no debería normalizarse. Se han producido irrupciones en asentamientos improvisados de personas migrantes, la destrucción de estructuras precarias de refugio y la quema de pertenencias básicas de supervivencia. No hablamos de símbolos ni de debates abstractos, sino de la intervención directa sobre la vida material de personas en situación de extrema vulnerabilidad, arrojadas a la intemperie.

Este tipo de hechos no surgen en el vacío. Responden a un proceso previo de degradación del lenguaje político y mediático, en el que la migración ha sido progresivamente presentada como una amenaza total. Cuando se instala la idea de “invasión”, “colapso” u “ocupación”, no se describe la realidad: se construye un marco mental donde el otro deja de ser sujeto y pasa a ser problema absoluto, y la frontera entre retórica y violencia se vuelve difusa. En algunos discursos políticos periféricos también aparecen lecturas que interpretan este tipo de dinámicas en clave geopolítica más amplia, atribuyendo a actores como Estados Unidos, Israel y Marruecos un papel en la configuración del contexto de presión política y desestabilización de las fronteras, lo que contribuye a intensificar aún más el clima de confrontación simbólica.

En este proceso, destacan también gestos del debate institucional, como cuando Alberto Núñez Feijóo afirmó suscribir “al cien por cien” las palabras del Papa en su reciente visita a España, una declaración que contrasta de forma directa con otras posiciones suyas en materia migratoria y evidencia un doble discurso sostenido. Estas dinámicas contribuyen a diluir las fronteras entre derecha tradicional y ultraderecha, normalizando marcos que antes habrían sido inaceptables en democracia.

La extrema derecha ha sido especialmente eficaz en este desplazamiento del sentido común, pero el fenómeno la desborda. Su marco discursivo se ha filtrado en espacios más amplios del debate político, donde se asumen sin resistencia premisas como que la migración es una amenaza estructural o que la seguridad puede imponerse sin límite ético. En este proceso, destacan también gestos del debate institucional, como cuando Alberto Núñez Feijóo afirmó suscribir “al cien por cien” las palabras del Papa en su reciente visita a España, una declaración que contrasta de forma directa con otras posiciones suyas en materia migratoria y evidencia un doble discurso sostenido. Estas dinámicas contribuyen a diluir las fronteras entre derecha tradicional y ultraderecha, normalizando marcos que antes habrían sido inaceptables en democracia.

El resultado es una inversión progresiva: lo impensable se vuelve imaginable y lo imaginable, justificable. La quema de pertenencias y la destrucción de refugios improvisados dejan de percibirse como anomalías y pasan a integrarse como síntomas de un entorno donde el umbral ético se ha desplazado.

En ese contexto, la convocatoria del 2 de septiembre adquiere una gravedad especial. No porque quienes participen compartan necesariamente discursos extremos, sino porque el marco simbólico en el que se inscribe la movilización queda absorbido por una lógica de confrontación identitaria. Cuando la “defensa” se formula frente a otro absolutamente deshumanizado, la frontera entre protesta y persecución se debilita.

El problema es estructural. Convergen aquí dos racionalidades: una lógica neoliberal que reduce la migración a variables de coste y capacidad, y una lógica identitaria que la convierte en amenaza cultural o existencial. Una despoja de condición política; la otra, de condición humana. Ambas conducen a lo mismo: la pérdida del otro como sujeto pleno de derechos.

Sin ese límite, todo puede justificarse en nombre de la “defensa”.

En este punto, el debate deja de ser técnico para volverse ético en sentido radical. No se discute solo la gestión de una frontera, sino qué comunidad política se considera legítima. Una sociedad puede debatir intensamente sobre migración sin abandonar sus principios democráticos. Pero deja de ser reconocible cuando asume la exclusión del vulnerable como mecanismo de cohesión.

La tradición cristiana, tantas veces invocada en el espacio público, introduce aquí un criterio inequívoco. “Fui forastero y me acogisteis” (Mateo 25:35) no es una sugerencia moral, sino una inversión del criterio de juicio comunitario.

En ese contexto, la convocatoria del 2 de septiembre adquiere una gravedad especial. No porque quienes participen compartan necesariamente discursos extremos, sino porque el marco simbólico en el que se inscribe la movilización queda absorbido por una lógica de confrontación identitaria. Cuando la “defensa” se formula frente a otro absolutamente deshumanizado, la frontera entre protesta y persecución se debilita.

Del mismo modo, “En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mateo 25:40) sitúa el trato al vulnerable en el centro del juicio moral. Y el Levítico lo refuerza sin ambigüedad: “Amarás al extranjero como a ti mismo” (Levítico 19:34).

Desde esta perspectiva, lo ocurrido en Ceuta no es solo un asunto de política pública, sino una prueba de coherencia moral de la comunidad que dice representarse en esos valores.

Por eso lo que está ocurriendo en torno al 2 de septiembre no es una disputa coyuntural. Lo que se dirime es si la palabra “defensa” sigue significando protección de derechos o si ha pasado a significar otra cosa: la legitimación del daño al otro como forma de identidad política.

El resultado es una inversión progresiva: lo impensable se vuelve imaginable y lo imaginable, justificable. La quema de pertenencias y la destrucción de refugios improvisados dejan de percibirse como anomalías y pasan a integrarse como síntomas de un entorno donde el umbral ético se ha desplazado.

Esta deriva no necesita proclamarse para operar: basta con que el lenguaje del miedo se normalice, la deshumanización se haga rutina y la violencia material —como la quema de pertenencias o la destrucción de refugios— deje de generar rechazo unánime.

En ese punto, la democracia no se quiebra: se vacía desde dentro.

Y el 2 de septiembre deja de ser una fecha. Se convierte en una pregunta abierta sobre si una sociedad puede seguir considerándose democrática cuando el odio organizado entra en el lenguaje legítimo de la “defensa”.