La Iglesia defiende públicamente la democracia, la dignidad humana y la igualdad entre todas las personas. Denuncia los autoritarismos que oprimen a los pueblos y se posiciona contra la injusticia social. Sin embargo, en su funcionamiento interno mantiene una estructura de monarquía absoluta. En nombre de Dios, la jerarquía concentra los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y los ejerce sin contrapesos reales.
Ahí está el núcleo del problema: mientras los laicos sigan siendo meros espectadores o consejeros sin capacidad real de decisión, nada cambiará. En los tribunales eclesiásticos, los laicos deberían tener la posibilidad de actuar como jueces junto con los clérigos, con la misma autoridad y responsabilidad.