Arden los pobres
El duro editorial de la edición de El Semanario de Guadalajara No. 1147 en relación a la explosión del ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo.

La tragedia de Tlahuelilpan, con sus muertos y las personas hospitalizadas, no es la primera, ni será la última, mientras se mantenga la práctica criminal de perforar ductos para robar combustibles, y persistan las redes de corrupción gubernamental, sindical y criminal que lo fomenta y lo tolera. La corrupción es cíclica y dolorosamente volveremos a ver ese infierno con esas imágenes en las que siempre las víctimas son los más necesitados y vulnerables.

Así pasó en Guadalajara, en 1992, la perforación y fuga clandestina de un ducto que llegaba a la planta de almacenamiento de Pemex en la Nogalera, provocaron que miles de litros fueran derramados a la red de drenaje y alcantarillado de la ciudad; 212 muertos y más de 68 desaparecidos fue la cifra oficial.

Hubo prisa para tapar la responsabilidad de Petróleos Mexicanos que desde entonces reportaba tomas clandestinas en ductos y para ocultar la omisión de las autoridades, Carlos Salinas de Gortari dio la orden de meter las máquinas y trascabos en los escombros cuando aún había cuerpos de vecinos sin aparecer.

El estallido trae el mensaje de la muerte injusta y dolorosa de los más pobres. La negligencia en el manejo, asociada al robo de combustibles, se convierte en una bomba de tiempo que, con la corrupción, construyó un millonario imperio, con una red de distribución en el mercado negro que, litro a litro, sigue vaciando y saqueando un bien que es de todos.

Una sola chispa pudo encender la mecha de la negligencia de la autoridad que no actuó a tiempo ni se adelantó al peligro con protocolos de contención o protección civil, y eso hizo que todo volara en un géiser de fuego.

Trozos de humanidad de mujeres, niños, y hombres alcanzados no sólo por las llamas que los consumen, sino por la tragedia como la pobreza, la necesidad o la ambición de ganarse unos pesos.

La omisión e incapacidad de las autoridades de todos los niveles, que no pudieron o no quisieron actuar para prevenir y evitar ese infierno en la tierra, es otra tragedia que impacta a la población.

Nadie impidió que todos esos pobladores, otra vez los más pobres, fueran y vinieran entre el géiser de gasolina llenado sus recipientes con los que ganarían dinero del combustible robado. Llegó la policía de Hidalgo, luego apareció la Gendarmería y la Policía Federal, y más tarde el Ejército. Hubo llamados a que la gente se retirara advirtiéndoles que podría explotar. Pero ningún protocolo de protección civil y mucho menos un operativo de fuerza para impedir que la gente siguiera exponiéndose y robando la gasolina porque se quería evitar una confrontación.

La politización en las redes sociales, reparte culpas y busca culpables. Las familias lloran y claman por ayuda y, si eso fuera posible, justicia. Pasarán los días y el dolor. La tragedia dejará de ser noticia. Hasta que venga otra vez la gasolina, y nos enseñe de nuevo el infierno donde volverán a arder los pobres.

Sociólogos e investigadores del llamado huachicoleo han señalado el componente social que tiene el ilícito. En algunos Estados hay comunidades cuya economía se sostiene de la venta de gasolina robada. El fenómeno del estallido tiene muchas tragedias, muchas caras, tantas como sectores involucrados.