El Parlamento portugués aprueba la eutanasia, que queda a expensas del Presidente del país "Tristeza e indignación" de los obispos portugueses: "Un retroceso cultural sin precedentes"

Parlamento portugués
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Los obispos recuerdan que la ley ahora aprobada aún puede "estar sujeta al control de constitucionalidad", pero no hacen ningún llamamiento directo al Presidente para que vete la ley

"Es una contradicción legalizar la muerte en este contexto, rechazando las lecciones que esta pandemia nos ha dado sobre el precioso valor de la vida humana"

"No podemos aceptar que la muerte causada sea una respuesta a la enfermedad y al sufrimiento. Aceptarlo es renunciar a luchar y aliviar el sufrimiento y transmitir la idea equivocada de que la vida marcada por la enfermedad y el sufrimiento ya no merece protección y se convierte en una carga"

El texto, que fue aprobado con 136 votos a favor, 78 en contra y 4 abstenciones, será presentado al presidente conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que podrá promulgarlo, someterlo al análisis de la Corte constitucional o vetarlo.

Esta ley, que fusiona diferentes propuestas, prevé que los portugueses mayores que vivan en el territorio del país y se encuentran en "una situación de sufrimiento extremo, que presenten lesiones irreversibles" o afectados por "una enfermedad incurable" puedan recurrir al suicidio asistido.

La solicitud del enfermo al final de su vida debe ser validada por varios médicos, así como por un psiquiatra cuando haya dudas sobre la capacidad de la persona a hacer una elección "libre y consciente".

Llegado el momento, el médico del paciente tendrá que asegurarse una última vez de su voluntad de poner fin a sus días en presencia de testigos.

La muerte asistida podrá ser practicada en centros del servicio nacional de salud o en otro lugar "elegido por el paciente" siempre y cuando disponga de "condiciones clínicas y confort adecuados", precisa la ley.

Marcelo Rebelo

En caso de veto presidencial, los diputados pueden superarlo mediante una segunda votación.

Reelegido el domingo para un segundo mandato, el jefe del Estado es un católico practicante que ha evitado hasta ahora tomar posición abierta sobre dicha ley.

La reacción de la Iglesia católica

Como cuenta 7margens, la web de información religiosa, entre las primeras reacciones, el consejo permanente de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) expresó su "tristeza e indignación", añadiendo "al legalizar una forma de muerte provocada en el momento de mayor agravamiento de una pandemia mortal, en la que todos queremos comprometernos para salvar el mayor número de vidas posible, aceptando para ello restricciones de libertad y sacrificios económicos sin parangón".

Los obispos recuerdan que la ley ahora aprobada aún puede "estar sujeta al control de constitucionalidad", pero no hacen ningún llamamiento directo al Presidente para que vete la ley.

No a la eutanasia

Frente al argumento de los defensores de la muerte médicamente asistida, según el cual puede haber personas que, en situaciones que rozan el sufrimiento, pidan morir y que eso no debe penalizar a quienes les ayudan, los obispos afirman que no pueden "aceptar que la muerte provocada sea una respuesta a la enfermedad y al sufrimiento", porque eso "es renunciar a luchar y aliviar el sufrimiento".

Esta ley representa un "retroceso cultural sin precedentes" y la vida debe ser más bien protegida, "sobre todo cuando es más frágil, por todos los medios y, en particular, por el acceso a los cuidados paliativos, de los que la mayoría de la población portuguesa sigue estando privada", concluye el consejo permanente del CEP.

Marcelo Rebelo

Comunicado del Consejo Permanente del CEP sobre la aprobación de la eutanasia

Los obispos portugueses expresan su tristeza e indignación por la aprobación parlamentaria de la ley que autoriza la eutanasia y el suicidio asistido.

A esta tristeza e indignación se suma el hecho de que una forma de muerte causada en un momento en el que aumenta una pandemia mortal, en la que todos queremos comprometernos a salvar el mayor número de vidas posible, aceptando restricciones de libertad y sacrificios económicos sin parangón. Es una contradicción legalizar la muerte en este contexto, rechazando las lecciones que esta pandemia nos ha dado sobre el precioso valor de la vida humana, que la comunidad en general y los profesionales de la salud en particular están tratando de salvar de forma sobrehumana.

Subrayamos que la ley aprobada puede ser aún objeto de revisión constitucional, ya que atenta contra el principio de inviolabilidad de la vida humana consagrado en nuestra ley fundamental.

No podemos aceptar que la muerte causada sea una respuesta a la enfermedad y al sufrimiento. Aceptarlo es renunciar a luchar y aliviar el sufrimiento y transmitir la idea equivocada de que la vida marcada por la enfermedad y el sufrimiento ya no merece protección y se convierte en una carga para uno mismo, para los que le rodean, para los servicios sanitarios y para la sociedad en su conjunto. Nunca podemos renunciar a luchar y aliviar el sufrimiento, físico, psicológico o existencial, y aceptar que la muerte causada es la respuesta a tales situaciones. La respuesta a la enfermedad y al sufrimiento debe ser más bien la protección de la vida, sobre todo cuando es más frágil por todos los medios y, en particular, por el acceso a los cuidados paliativos, de los que la mayoría de la población portuguesa sigue estando privada.

Además de la política legislativa que atenta contra la dignidad de toda vida humana, nos encontramos ante un retroceso cultural sin precedentes, caracterizado por la absolutización de la autonomía y la autodeterminación de la persona. Debemos reaccionar energéticamente a ello. Por eso, ahora más que nunca, reforzamos nuestro propósito de acompañar a todos los enfermos con cuidado y amor, en todas las etapas de su vida terrenal y especialmente en su etapa final.

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